El concejal popular de Cádiz y consejero de la Zona Franca de Cádiz Ignacio Romaní ha vuelto a ser imputado por el juzgado de instrucción número 3 de Cádiz de un delito de malversación del caudales públicos a través de la empresa Quality Food.

La juez vuelve a imputar al concejal
La titular del juzgado, Rosa María García Jover, vuelve a considerar imputado al concejal en un auto en el que también confirma la imputación del exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna y del exjefe de gabinete de éste y actual director de la Zona Franca, Manuel Fedriani, entre otros.

Desviaron parte del presupuesto hacia el patrimonio particular
Según explica la jueza en su auto, Osuna, con "el asesoramiento" de Fedriani y Romaní "y otras personas que no han podido determinarse" y de acuerdo con el empresario Manuel García Gallardo, también imputado, "procedieron a desarrollar una conducta compleja" "orientada a desviar parte del presupuesto de la Zona Franca de Cádiz hacia el patrimonio particular".

Un proceso que contó con el beneplácito del Ayuntamiento de Cádiz
"Mediante distintos actos -añade la jueza- lograron crear una trama con la que en beneficio de sus arcas han defraudado millones de euros", en un proceso que contó con "el beneplácito del Ayuntamiento de Cádiz". El proceso consistía, según relata la jueza, en que supuestamente derivaban caudales de la Zona Franca para financiar las actividades empresariales de García Gallardo para después llevarlos a "sus patrimonios individuales".

Con el consentimiento y conocimiento del consistorio
La jueza explica que tanto Osuna como García Gallardo en sus declaraciones han hecho "referencia a la participación del Ayuntamiento de Cádiz en la toma de decisiones" en la Zona Franca y constatado que éstas se adoptaban "con el conocimiento y consentimiento" del consistorio.

Casi siete años de investigación
La jueza ha emitido este auto después de que hace unas semanas la Audiencia Provincial de Cádiz le pidiera que especificara los motivos por los que, el pasado mes de septiembre, citó como imputado al concejal popular en un caso que lleva casi siete años de investigación.En su auto, la jueza repasa como Zona Franca de Cádiz, tras conceder una lista de créditos, préstamos y avales millonarios a la empresa Quality Food creada por García Gallardo, decidió en un comité ejecutivo en el 2003 comprar el 52 por ciento de la firma de elaboración y distribución de comida precocinada.

Votó a favor de una operación en la zona Franca
Según el juzgado, a propuesta de Osuna, Romaní fue uno de los asistentes a ese comité que votó a favor de una operación que hizo que la Zona Franca adquiriera Quality Food abonando más de 5,4 millones de euros, frente a los 1,4 que hubiera tenido que afrontar con una "valoración independiente" del valor de las acciones de una firma que entonces tenías ya unas pérdidas de cerca de seis millones de euros.

Decisiones que se tomaron según Romaní
La jueza relata que el comité rechazó en esa reunión la propuesta de la Abogacía del Estado de ofrecer a Quality Food un préstamo participativo, en lugar de adquirir ese 52 por ciento, un detalle relevante ya que Ignacio Romaní siempre ha explicado que las decisiones que se tomaron fueron "colegiadas" y siguiendo el asesoramiento de los abogados del Estado.