La juez María Núñez Bolaños ha practicado sus tres primeras imputaciones en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que acumula ya 266 inculpados, en espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valide el plan de actuación aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que se asigna a la juez Mercedes Alaya el caso ERE y el delito societario de Mercasevilla y a su sustituta el resto de 'macrocausas'. En un auto fechado el pasado 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e imputa, en relación a EDM, al que fuera director de Inversiones Estratégicas de IDEA, Bienvenido Martínez, y, en relación a las ayudas concedidas a Cydeplast S.A., Cydeplast Pet y Nazapet Sal, a José Luis Reyes Flores y a José María Morales Guillén, a todos los cuales cita a declarar el próximo 23 de julio. La juez pone de manifiesto que, según se desprende de la declaración prestada ante el juez del caso Invercaria por Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, exdirector de análisis de inversiones de Invercaria al que Núñez cita como testigo el 21 de julio, existen "indicios de la participación" de Bienvenido Martínez en los hechos que son objeto de investigación relativos a la entidad EDM. Así, la juez imputa a este último --también inculpado en la causa de Invercaria que instruye el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla-- "por su presunto conocimiento de la situación de las sociedades que integran el grupo EDM a través de la Due Dilligence de Deloitte, así como de las cantidades que se transfirieron al mismo para el pago de nóminas bajo la forma de préstamo y sin sujeción a procedimiento alguno, a sabiendas de la imposibilidad de su devolución". Por lo que respeta a Cydeplast, Cydeplast Pet y Nazapet, la juez imputa a José Luis Reyes Flores por su participación en las negociaciones del ERE 4/2004 de Cydeplast Pet como representante de los trabajadores, "firmando entre otros el escrito de 24 de febrero de 2004, mostrando su no oposición al ERE instado por la compañía, así como en la firma y negociación" del protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la sociedad laboral Nazapet de fecha 18 de mayo de 2005. COMPRA DE MÁQUINAS Asimismo, "como presidente de Nazapet debió conocer y participar en el ERE 20/2006 de la misma", sostiene la juez, que imputa igualmente a José María Morales Guillén, quien "suscribiría el protocolo en nombre y representación de Quimidroga Plásticos". "Ambos participarían en los hechos relativos al ejercicio de la opción de compra de máquinas por importe total de 503.132,28 euros, constando en las actuaciones" cómo José María Morales "realizaría gestiones" ante el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la agencia IDEA "para exigir el cobro de dichas cantidades en fechas coetáneas a la tramitación del ERE extintivo solicitado por Nazapet Sal". En relación a Cydeplast, Cydeplast Pet y Nazapet, la instructora reclama igualmente a la Junta de Andalucía una copia completa del ERE 20/2006 relativo a Nazapet y oficia a la Agencia Tributaria para que facilite todas las declaraciones por impuesto sobre sociedades y de operaciones con terceros de esta última sociedad. Además, libra oficio a la Agencia Tributaria para que facilite "detalle, año a año", de las percepciones de rentas o de capital abonadas por cualquier compañía de seguros a los trabajadores afectados por los ERE de estas sociedades, y solicita a la Junta que informe "sobre procedimientos de revisión, reintegro o cualquier otro que la Administración de la Junta haya iniciado y de las compensaciones habidas en su caso respecto de estos trabajadores". En su resolución, la magistrada deja "los autos sobre la mesa" para resolver sobre las fianzas de responsabilidad civil pedidas por la Fiscalía contra el exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, José M. Caballero y Manuel Enrique Rodríguez Contreras. En este sentido, pide al Ministerio Público que, en el plazo de tres días, "manifieste la relación de imputados pendientes de resolver sobre medidas cautelares de carácter civil". La juez, asimismo, deja sin efecto la suspensión acordada por auto de 13 de mayo de 2013, "debiéndose continuar las actuaciones de comprobación e investigación de la mercantil Estudios Jurídicos Villasís por la Agencia Tributaria, sin perjuicio de poner en conocimiento del Juzgado el resultado de las actuaciones de apreciarse indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública". La Fiscalía Anticorrupción reclamó el 13 de abril a la juez Alaya, entonces titular del Juzgado, la práctica de una serie de diligencias a fin de "impulsar el avance de la presente instrucción de manera continua y uniforme en todas sus piezas". En su escrito, el Ministerio Público recordaba que el 5 de noviembre de 2014 solicitó a Alaya la práctica de una serie de diligencias, "sin que hasta la fecha, y a pesar del dictado del reciente auto de fecha 8 de abril de 2015", conste que "se haya dictado resolución expresa que resuelva de manera directa sobre su admisión y pertinencia, no constando asimismo siquiera su unión a las actuaciones".