El Gobierno andaluz ha aceptado hoy la renuncia de la directora general de Minas, María José Asensio, tras su imputación por la gestión del concurso minero de Aznalcóllar. La jueza atribuye a Asensio un presunto delito de prevaricación. “Tengamos cuidado con el honor de las personas. El Gobierno va a esperar a la toma de declaración ante la jueza, fijada para el 17 de septiembre, para cubrir la plaza: si todo acaba como esperamos, será restituida en su puesto”. Son palabras del presidente en funciones de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, durante la rueda de prensa en que dio a conocer el cese voluntario de la directora general de Minas. “No se está investigando un delito de corrupción”, dijo por dos veces el vicepresidente, que sustituye a Susana Díaz en la Presidencia por la baja maternal de esta. Jiménez Barrios dejó muy claro el apoyo del Gobierno al trabajo de Asensio y del resto de funcionarios que han tomado parte en el concurso, seis de los cuales también están imputados: “Hay una plena convicción del Gobierno sobre la corrección de la actuación de la directora general y de los funcionarios”. El vicepresidente recordó que, tras el auto judicial que daba verosimilitud a la denuncia de la empresa perdedora, “el Gobierno ordenó una investigación interna, y se emitieron tres informes: uno del servicio jurídico de la Junta, un informe económico de la Intervención y un tercero de carácter técnico. El dictamen de los tres es inequívoco: actuaron en todo momento de acuerdo a la legalidad”. Y añadió: “La conclusión es que no ha habido errores ni aplicación equivocada de la ley”. También dijo el vicepresidente que entre el primer auto de la jueza y este de imputación de la directora general, firmado el pasado viernes, “hay diferencias sustanciales: ahora habla de posible prevaricación, pero ya no de cohecho, malversación o negociaciones ilegales”. El portavoz del Gobierno le puso suspense al anuncio del cese voluntario. Primero estuvo desgranando todos los nombramientos provinciales, a sabiendas de que los periodistas presentes solo esperaban conocer el destino de Asensio, cuya decisión de abandonar el cargo comunicó Vázquez al concluir la información del resto de cambios en el organigrama de la Junta. Aunque los primeros movimientos en la Consejería de Empleo parecían indicar lo contrario, finalmente no ha habido excepciones con imputados socialistas andaluces en casos relacionados de un modo u otro con la corrupción. El portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, ya daba una pista este lunes al afirmar que no habría “ningún imputado en la nómina de altos cargos de la Junta”. Sin embargo, el pasado día 31 de julio la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio manifestaba, tras conocerse el último auto judicial sobre el asunto de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento, que la investigación “penal se reduce ya a un presunto delito de prevaricación”, sin que exista “indicio de ninguna clase de corrupción”. Entre esta posición y la expresada este lunes por el dirigente socialista ha mediado la petición de dimisión de Asensio por todos los partidos y, en particular, la advertencia de Ciudadanos de que debían cumplirse los compromisos de investidura. Ciertamente, sobre Asensio no pesa una sospecha de corrupción en sentido estricto, pero el listón que ha puesto la líder del PSOE y presidenta de la Junta, Susana Díaz, deja poco margen para la discrecionalidad. Y tampoco lo deja el hecho de que la estabilidad del Gobierno depende de Ciudadanos, que tiene muy claro que toda imputación por corrupción se paga con la ‘vida’.