El pasado martes, en plena toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, presidido por Susana Díaz Pacheco, se produjo una nueva coincidencia entre la instrucción del llamado “Caso de los EREs”, a cargo del Juzgado número 6 de Sevilla, y el calendario político e institucional de Andalucía.

Con una precisión horaria digna de las mejores películas de intriga, el Partido Popular lanzó un comunicado de prensa en el que se hacía eco del último auto de la persona titular de dicho juzgado, la mediática jueza Mercedes Alaya, un auto confuso que suponía una suerte de “preaviso” de imputación y que, sin efectos jurídicos vinculantes, ya que no imputaba a nadie, señalaba –en palabras de Juan Ignacio Zoido- a Manuel Chaves y José Antonio Griñán como destinatarios directos de sus ausentes consecuencias jurídicas pero evidentes efectos periodísticos.

La mediática jueza Alaya dictó un auto confuso como una suerte de “preaviso” de imputación sin efectos jurídicos vinculantes pues no imputaba a nadie



El contenido del auto, trasladado a los medios de comunicación, ha causado sorpresa y malestar incluso entre los juristas. De hecho, la propia Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrirlo por entender “que no está fundamentado y puede generar indefensión” En 13 páginas no aporta la más mínima novedad ni a la investigación ni a la instrucción. Sólo incorpora algunos términos y algunos nombres que, unidos en un documento judicial, adquieren una enorme relevancia política. Desde el TSJA se ha requerido en numerosas ocasiones a la jueza Mercedes Alaya para que tome declaración a las personas ya imputadas antes de seguir extendiendo sin fundamento la sombra de la sospecha. Pero la jueza parece dominar mucho mejor los tiempos políticos y mediáticos que los estrictamente jurídicos y procesales.

El largo listado de coincidencias entre los hitos de la instrucción y el calendario político ya no pasa desapercibido a nadie que tenga un mínimo de objetividad y buena fe. De la misma manera que a estas alturas nadie va a negar el uso fraudulento de fondos públicos destinados a garantizar una política de rentas a miles de trabajadores de mediana edad procedentes de industrias en crisis, resulta imposible negar la evidencia de los hechos. Puede ocurrir una vez, puede ocurrir dos veces, pero lo sucedido en estos últimos meses, cuando además ha estallado el llamado “caso Bárcenas” de presunta financiación ilegal del PP, es ya de un descaro intolerable.

Una de las claves del sistema político español es la independencia de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en honor a la verdad hay que reconocer que no se ha logrado la misma independencia entre ellos que en otros países de mayor tradición democrática y en los que se respeta más a las instituciones. La presencia de un magistrado militante del PP al frente del Tribunal Constitucional así lo demuestra. Pero no podemos pasar por alto que en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla reside también ese poder judicial que debe velar por el correcto funcionamiento de todas las instituciones del Estado. Y que con tanta coincidencia, es la propia titular del mismo la que está cebando sin descanso la sombra de una duda sobre la imparcialidad y la independencia de su actuación.

Con este último episodio, hasta la fecha, de feliz coincidencia de los intereses del PP de Andalucía con las actuaciones de la jueza Mercedes Alaya, algunas de ellas puntualmente filtradas, cada vez más personas piensan que ambos están contribuyendo de manera irracional e irresponsable al deterioro de la imagen de las instituciones públicas. En vez de perseguir a los culpables, se diría que están persiguiendo, parece que al alimón, a los rivales políticos del Partido Popular andaluz, que en ausencia de liderazgo, de candidatura, de proyecto político y de influencia nacional, se agarra al vergonzoso asunto de los EREs para evitar ahogarse. Mal vamos si, además, la sociedad andaluza percibe que lo hace con la presunta complicidad de quien debe velar por la correcta aplicación de las normas, de la mano de una representante del Estado social y de derecho que consagra la Constitución española.

La sociedad puede parecer a veces ingenua, pero en política se ha demostrado que es una apariencia engañosa. En aquella gran película de Hitchcock, el querido tío Charlie -irrepetible Joseph Cotten- logró engañar a su sobrina durante cierto tiempo. Pero al final se le cayó la máscara. La sombra de una duda acabó siendo demasiado pesada incluso para él. De tan oscura e irreversible, no pudo salir de ella.

 

* Enrique Benítez es diputado socialista por Málaga en el Parlamento andaluz