La gran familia de la memoria se agolpaba a las puertas del Parlamento andaluz, sin importar la fuerte lluvia que caía en la tarde de ayer en la capital andaluza. En el interior de la sala de plenos, familiares de víctimas y asociaciones memorialistas sostenían el retrato de alguno de los suyos, su padre, su abuelo o su bisabuelo en un día histórico para el “el refuerzo de los lazos de concordia entre todos los andaluces y las andaluzas”, tal y como destacaba Rosa Aguilar, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía en la presentación del proyecto de ley. El exvicepresidente del Gobierno andaluz y ex coordinador autonómico de IU, Diego Valderas, era uno de los invitados más especiales en esta cita, pues no en vanos fue una figura clave en el impulso de la ley de esta Ley de Memoria  Democrática que Izquierda Unida elaboró durante la anterior legislatura junto al Partido Socialista. ROSA AGUILAR: UNA DEUDA HISTÓRICA Aguilar fue la primera en hablar en el turno de intervenciones. “Tenemos que responder a la deuda histórica con las víctimas y sus familiares”. El trámite parlamentario de la ley había arrancado el pasado mes de octubre desde el departamento de Cultura que dirige Aguilar con el compromiso de no introducir cambios significativos en el proyecto aprobado por IU. “Hoy Andalucía vive un prolongado período de estabilidad que nos permite preguntarnos qué queremos tener como sociedad, como ciudadanía con nuestra memoria democrática. La sociedad andaluza es perfectamente capaz de asumir la verdad y la reparación de las víctimas de nuestro pasado”, dijo desde la tribunal la consejera, que recordó a las 3.600 víctimas que se han recuperado en las fosas andaluzas gracias a las 72 intervenciones realizadas por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta. Tras la lectura de los puntos más destacados de la ley, la consejera concluía su intervención con una frase del filósofo y experto en memoria Reyes Mate. “El político debe entender que no solo tiene que haber justicia para los vivos sino también para los muertos y estamos obligados a no retrasar más nuestro deber con esos miles de víctimas y sus familiares, víctimas también”. IU: CORREGIR EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO La diputada de Izquierda Unida Inmaculada Nieto defendió la posición de su partido propugnando “una tramitación de este proyecto de ley sin sorpresas, sin enmiendas parciales que frustren las expectativas de las asociaciones memorialistas que sienten el texto como suyo porque responde a sus demandas y a su trabajo en el mismo”. La parlamentaria calificó la ley, elaborada por el equipo de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta en la legislatura anterior, como “necesaria para restablecer y dar veracidad al hilo conductor de nuestra historia” y para “corregir el déficit democrático en que estamos inmersos como país y como sociedad”. CIUDADANOS: ELOGIO DE LA TRANSICIÓN Sergio Romero destacaba como diputado de Ciudadanos que “si en este momento político e histórico en el que hoy nos encontramos hay algo que estamos dejando patente desde Ciudadanos es nuestro espíritu de consenso”. El partido naranja reiteró que quieren "sumar propuestas por encima de crear protestas”. Romero se refirió a la etapa de Transición como un período “digno de ser recordado en un tiempo donde los españoles aparcaron sus cicatrices y con gran valentía y diálogo se miraron a los ojos para poner por delante el futuro de un gran país”. Apelando a su lado más personal, Romero recordó que sus abuelos, "que vivieron la guerra, la posguerra y la dictadura, la Transición y esta nuestra democracia me dirían que condenara con todas mis energías el franquismo para que permita que cualquier ciudadano tenga el derecho y la oportunidad de enterrar dignamente a un familiar víctima de la dictadura”. Por último resaltó que su partido apuesta por “la reparación para que las víctimas puedan descansar en paz y para que desde las administraciones se facilite esta labor, ya que un país se mide por la dignidad que se da a sus muertos”. PODEMOS: SON VÍCTIMAS, NO RESTOS ARQUEOLÓGICOS El partido morado criticaba duramente, en cambio, algunas medidas de la ley de memoria. Lucía Ayala señaló la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico andaluz como una ofensa para una Ley de Memoria que trata de víctimas asesinadas en la guerra civil y la posguerra. “No se puede enmarcar la memoria histórica dentro de las competencias de cultura ni del marco legislativo de patrimonio”. Haciendo referencia a las recomendaciones tomadas por parte de Naciones Unidas en el anteproyecto de ley, Ayala destacó que “si realmente se hubieran hecho eco de estas recomendaciones", pondrían la memoria en las competencias de justicia. “No podemos tratar a las víctimas como restos arqueológicos”. PP: UNA LEY INNECESARIA Juan Ramón Ferreira, diputado popular, veía las cosas de otra manera bien distinta: no considera que haya necesidad de esta ley. El PP fue la única formación contraria a la tramitación parlamentaria del texto, aunque no presentó ninguna enmienda a la totalidad. Ferreira expresó el total rechazo de su partido a un nuevo intento de “reescribir la historia y de remover nuestro pasado más reciente”. Entre los artículos con los que mostró su disconformidad resaltó el de promover en las aulas contenidos relacionados con la memoria democrática. Además de “no compartir la ampliación del rango de víctima hasta el año 1982, como si el franquismo hubiera durado hasta esa fecha, tampoco defendemos que entren en el mismo argumento los bebés robados y otros colectivos”. Para Ferreira en el texto de la ley “hay muchas cosas que reparar para no crear un disparate político”. PSOE: EL PAPEL DE LAS FAMILIAS La socialista María Márquez comenzaba su intervención hablando de la historia de una familia protagonista de esta ley. “Agustín Serrano tenía trece años cuando asesinaron a su padre. Era el mayor de cinco hermanos. Poco después falleció su madre y tuvo que hacerse cargo de toda su familia. El sepulturero le dijo que los del cerro de Andévalo estaban en Calaña. Cuando se abrió la fosa donde le habían dicho que estaba su padre no se movió de allí sin verlo. Agustín murió al poco tiempo con la tranquilidad de haber encontrado los restos de su padre”. La diputada socialista subrayó “el importante papel de las familias de las víctimas que han dedicado toda su vida a buscar la verdad para hacer justicia”. Márquez puso en duda la madurez democrática del Partido Popular, incapaz de "mirarse en ningún momento en el espejo de la historia”. Entre sus reproches, la diputada socialista formuló este en forma de pregunta: “¿Cómo se sienten orgullosos cuando su presidente Mariano Rajoy ha destinado cero euros de su legislatura a esta ley estatal, aprobando incluso una partida presupuestaria al Valle de los Caídos el mismísimo 18 de julio?”. Márquez cosechó muchos aplausos en su intervención. LAS NOVEDADES DE LA LEY El proyecto normativo, que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia, siempre en el ámbito de las competencias autonómicas, se adapta y supera la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982. Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido. El texto refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática, y se contempla la creación del Inventario de Lugares y Senderos de la Memoria. Además, en relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente. Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores. También contempla la norma incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.