La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha considerado hoy "urgente" trabajar por un pacto nacional para "defender el derecho a la educación" y ha afirmado que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha entrado en "vía muerta" al ser una ley "sin consenso".

Reunión del PSOE en Madrid sobre educación
De la Calle ha participó en Madrid en la reunión de los responsables socialistas autonómicos y parlamentarios de Educación y de la dirección federal para coordinarse con vistas a la aplicación de la reforma educativa, en la que han pedido la paralización "inmediata" del calendario de la LOMCE sobre la implantación de las enseñanzas de ESO y Bachillerato, que comienza el curso próximo.

Pide una moratoria de la ley
La consejera andaluza ha pedido una moratoria de la norma, de la que ha dicho que "ha generado un descontento generalizado" y que es rechazada por comunidades autónomas que engloban más del 70 por ciento de la población educativa, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

Un gran pacto nacional
De la Calle considera "urgente" trabajar por un gran pacto nacional o entre comunidades que permita "poner en valor y defender el derecho a la educación, aunque el desarrollo en cada región se adapte a sus particularidades" y ha resaltado que lo que necesita la política educativa es "generar lazos desde la participación que se conviertan en un compromiso universal".

Conferencia Sectorial Extraordinaria
La titular de Educación ha pedido al nuevo ministro, Íñigo Méndez de Vigo, una moratoria de la LOMCE, una ley que a su juicio "solo está consiguiendo que se amplíen las diferencias entre regiones y se genere una desigualdad injusta entre el alumnado". De la Calle también ha solicitado al ministro la convocatoria de una Conferencia Sectorial Extraordinaria y de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

"Paliar los efectos de la ley sin incurrir en insumisión"
La consejera ha destacado también que Andalucía desde el primer momento ha dejado clara su posición frente a la LOMCE interponiendo recursos ante el Tribunal Constitucional y el Supremo y ha trabajado "para paliar los efectos de la ley sin incurrir en insumisión" con la aplicación de años de transición tanto en Primaria como en Secundaria.