Ni la presión social, ni la solidaridad vecinal y de las fuerzas sociales y políticas ha servido para evitar el desalojo de "Corrala Utopía". Ni tan siquiera ha servido ante el juzgado la suspensión temporal que la Junta de Andalucía solicitó tal y como informó ELPLURAL.COM. Hoy, "el peso de la justicia" ha caído sobre unas familias sin techo y sin recursos económicos que demandaban alquileres sociales porque otra cosa no pueden pagar. Ahora su propietaria, Ibercaja, se encontrarán con un edificio que engrosa su flota de viviendas sin uso, como tantas otras entidades financieras, y además probablemente sin venta en mucho tiempo. ¡Es la propiedad privada, imbécil!

Llegó el momento fatídico
El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que "den cumplimiento" al auto previo a través del cual dicha instancia judicial resolvía el desalojo forzoso de las viviendas de renta libre correspondientes a los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja' y ocupadas desde mayo de 2012 por un colectivo de familias que carece de relación contractual alguna con el inmueble.

Orden de "desalojo forzoso"
A través de un nuevo auto fechado este pasado martes y recogido por Europa Press, la juez señala que en su citado auto previo, había ordenado el "desalojo forzoso" de las viviendas avisando ya entonces de que si en un plazo de 15 días no mediaba el "abandono" efectivo de las mismas, se cursaría oficio a las fuerzas de seguridad del Estado para dar cumplimiento a la orden.

Apelación
Dicho auto fue objeto de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial por parte de las familias, que además solicitaban la suspensión de su ejecución hasta la resolución del propio recurso. La Junta de Andalucía, de su lado, solicitaba suspender el desalojo hasta que las administraciones públicas "garanticen alternativas a las familias e incluso anunciaba, merced a su propio escrito, una ampliación del plazo previo al desalojo forzoso, todo ello al objeto de negociar un posible realojo de estas personas.

"Aplazamiento interesado" de la Junta
Pero de cualquier forma, en este último auto, el Juzgado de Instrucción número tres da cuenta de la oposición de la propiedad de las viviendas al "aplazamiento interesado" por la Junta de Andalucía, ordenando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "den cumplimiento" al desalojo si las familias no hubiesen abandonado las viviendas de forma voluntaria. Igualmente, traslada la decisión a las áreas de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y la Junta "a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social".

Viviendas ocupadas desde 2012
Se trata de un colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'. Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.

Piden alquileres sociales
Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

La "Corrala Utopía"
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Finalmente el desalojo
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.