Nuevo disgusto procesal para la juez Mercedes Alaya de la mano de la nueva titular. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado dividir en piezas separadas la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, una petición a la que se ha opuesto en reiteradas ocasiones su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya. El criterio de la Fiscalía del caso también era compartido por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Aunque Alaya están estos momentos en comisión de servicio en el Juzgado 6 para acabar la instrucción de los ERE, no es improbable que renuncie a ese destino tras el varapalo que le supone la decisión de Núñez, con quien mantiene agrias discrepancias, hasta el punto de haber intentado Alaya desacreditar a su sustituta ante el CGPJ reprochándole su amistad con el consejero de Justicia y fiscal de carrera Emilio de Llera. TRES BLOQUES En un auto fechado este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada divide la causa en una pieza relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas. Quien hasta ahora ha venido siendo la instructora de la causa, Mercedes Alaya, siempre defendió la tesis de que el caso era inescindible, de manera que no sería evaluado adecuadamente en toda su dimensión si se investigaban por separado las ayudas sociolaborales y el procedimiento para otorgarlas. Uno de los problemas que ocasionaba esa posición es el retraso de la instrucción, ya que de las 200 ayudas concedidas se ha investigado hasta ahora un porcentaje poco importante. La juez ha tomado esta decisión sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratifique definitivamente el plan de actuación aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por el que se asignó a Alaya el caso de los ERE irregulares y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las restantes 'macrocausas', como son las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA. AGILIZAR LA CAUSA La Sala de Gobierno del TSJA aprobó el reparto propuesto por la juez María Núñez excepto en lo relativo al caso ERE, acordando que Alaya, que ha obtenido una de las dos comisiones de servicio para reforzar el Juzgado, debería encargarse también de la causa de los ERE "hasta que se resuelva sobre su división en piezas separadas, reiterada por el Ministerio Fiscal y pendiente de respuesta judicial". "Es innegable que la división contribuiría decisivamente a la agilización de la causa, 'simplificación y activación del procedimiento' artículo 762. 6º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", señala la juez, que añade que "existen expedientes de concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales respecto de los cuales prácticamente no quedan diligencias que acordar y en las que en muchas de ellas no se ha avanzado nada, prácticamente, desde el inicio de la instrucción, pudiendo ser elevadas a enjuiciamiento de forma inmediata". La magistrada señala que el referido artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "permite al juez instructor la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento", precisando que esta división en piezas "ha de respetar la continencia de la causa" y que la decisión judicial sobre dicha división "exige una ponderación de los intereses en conflicto, respetándose como canon decisorio la necesidad de agilizar". INCONVENIENTES FÁCILES DE REMEDIAR Además, prosigue la juez, "los inconvenientes derivados de la decisión, sean penalógicos o de otro tipo, pueden ser factiblemente paliados o corregidos a través de los remedios que la propia Ley establece", punto en el que considera que, en este caso, "concurren los parámetros que permiten la división solicitada de acuerdo con el plan que el propio Ministerio Fiscal propone". Así, señala que "es factible la división en una primera pieza en la que se investigue el denominado procedimiento específico", y agrega que, "sin perjuicio de que sobre esta cuestión, de hecho, ya existe un criterio sólido expresado en fechas recientes por el Tribunal Supremo no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, lo cierto es que el resultado derivado del enjuiciamiento de quienes se encuentran imputados por los hechos que se integrarían en dicha pieza en ningún caso afectaría al resultado del enjuiciamiento de las demás piezas". También "es factible", igualmente, como señala el auto, la división en una segunda pieza que tenga por objeto el estudio de las sobrecomisiones, pues "tampoco en este caso se produciría una ruptura de la continencia de la causa como elemento impeditivo de la decisión dado el objeto de la investigación y posterior enjuiciamiento de los hechos". AYUDA SOCIOLABORAL "Y es posible, finalmente, la división en piezas, una para cada ayuda sociolaboral o subvención o para cada grupo de ayudas otorgadas a un mismo beneficiario", pues cada expediente de ayudas o subvención "constituyen un conjunto de hechos susceptibles de investigación y enjuiciamiento separado", asegura la juez. Todo ello, "sin perjuicio de las piezas que puedan abrirse con ocasión de las diligencias que se practiquen en cada una de las piezas que por medio de este auto se resuelve dividir", dice Núñez, que argumenta que todo ello "da respuesta al Derecho invocado por las partes que avalan la división de la causa", como es el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución española. Y es que "los ciudadanos tienen derecho a una justicia ágil, sin dilaciones indebidas, cuando ello es evitable", y "tienen derecho a un juicio y a una sentencia, absolutoria o condenatoria", ya que "no debemos olvidar que una instrucción demorada en el tiempo puede causar perjuicios y daños que van más allá de lo que, incluso podría suponer la sentencia condenatoria, cuantitativa y cualitativamente hablando". NUMEROSAS PETICIONES "Son numerosas las peticiones de revisión en las piezas de medidas cautelares, por naturaleza provisionales, medidas que no pueden mantenerse 'sine die', reclamando los ciudadanos su juicio y su sentencia", mientras que "también la sociedad demanda resultados en la instrucción de las llamadas 'macrocausas'". Según dice la juez, "es está una preocupación social e institucional y, siendo posible, viable, la agilización del proceso como se ha fundamentado, no existe motivo alguno que justifique la dilación en la instrucción", por lo que acuerda dividir el caso en tres grandes bloques, tal y como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Al hilo, la juez recuerda "lo ya sostenido" por la Audiencia Provincial de Sevilla, el Tribunal Supremo y el TSJA, destacando que estos dos últimos tribunales apoyaron la división de la causa en piezas separadas, mientras que la Audiencia, aunque lo rechazó, "no excluyó que, de futuro, en atención al avance de la instrucción y a esa necesaria concreción" acerca de los hechos y personas intervinientes, "fuera procedente la formación de piezas". 'PRETENDE APROCHECHAR ESTOS DÍAS...' Alaya, en el informe elevado al CGPJ para defender que debe ser ella la que instruya las 'macrocausas', cuestionaba que Bolaños hubiera solicitado a las partes que se pronunciaran sobre la posible división del caso ERE cuando aún no se ha resuelto la distribución del trabajo en el juzgado. "Pretende aprovechar estos días de estancia en mi actual plaza de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla para dividir la causa en piezas para el reparto de su enjuiciamiento, cuando olvida o mejor desconoce que casi la mitad de las ayudas deben ser remitidas al Tribunal Supremo que entiende de los presuntos delitos de prevaricación-malversación" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, advertía. EL RECHAZO DE LA AUDIENCIA En el mes de julio de 2014 la Audiencia Provincial de Sevilla rechazaba la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados 'preimputados'. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechazaba entonces los recursos presentados por la Fiscalía y por la defensa de los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano y avalaba, de este modo, la decisión de la juez Mercedes Alaya de no dividir la causa en piezas separadas, ya que además su decisión "era irrecurrible".