Andalucía ha perdido en los últimos tres años 2.800 millones de euros con la aplicación del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, vigente desde 2009, según un análisis de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que insiste en que la población debe de ser la variable principal.

Análisis correspondiente a los tres ejercicios desde 2009 a 2011
Este análisis, correspondiente a los tres ejercicios liquidados con ese modelo (2009, 2010 y 2011), ha sido presentado hoy por la consejera, María Jesús Montero, y afirma que Andalucía se sitúa entre las cinco con menos financiación por habitante, sólo por delante de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares.

Informe elevado al Comité Técnico Permanente de Evalucación del Consejo de Política Fiscal y Financiera
El informe, que se ha elevado este jueves al Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como el paso previo que deben dar todas las comunidades autónomas antes de iniciar el debate para abordar un nuevo modelo, revela una financiación en 2011 de 2.107 euros por habitante.

Esto supone la quinta peor valoración y por debajo de la media, situada en 2.148, según la consejera, María Jesús Montero.

Andalucía no ha recibido fondos de competitividad
Los fondos de convergencia, establecidos para corregir estas desigualdades, han permitido incrementar esa financiación por habitante hasta los 2.163 euros en Andalucía, pero con ese mismo criterio sigue por debajo de la media (2.257) y muy alejada de la comunidad autónoma que más recibe (Cantabria, con 2.813). Montero ha explicado que esto es así, entre otras cosas, porque "Andalucía es la única comunidad autónoma que debería pero no ha recibido fondos de competitividad", que junto a los fondos de cooperación constituyen los llamados fondos de convergencia para corregir desequilibrios entre los territorios.

"Tenía que haber recibido fondos de competitividad en 2010 y 2011, pero por un vericueto que nunca llegaremos a entender, nunca los hemos percibido. La realidad es que son 2.800 millones de euros los que ha perdido Andalucía por la aplicación del modelo en los tres ejercicios. No hablamos de estar en la parte alta de la tabla, sino en la media de financiación por habitante", ha subrayado.

"La infrafinanciación  tiene consecuencias en términos del PIB"
Ha insistido en que la población debe ser "la variable principal para definir el nuevo modelo", y sobre ese planteamiento trabajará la Junta de Andalucía cuando se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para lo que no hay fecha. "Hasta ahora sólo se ha profundizado en la desigualdad y esto tiene consecuencias en crecimiento y empleo para las regiones más desfavorecidas por la financiación", ha expresado, convencida de que "la infrafinanciación tiene consecuencias en términos de PIB, y dificulta que se alcance la convergencia", ha añadido.

La consejera ha recordado que éste "es uno de los debates de mayor trascendencia que se pueden abordar durante una legislatura" porque afecta a elementos de la "médula" del modelo territorial y a la cohesión social.

El Gobierno de la nación tiene que liderar el procesos de financiación
En su opinión, el Gobierno de la nación tiene que liderar el proceso de financiación con rigor y solvencia y no puede ser un espectador pasivo que asiste a las reivindicaciones de los territorios ni es un árbitro que al final del partido dirime las diferencias que se hayan producido durante el mismo. Entiende que debe abordarse la financiación de los servicios públicos sobre el coste real de los mismos en cada territorio", lo que "no se ha hecho nunca", y de hecho, considera que "el modelo no ha garantizado la suficiencia de recursos de las comunidades autónomas, y Andalucía es una de las cuatro con un déficit de financiación de servicios públicos".

Desigualdad de financiación por habitante
Entre las conclusiones del análisis está que el modelo "no ha permitido garantizar la suficiencia de recursos de las comunidades autónomas", y que "ha profundizado en la desigualdad de financiación por habitante entre las comunidades autónomas a iguales competencias". También que "la cuantía y distribución de los fondos de convergencia no han servido para atenuar las diferencias", y que la aplicación de este modelo "no ha atendido el principio de lealtad institucional" por parte de la Administración General del Estado.

Montero ha recalcado que es "imprescindible" que este debate se acompañe del correspondiente a "una reforma fiscal adecuada, porque estamos 10 puntos por debajo de la recaudación media europea".