Este es el balance de la Operación Barrero: los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido finalmente a 16 personas --dos delegados provinciales de Empleo y el resto exaltos cargos de la Junta-- y ha imputado a otras cinco en el marco de la operación iniciada este martes por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, caso que está bajo secreto parcial, según han concretaron a Europa Press fuentes judiciales. Entre los detenidos figuran los actuales delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, destituidos de manera fulminante hoy mismo de sus cargos, según ha informado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. En el marco de esta operación que se ha desarrollado de manera simultánea en varias provincias andaluzas, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. También hay detenidos hasta siete exdelegados provinciales de Empleo, entre ellos el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez. También estarían detenidos los responsables del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, donde la Guardia Civil ha llegado a practicar un registro. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha desatado una macrooperación policial en las ocho provincias de Andalucía contra el fraude en la formación subvencionada por la Junta de Andalucía. Según han confirmado distintas jueces, la operación, que se llama Barredo, está dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y apunta a exaltos cargos de la Consejería de Empleo entre los años 2002 y 2011.
De manera paralela, la Guardia Civil también ha iniciado otra operación en Mijas (Málaga) también dirigida por la jueza Alaya contra un supuesto fraude de dinero público en el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio. En este operativo habría arrestado a al menos tres altos cargos.
Las fuentes han detallado que esta operación nace de un registro que la Guardia Civil llevó a cabo en la Dirección General de Formación hace meses. También se sustenta en los distintos informes elaborados por la Cámara de Cuentas y las ocho intervenciones generales de fondos en las ocho provincias andaluzas. Las fuentes de la investigación detallan que el operativo se desarrolla en la que es la primera línea de investigación surgida tras los registros y la toma de declaraciones en la sede de la Dirección General de Empleo.
Aunque la operación de la Guardia Civil sigue en marcha, se sospecha que hubiese podido existir falsedad documental a la hora de justificar y certificar los gastos en muchos de los cursos de formación. Las fuentes detallan que en el periodo investigado, que arranca en el año 2002, lo que era una excepción se convirtió en norma. Es decir, lo que era justificaciones puntuales para que las empresas no fuesen sancionadas y pudiesen seguir optando a las subvenciones para cursos de formación se convirtió en algo habitual.