Después del revuelo generado hace una semana por la publicación en prensa del estudio encargado a Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) sobre el coste del tranvía de Jaén, la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Obra Pública (AOP) ha registrado esta semana un escrito en el Ayuntamiento jiennense solicitando el informe completo elaborado por la empresa de transportes catalana, "porque la única información que tiene del mismo es la que ha aparecido en los medios de comunicación". No es la primera vez que desde el Gobierno andaluz se requiere al Ayuntamiento toda la documentación relativa a la auditoría, que ha puesto en entredicho las declaraciones del alcalde, José Enrique Fernández de Moya, sobre la viabilidad del sistema tranviario. El mutismo oficial sobre la auditoría choca con la beligerancia verbal emprendida por el regidor jiennense contra la oposición municipal y la Consejería de Fomento acusándoles de "embusteros, mentirosos y tramposos", tras depositar ante notario toda la documentación relativa al sistema tranviario. Por cierto, dicha documentación se ha colgado en la página web del Ayuntamiento después de salir a la luz el dictamen final de FGC. Fernández de Moya no ha dudado en volver a pedir la dimisión de la consejera de Fomento, Elena Cortés, y del secretario general del PSOE local, Manuel Fernández Palomino, por "engañar a la sociedad jiennense y orquestar una gran patraña",  que en su opinión deja al descubierto a través de un fedatario público, un notario, "que ha dado veracidad a los documentos que la Junta remite cada trimestre al Ayuntamiento". Este enfado mostrado por el alcalde de Jaén contrasta con la actitud sosegada del delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Jaén, Juan Antonio Sáez, que acusa al alcalde de Jaén de mostrar facturas "sin ton ni son", de interpretar "una comedia falsa" e incluso de participar en "un sainete cómico" cuando hizo entrega de las llaves del tranvía en el sevillano Palacio de San Telmo, "donde nadie le escuchó". Sáez ha reprochado a Fernández de Moya que genere "una ceremonia de la confusión" con los datos que giran en torno al sistema tranviario de Jaén. Así, ha aclarado que en la misiva que le remitió al regidor el pasado 7 de enero simplemente le requería la entrega de la auditoría de FGC, al tiempo que le recordaba que hasta el 31 de diciembre de 2014 la deuda acumulada por el pago de los trenes y por el 50% de la dirección de obra se cifraba en 5,22 millones de euros. Una cifra que, a juicio del delegado de Fomento, ha sido utilizada por el regidor jiennense para confundir aún más a los ciudadanos. Al hilo de ello, ha señalado que mientras Fernández de Moya persista en el "juego de las imprecisiones", desde la Junta  de Andalucía se le dará respuesta puntualmente a cada uno de sus planteamientos, "reiterando lo que hay"; es decir, "recordando la deuda acumulada y exigiendo información sobre la negociación con Hacienda".  Sí ha reconocido que "fruto de estos impagos”, la Consejería de Hacienda aplica al Ayuntamiento un mecanismo denominado Sistema Unificado de Recursos “para garantizar el reconocimiento de la deuda e ir regularizando, en el tiempo y de forma flexible, estas obligaciones económicas”. Para Sáez, esta medida demuestra "una vez más la flexibilidad de la administración andaluza con respecto a la deuda contraída por el Ayuntamiento jiennense".  El propio delegado de Fomento ha insistido en que esta deuda la tiene que pagar "sí o sí", esté funcionando o no el tranvía, "puesto que hay un compromiso firmado con documentos jurídicos y sentencias judiciales que avalan que es competencia suya la conservación y el mantenimiento de la infraestructura". Además Sáez, ha señalado que “lo que separa al tranvía de entrar en funcionamiento son 1,8 millones de euros al año, exactamente”. “Si el Ayuntamiento aporta ese dinero al año, el tranvía funcionará, creando 28 empleos, mejorando la movilidad y dinamizando la ciudad; si no, continuará parado, deteriorándose y desperdiciándose la inversión pública realizada”, ha añadido el delegado, que ha recordado que ése (1,8 millones) es el déficit de explotación (diferencia entre ingresos y gastos previstos) recogido por el informe de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) “que el Ayuntamiento encargó y ha ocultado durante dos años”.