La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (DEF) de la Policía Nacional "ha adiestrado" a agentes en cada una de las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de perseguir el fraude en los cursos de formación, ante la voluminosa investigación de la causa. Estas pequeñas unidades en cada una de las ocho comisarías provinciales de Andalucía han sido adiestradas por agentes de la UDEF adscrita al Ministerio de Empleo para que les echen una mano en la que está siendo una de las mayores investigaciones policiales de la historia de Andalucía: los cursos de formación. Según han confirmado distintas fuentes policiales a este periódico, el enorme volumen de investigaciones policiales que está alcanzando la conocida como operación Edu, iniciada por la Policía Nacional en el año 2013 en Málaga, ha obligado al Ministerio del Interior a reforzar las comisarías de las ocho provincias andaluzas. La causa no está siendo investigada por un único juzgado, sino que ha sido troceada en cada una de las ocho provincias de Andalucía. Así, en cada comisaría provincial se ha creado una pequeña UDEF que una vez instruido todo el caso Edu seguirán funcionando de manera autónoma y hasta podrán instruir sus propios casos, según han confirmado las fuentes. MÁS DE CIEN POLICÍAS Estas unidades provinciales de la Policía Nacional están haciendo que se produzcan grandes avances en la investigación del caso Edu, en la que trabaja más de un centenar de policías. Así, los agentes están ultimando la investigación. Ya han concluido el interrogatorio de unos 3.000 alumnos en toda Andalucía y el de centenares de profesores de los cursos de formación. También se trabaja en recabar el testimonio de los propietarios de las empresas de formación y de los responsables de conceder las ayudas públicas. El trabajo de la Policía Nacional está siendo muy metódico y sigue el mismo esquema que el que comenzó a desarrollar en Málaga. Así, primero han sido los interrogatorios a los alumnos, para continuar posteriormente con los profesores y acabar finalmente con los responsables de las empresas que impartían los cursos de formación, los funcionarios y los responsables de la Delegación Provincial de Empleo. En principio, se ha detectado fraude en el 90% de los cursos impartidos. Por otra parte, y según avanzó ayer Vozpópuli,  la Policía ha reclamado en los últimos días a la Intervención General de la Junta de Andalucía los estudios que realizó, uno por provincia, sobre el supuesto fraude en los cursos para la formación tras tener conocimiento de que las conclusiones de los mismos ratificaban sus investigaciones que apuntan a un fraude masivo. Los agentes los han incorporado a cada uno de los juzgados andaluces en los que se está instruyendo la causa.
ALAYA INVESTIGA POR OTRO LADO Mientras, y de forma paralela, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja en un atestado distinto, también sobre los cursos de formación, en una investigación judicial que está dirigida por la jueza Mercedes Alaya. Esta investigación, según aseguran fuentes judiciales, es diferente a la de la Policía Nacional. Así, la Guardia Civil "investiga la causa de arriba hacia abajo", mientras que la de la Policía es "de abajo hacia arriba", según precisan las fuentes.
La pasada semana, la jueza Alaya declaró el secreto parcial de la causa de formación que instruye después de recibir un atestado de la Guardia Civil, que apuntaría también a la existencia de un fraude masivo en la concesión de estos fondos públicos.