En este caso, lo abonado fraudulentamente ascendió a 4,4 millones de euros. La pieza forma parte de la macrocausa judicial de los ERE pero en esta ocasión tiene el sello muy personal del principal de los investigados: Javier Guerrero.

Y es que siendo director general de Trabajo, Guerrero creó en 2003 tanto en su propio departamento como en los servicios de ésta en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una estructura administrativa de personal "al margen" de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente para las mismas "mediante la contratación de, al menos, 44 personas, la mayor parte de las cuales pertenecía a círculos de su proximidad (vecindad o amistad)".

Según ha adelantado Europa Press, en esos términos relata la Junta de Andalucía en su escrito de acusación los manejos de Guerrero, para quien pide 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría y otras sociedades, que tenían contratados fradulentamente a dichos trabajadores.

En su escrito de acusación, también solicita siete años de prisión para el también ex director de Trabajo Juan Márquez a cuenta de los mismos delitos atribuidos a Guerrero, mientras que al administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, le pide 16 años de cárcel y casi 800.000 euros de multa.

La estructura

La estructura creada continuó funcionando tras el cese de Guerrero y la designación de Márquez, quien "continuó abonando facturas a las entidades vinculadas" con Ulpiano Cuadrado " y proponiendo la contratación por éstas, para desarrollar trabajos en la Dirección General, de personas de su círculo de confianza".

Actuando “al margen del procedimiento de contratación reglado", Guerrero (y luego Juan Márquez) acordó con Ulpiano Cuadrado "un mecanismo en virtud del cual empresas vinculadas a este último contratarían a las personas que indicase" Guerrero "para que desarrollasen su labor" en la sede de la Dirección General de Trabajo o en alguno de sus servicios asociados en las delegaciones provinciales de Empleo.

Servicios inexistentes

"De forma repetida y periódica, se giraban facturas por dichas sociedades que respondían a servicios en realidad inexistentes y que tenían por único objeto contraprestar la contratación de personal por Cuadrado con el único fin de ponerlos a disposición de la Dirección General", relata el escrito. Al contrario que los contatistas habituales de la Administración, ellos se garantizaban "el pago inmediato de la retribución convenida” dada “la escasa sujeción a las formas que imponía la legislación para los contratos administrativos".

¿Cuál era la mecánica administrativa? "Bastaba una memoria descriptiva de la prestación a ejecutar (elaborada por el propio director general de Trabajo) y la presentación de la factura con un concepto falso para proceder al pago (en el caso de la contratación menor) o la negociación de los términos del contrato (con un objeto igualmente falso) con la entidad adjudicataria (en el caso del procedimiento negociado sin publicidad)".

La "contraprestación" a recibir por las empresas vinculadas a Ulpiano Cuadrado consistía en el importe bruto de las retribuciones y cotizaciones sociales de los trabajadores contratados para prestar sus servicios en la Dirección de Trabajo más un porcentaje no inferior al 20 por ciento de dicho importe, porcentaje "que constituía la retribución" del empresario "por la única labor de formalizar los contratos de trabajo y dar de alta en la Seguridad Social a las personas que indicaba" Guerrero.