La Junta de Andalucía ha presentado este martes sendos recursos de apelación contra los dos últimos autos de la juez de los ERE, Mercedes Alaya, en los que reclamaba toda la información relativa a los programas de control financiero de las empresas públicas y la documentación sobre las ayudas recibidas por Delphi.

Causa general
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Junta ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que revoque dichos autos -dictados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla- al entender que pueden dar lugar a una "causa general" y que supone un "grave riesgo" que puede devenir en la prescripción de los delitos.

En concreto, el recurso de apelación contra el primero de los autos esgrime como argumentos que la información solicitada forma parte de una causa que está siendo investigada en estos momentos en el Juzgado número 16 de Sevilla, y que la competencia para conocer este caso sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sin fundamento legal
El gabinete jurídico del Gobierno autonómico entiende, además, que no existe "fundamento alguno" para extender la investigación a otras empresas o entidades de la Junta, pues en la propia argumentación razonada enviada por el juzgado de Alaya al Supremo se dice textualmente que "la investigación se ciñe a la averiguación de hechos relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y las ayudas directas a empresas por parte de la Consejería de Empleo". En este sentido, considera que el auto supone "una investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general, prohibida por la ley, y con grave riesgo de que la Junta vea frustrada sus legítimas aspiraciones como parte perjudicada por la dilación del procedimiento y por la posibilidad de prescripción de los delitos".

Recurso sobre consulta al juzgado
El otro recurso presentado se refiere a la consulta que hace el Juzgado número 6 de Sevilla sobre una norma estatal de derecho supletorio en relación con ayudas concedidas a Delphi. Sobre este caso, la Junta ha decidido presentar dicho recurso porque entiende que "para dirimir una invasión de competencias entre administraciones está el Tribunal Constitucional y no es una competencia que tenga atribuida un juzgado de instrucción". "Actuamos dentro del marco del Estado de derecho, vamos a estar siempre en una actitud de colaboración con la Justicia y exigimos celeridad en los procedimientos", ha resaltado Vázquez, que ha agregado que el Gobierno andaluz quiere que "paguen los culpables" y trabaja "para recuperar el dinero que presuntamente ha sido defraudado".

La juez que investiga el caso de los ERE falsos, Mercedes Alaya, pidió el pasado 23 de diciembre a través de un auto a la Consejería de Hacienda y a la Intervención General andaluza toda la información relativo a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas relativos a 2005, 2006 y 2007.

Informes adicionales
La jueza requirió los informes adicionales "con su correspondiente notificación" que se hubiesen realizado en las entidades públicas andaluzas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa o cualquier otra empresa pública. Con ello pretende determinar, según el auto, el "paralelismo entre lo acontecido" entre la Agencia Idea "con lo ocurrido en estas otras empresas públicas". Mercedes Alaya dictó un auto para que la Guardia Civil obtenga de Delphi y su industria auxiliar la documentación relativa a todas las subvenciones o ayudas que recibieron.

Igualmente, reclamó en otro auto la documentación relativa a la subvención concedida a la fundación Altedia Creade según el convenio de 21 de diciembre de 2007 que suscribieron con el Servicio Andaluz de Empleo. En concreto, pidió los expedientes completos del ERE 61/2011 y ERTE 88/11 de Alestis Aerospace, SL, que afectan a contratos de antiguos trabajadores de Delphi y su industria auxiliar, y las encomiendas de gestión de 2011 y actas del Comité de Coordinación y seguimiento de las mismas.