El fraude de la formación y el de los ERE, ambos instruidos por la juez Mercedes Alaya, comparten un cierto aire de familia. Así al menos parece creerlo la juez Mercedes Alaya, quien entiende que, al igual que sucediera con las ayudas sociolaborales, la Junta de Andalucía habría creado "una red de clientelismo político" a través de la formación. En esos términos lo expone en los distintos autos de imputación de los distintos ex delegados provinciales de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía. La hipótesis central que sustenta la instrucción de la macrocausa de los ERE es bastante parecida y así la ha expuesto Alaya en numerosas autos judiciales y en distintas exposiciones razonadas. Según la juez, el Gobierno andaluz habría urdido un procedimiento no ya administrativamente inapropiado, sino directamente delictivo, una verdadera "subversión del ordenamiento jurídico", para conceder ayudas "a personas y empresas próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz". Fuentes del caso han informado de que, en sus autos, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político". OCHO DETENIDOS, YA EN LIBERTAD CON CARGOS La juez ya ha dejado en libertad con cargos a 14 de los 16 detenidos que han comparecido en sede judicial, aunque muchos de ellos se han acogido a su derecho a no declarar. Hasta 13 de los detenidos son altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los hasta ayer delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes fueron inmediatamente apartados de sus funciones tras conocerse sus detenciones. En el marco de esta operación, los agentes de la Guardia Civil han detenido también al ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y al ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes. También hay detenidos siete ex delegados provinciales de Empleo, como son el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; el de Córdoba, Antonio Fernández, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Jaén y Granada. En Málaga, y además de al ex delegado provincial de Empleo, la Guardia Civil detuvo al ex director gerente y a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas, mientras que en la provincia de Huelva fue detenida también la exdirectora gerente del consorcio Formades. SECRETO DE LAS INVESTIGACIONES En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma". En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando". En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".