El Gobierno andaluz destinará en 2015 unos 45 millones de euros a la cooperación internacional al desarrollo y prevé incrementar los recursos en esta materia hasta llegar al 0,7 por ciento del presupuesto autonómico en el año 2020. En el presente ejercicio, la cuantía destinada supone un 0,25 por ciento del presupuesto. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (Pacode 2015-2018), que establece las bases de los programas de solidaridad internacional que llevará a cabo la Junta en los próximos cuatro años. Según ha explicado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno, entre los objetivos de este plan destaca el seguir trabajando para crear unas condiciones de vida dignas que permitan asentar a las poblaciones en sus países de origen, evitando desplazamientos no deseados. También ha destacado la titular del ramo que Andalucía es actualmente la región que más contribuye a la cooperación española, con una aportación del 22 por ciento del total descentralizado y un incremento continuado dentro de sus limitaciones presupuestarias, frente al descenso estatal iniciado en 2011.

El nuevo plan, que sustituye al desarrollado desde 2008, retoma el objetivo de alcanzar en 2020 una asignación del 0,7% del presupuesto autonómico a estas políticas, que la Junta ha mantenido durante los años de la crisis frente a su práctica desaparición en algunas comunidades y en el Gobierno central. En el presente ejercicio, este índice se sitúa en el 0,25%, lo que supone unos 45 millones de euros (42,3 correspondientes a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional), según ha informado también la Oficina del Portavoz del Gobierno en una nota.

ANDALUCÍA, EN VANGUARDIA

Actualmente, Andalucía es la región que más contribuye a la cooperación española, con una aportación del 22% del total descentralizado y un incremento continuado dentro de sus limitaciones presupuestarias, frente al descenso estatal iniciado en 2011. También ha sido la que más ha invertido en este ámbito durante los últimos tres años, por encima de comunidades con mayor capacidad financiera que, como Cataluña o Madrid y con la salvedad del País Vasco, han reducido su contribución.

Respecto a las zonas geográficas de actuación, el nuevo plan añade Haití a los 23 países prioritarios incluidos en el anterior. También identifica a Colombia y Túnez como preferentes al estar inmersos en procesos de paz y de consolidación democrática.

Las áreas de intervención prioritaria seguirán siendo América Latina, Norte de África y Mediterráneo, y África Subsahariana. Entre los países receptores destacan Marruecos, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Mali, Senegal, Mozambique, Mauritania y los Territorios Palestinos.

LA PRIORIDAD, ÁFRICA

De acuerdo con las previsiones fijadas, al menos el 20% de los fondos autonómicos para cooperación deberán destinarse al África Subsahariana, una de las zonas más desfavorecidas del planeta. En cuanto al tipo de proyectos, se asegurarán recursos mínimos del 30% del total para los relacionados con servicios sociales básicos (salud, educación, vivienda, saneamiento, seguridad alimentaria y acceso al agua potable); 10% a educación para el desarrollo; 10% a acción humanitaria urgente en catástrofes naturales o conflictos bélicos, y otro 10% a intervenciones para promover la igualdad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.

Junto con estos ámbitos básicos, por primera vez se especifica que el 2,5 % del presupuesto de la cooperación andaluza debe ir destinado a formación, investigación e innovación, y otro 2,5% al fomento de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la cultura de paz.

De acuerdo con el plan, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo destinará al menos un 50% de su presupuesto anual a la convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales, consideradas como principales vertebradoras de la ayuda al desarrollo.

DERECHOS HUMANOS

El texto ha sido consensuado con las ONGD, administraciones, universidades, movimientos sociales y organizaciones empresariales y sindicales que en junio de 2013 firmaron el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional.

En línea con este acuerdo, el plan recoge como principales ejes la ayuda humanitaria y al desarrollo; el fomento de la educación; la promoción de la innovación, la formación y la investigación, y, como novedad respecto al anterior plan, la defensa de los derechos humanos y el fomento de la paz y de los valores democráticos. También se consideran criterios prioritarios la igualdad entre hombres y mujeres; la sostenibilidad ambiental; el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno fija como destinatarios preferentes de la cooperación a los grupos de población expuestos a mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Entre ellos destacan las mujeres sin recursos; la infancia y juventud; la población indígena, desplazada y refugiada, y las personas con discapacidad. Además, a los profesionales de la materia y la sociedad en general se dirigirán especialmente las actuaciones de formación, investigación y educación para el desarrollo.

Los distintos proyectos que recoge el plan se desarrollarán en un contexto internacional muy marcado por la creciente desigualdad, que la crisis económica ha agudizado. Según datos de Naciones Unidas, 1.200 millones de personas viven con 1,10 euros o menos al día; 2.600 millones no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento; más del 20% de la población mundial sigue viviendo bajo el umbral de extrema pobreza; una de cada ocho personas sufre desnutrición crónica; 18.000 niños mueren cada día por enfermedades fácilmente prevenibles; dos terceras partes de las mujeres empleadas trabajan en situación vulnerable; el analfabetismo afecta a 774 millones de personas (mujeres en sus dos terceras partes), y otras tantas viven sin acceso a agua potable.

EL PLAN ANTERIOR

Desde la entrada en vigor del primer Pacode en 2008, la Administración autonómica ha invertido 455,8 millones de euros en 1.541 proyectos para hacer frente a estos problemas. Las iniciativas desarrolladas han permitido, directa o indirectamente, atender a 23 millones de personas (el 60% mujeres). Las cifras quedan por debajo de los objetivos inicialmente planteados debido a la incidencia de la crisis económica, pero la tendencia se invirtió en 2014, cuando los fondos presupuestados aumentaron más de un 20% respecto al año anterior.

Las ONGD y la Junta destacaron como los principales ejecutores de la inversión, con casi el 87% del total. Les siguen los organismos multilaterales como Unicef o Acnur, las universidades y las corporaciones locales. Sectorialmente, más de las tres cuartas partes de los recursos financieros se asignaron a proyectos relacionados con los servicios sociales básicos (sobre todo educación y salud), infraestructuras, desarrollo de la base productiva y fortalecimiento de las estructuras democráticas.

América Latina concentró más de la mitad de los esfuerzos de la cooperación andaluza, con el 56,28% de las inversiones y el 58,03% de los proyectos. Por su parte, el África Subsahariana fue el área prioritaria que experimentó un mayor incremento de recursos, desde el 7,36% en 2008 al 37,1% en 2014.

LOS RECEPTORES

Los cinco principales países receptores fueron Perú, Marruecos, El Salvador, Palestina y Nicaragua, que recibieron casi el 43% del presupuesto asignable geográficamente (entre 23 y 43 millones cada uno).

Entre otros logros alcanzados por el Pacode, destacan la consolidación de la cooperación andaluza en áreas donde antes no estaba presente, como el África Subsahariana, y su creciente protagonismo en intervenciones de acción humanitaria para hacer frente a las consecuencias de conflictos civiles como el de los Territorios Palestinos y de catástrofes naturales como los huracanes en Centroamérica.

Las primeras intervenciones de la Junta en materia de cooperación internacional se llevaron a cabo a mediados de los años 80 del pasado siglo, con proyectos de rehabilitación de viviendas y de ordenación de recursos naturales en diferentes zonas de Marruecos y América Latina. La firma del primer Pacto Andaluz por la Solidaridad en 1998 marcó el inicio de un desarrollo normativo y de planificación que desembocó en la Ley Andaluza de Cooperación, aprobada en 2007, y en el primer Pacode 2008-2011.