No hicieron voto de pobreza y parece que tampoco lo son. Los sacerdotes imputados en el mayor escándalo de pederastia del clero descubierto poseen un patrimonio “desproporcionado” o “no congruente con su actividad laboral”, según las conclusiones de la investigación realizada por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía incluida en el sumario del caso. El Grupo de Delitos Económicos tenía encomendada una investigación patrimonial “íntegra y exhaustiva” de los bienes, cuentas, donaciones, y herencias tanto de los doce miembros del grupo ‘los romanones’ (diez sacerdotes diocesanos y dos laicos) imputados como supuestos autores o encubridores de abusos sexuales, como de la farmacéutica de Órgiva María Rosario Muñoz Morillas, fallecida en 2008, que nombró albaceas de su herencia a dos de los curas del grupo. Los agentes adscritos al grupo realizaron una consulta preliminar relativa al patrimonio inmobiliario de los imputados y a otros bienes, como vehículos. El informe, del pasado 9 de enero, contenido en el sumario, al que ha tenido acceso este periódico, desvela que el patrimonio de los encausados puede ser “excesivo” o “no justificado en relación a los ingresos medios habituales de las profesiones que ejercen los investigados”. EN BUSCA DEL ORIGEN DEL DINERO El Grupo de Delitos Económicos realizó consultas al Notariado y al Registro de la Propiedad pero no pudo esclarecer “la forma de pago” de los bienes que posee el grupo ni el origen del dinero con el que se abonaron las propiedades. Muchas de las propiedades de los miembros del grupo proceden de herencia familiar, según se deduce del informe policial incluido en el sumario. De hecho, el líder del grupo, Román Martínez Velázquez de Castro, expárroco de la Iglesia San Juan María de Vianney, pertenece a una familia adinerada de la zona Norte de la provincia de Granada y adquirió buena parte de sus propiedades por herencia familiar. Pese a ello, y a que la “totalidad” de las propiedades de los miembros del grupo fueron adquiridos antes de la muerte de la rica farmacéutica de Órgiva, el Grupo de Delitos Económicos considera “necesario e indispensable” seguir indagando en el origen de las posesiones de los imputados, tanto de “las cantidades con las que se pagaron” las fincas como de otros bienes que pudieran poseer: cuentas bancarias, depósitos, inversiones financieras, concesiones administrativas, créditos y avales, cajas de seguridad…” INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Por ello, los investigadores solicitaron al juez instructor del caso, Antonio Moreno, que librara un mandamiento judicial dirigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para pedir un informe patrimonial y otro fiscal de los imputados. La investigación de la Agencia Tributaria sigue su curso, según fuentes cercanas al caso. El informe de la AEAT no aparece aún en el sumario, en el que sí hay referencias a hipotéticas vinculaciones del patrimonio de ‘los romanones’ con la fortuna de la farmacéutica de Órgiva. De hecho, en las escuchas telefónicas practicadas por la Policía Judicial a instancias del juez, figura la trascripción de una enigmática conversación entre Román con un tercero relativa a la herencia de la boticaria. El 22 de noviembre, poco antes de las 10 de la noche, el sacerdote recibe una llamada. Su interlocutor le dice: -“Para ver si es posible que me dejes, pues hemos visto que ha salido una foto del testamento de la señora de Órgiva… ha salido una entrevista por la cadena SER bastante bastante delicada, ¿vale?, entonces para ver si es posible que mañana me facilites, fotocopia de toda la documentación de la que hemos hablado, desde su testamento, copias simples, escrituras…” -Román: Todo eso, lo que pasa es que es difícil, tendría que ir a los notarios y todo… -Interlocutor: Pensábamos que las tenías tu a mano, aunque no sean las originales. -Román: Fotocopia sí, con la fotocopia te la puedo hacer mañana. UNA ENTREVISTA MUY MUY DELICADA -Interlocutor: Sí, de todo, absolutamente todo, tanto de las viviendas como si tenéis testamento de la mujer, ¿vale?, y ya te digo, una conversación, una entrevista por la cadena SER muy muy delicada, le han puesto de nombre un tal Ernesto, que evidentemente no es su nombre, le han distorsionado la voz o lo han dicho al principio, y que te conoce perfectísimamente, según él, vamos. No sé, tampoco queremos calentarnos la cabeza, pero bueno la tenemos nosotros y ya tranquilamente en cualquier momento la escucharemos o lo que sea, ¿sabes?, para que nos aclares este va por aquí o por allí. Tú sabrás quién es perfectamente... y en fin, os conoce a todos, ¿sabes? -Román: (bajito) Sí, sí. -Interlocutor: Era por eso, ¿vale?, cuando te venga a ti bien, a la hora que te venga bien y donde te venga bien. Eso no es problema. -Román: Yo lo preparo y mañana te lo doy. Al día siguiente, ya el 23 de noviembre, un día antes de su detención, Román llama a la misma persona y quedan para llevarle todos los documentos relativos a la herencia de la farmacéutica de Órgiva. Llama la atención que esos documentos estuvieran en su poder. El nombre de Román no aparece para nada en el testamento de la boticaria. Doña María, la farmacéutica, nombró herederos a los “pobres”, así, genéricamente. Y como albaceas para distribuir su fortuna entre los herederos ‘innominados’, designó a Francisco José Campos Martínez, juez eclesiástico suspendido en sus funciones, que no cesado, y uno de los imputados entre los supuestos autores de los abusos sexuales, y a Juan Carlos Moreno Muñoz, actualmente, párroco de San Gabriel de Loja. Moreno, uno de los siete curas que sigue ejerciendo sus funciones sacerdotales, fue quien acreditó documentalmente el fallecimiento de doña María en la notaría en la que otorgó el testamento. En el documento no consta la condición de sacerdotes de los albaceas, de los que solo se dice que son mayores de edad y vecinos de Pinos Genil, la localidad en la que los miembros del grupo poseen un chalé que, supuestamente, fue el escenario de la mayoría de los abusos. La vivienda fue registrada por la Policía el mismo día de la detención de Román junto a otros dos curas y el profesor de Religión, cuando los imputados estaban sobre aviso, según se desprende de las escuchas telefónicas incluidas en el sumario.