El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la ley de Transparencia andaluza es el “intento más serio que se ha producido en España de acercar la administración a los ciudadanos” y de poner en marcha “una nueva relación en la cultura política de este país”. Ante el pleno del Parlamento, el consejero ha asegurado que,”de nuevo, Andalucía se coloca a la vanguardia en el intento serio, formal, profundo” de luchar, “no con palabras, sino con hechos” contra la desafección política.

"Avanzada y pionera"
En este sentido, ha afirmado que la ley andaluza de Transparencia es “avanzada, y pionera” y “hace una raya al permitir darle la vuelta a lo que hasta ahora ha sido lo habitual, que la Administración sea la depositaria de la información, para convertir la información pública en un derecho de los ciudadanos”. Por este motivo, Jiménez Barrios ha subrayado la trascendencia de este “cambio de cultura” al que tendrá que adaptarse la Administración, que “tendrá un año de plazo para adecuar todas las estructuras administrativas a este nuevo funcionamiento”, y también los propios ciudadanos, “que tendrán que acostumbrarse a que pueden manejar herramientas y acercarse a la información pública”.

Legislación nacional
Respecto a la legislación nacional, el consejero ha valorado la aprobación del proyecto de ley orgánica de Control de la Actividad Económica-Financiera de los Partidos Políticos que mejora la ley de Transparencia nacional, aunque “le parece insuficiente”. En este sentido, se ha preguntado por qué se ha aprobado “tres o cuatro semanas más tarde que la ley de Transparencia y no se ha incluido en ella y, por tanto, nos hubiésemos ahorrado también el segundo trámite”.

"Ampliarlo un poquito más"
En cualquier caso, el compromiso del Gobierno andaluz es que, “como la legislación nacional nos parece insuficiente, queremos dar una vuelta de tuerca más”. En este punto, ha señalado que a la Junta le “parece necesario ampliarlo un poquito más” y “hablar de la necesidad de hacer permeable la información de los partidos políticos y de que los ciudadanos tengan la posibilidad de solicitar la información sobre a dónde van los recursos públicos que han ido destinados a los partidos políticos, como a otras organizaciones sociales y sindicales”. En este sentido, ha recordado que la norma andaluza contempla que los partidos políticos “que aspiren a financiar sus gastos de funcionamiento con fondos de la Comunidad Autónoma habrán de cumplir con normas de transparencia que sean efectivamente trasladables y comprobables por los propios ciudadanos”.