No ocurre muchas veces que un Gobierno conteste tan rápidamente y con tanto despliegue de documentación como lo está haciendo el Ejecutivo andaluz ante los movimientos policiales y judiciales vinculados a una instrucción penal. Aun así, la adjudicación de la explotación minera sevillana es un campo de batalla con múltiples frentes que la Junta de Andalucía llega a contener muy a duras penas. El último ataque ‘enemigo’ ha sido un informe policial, publicado hoy por el diario El País, según el cual la Junta habría amañado el concurso alterando “los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado”. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree también que los funcionarios que tomaron parte en el concurso emitieron “valoraciones sesgadas para perjudicar a Emerita”, la empresa derrotada frente al grupo Minorbis-México y quien denunció la adjudicación ante los tribunales. LAS RAZONES DE LA JUNTA El departamento que dirige José Sánchez Maldonado replicaba este mismo jueves intentando desmontar una a una las graves afirmaciones del informe policial, ya en manos de la juez Patricia Fernández, que abría semanas atrás la caja de los truenos al afirmar en un auto judicial que el concurso “careció del más mínimo rigor”. En su comunicado público, blindado con abundante documentación administrativa y judicial, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio afirma en primer lugar que, en contra de lo sostenido por la Policía, “la Ley de Minas no establece ningún criterio de valoración para desarrollar los pliegos de concursos mineros. Por tanto –concluye– no parece prudente afirmar que la Junta ha difuminado la concreción de unos criterios para su uso discrecional, cuando estos no existen en la ley”. Igualmente, recuerda que el pliego del concurso minero “no incluía entre sus condiciones la valoración de la cuantía total de la inversión de los proyectos que se presentaran, por lo que difícilmente se pudieron sustraer puntos a uno de los concursantes sobre una valoración de un criterio que no se contemplaba”. VALORACIONES SIN RESPALDO TÉCNICO Ante las valoraciones técnicas que hace la UDEF sobre aspectos muy especializados, como volúmenes de agua, balsas de residuos o sistema de depuración del proyecto ganador, la Junta replica que dichas estimaciones policiales “no vienen respaldadas por ningún especialista en la materia, que pueda refutar las apreciaciones que los técnicos autonómicos (dos ingenieros superiores de minas de la Junta, ingeniero de montes, ingeniero industrial, biólogo y economista) realizaron en la valoración de las ofertas”. Un hecho llamativo del informe policial es que, al menos en lo relativo a la idoneidad legal del grupo ganador para poder concursar, los agentes que lo han redactado no parecen haber tenido en cuenta ni tampoco leído los argumentos jurídicos esgrimidos por la Junta desde hace semanas explicando que las bases del concurso internacional de Aznalcóllar preveían expresamente que pudieran participar “sociedades o instituciones vinculadas mediante acuerdos que explicitasen los compromisos de inversión y los plazos de ejecución”.