"Muerto el perro se acabó la rabia" y "cortar por los sano" serían los dos viejos aforismos que parecen mandar en la decisión de hoy del Gobierno andaluz para aprobar este el Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía, que incluye novedades como la concurrencia competitiva para el reparto de ayudas y la prohibición de exonerar la justificación de las subvenciones para reforzar el control en este tipo de ayudas.

Según han informado fuentes del Gobierno andaluz, que celebrará su primera reunión del Consejo de Gobierno tras el paréntesis vacacional, el objetivo de la futura norma es aumentar los niveles de cualificación de la población, consolidar una red pública de centros y aumentar los mecanismos de control de las actividades formativas.

El anteproyecto que inicia su tramitación establece la unificación de las formación profesional tanto la reglada como la ocupacional, y, de esta forma, pretende establecer una estrecha relación con el tejido productivo andaluz.

Este nuevo sistema supondrá la vertebración de un sistema integrado por la formación profesional inicial, los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, las acciones de formación para el empleo, los servicios de información y orientación profesional, así como la evaluación y acreditación de las competencias profesionales.

Este anteproyecto verá la luz coincidiendo con las investigaciones policiales y judiciales sobre presuntos casos de corrupción en las ayudas a la formación para el empleo otorgadas por la Junta de Andalucía, y cuyo caso más sonado ha sido la detención del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.

Con el objetivo de reforzar los controles el anteproyecto de ley prohibirá las exoneraciones, por lo que la Junta no podrá otorgar ayudas a las entidades que tienen subvenciones pendientes de justificar.

Esta práctica, recogida en la ley, ha sido habitual en los últimos años, aunque en el último ejercicio la Junta no ha realizado exoneraciones, según han asegurado en las últimas semanas los miembros del Gobierno andaluz.

Otro de las novedades del texto es la concurrencia competitiva para acceder a las ayudas, con lo que se adjudicarán a las entidades que presenten la mejor oferta, lo que perjudica a los principales beneficiarios de estas ayudas que han sido UGT, CCOO y Confederación de Empresarios de Andalucía.

Asimismo, a finales de año se publicará la Orden para la convocatoria de los nuevos cursos de formación, que pertenecerá a la convocatoria de 2013 -la última se remonta a 2011-, entre otros aspectos adelantados por el consejero de Educación, Luciano Alonso, sobre esta ley.

También ha avanzado hoy el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, que el anteproyecto de ley establece un límite de cuatro millones de euros por ayuda por entidad beneficiaria.