Era una simple cuestión de tiempo y por eso la decisión no ha causado sorpresa. La juez de Sevilla que investiga el contrato gracias al cual el concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Juan Campos, percibió retribuciones de 2.000 euros al mes del Consistorio cuando no formaba parte de la Corporación a cambio de la elaboración de una serie de informes de una sola frase, ha elevado este miércoles al Tribunal Supremo la exposición razonada con los supuestos "indicios" existentes contra el alcalde de la localidad, senador y exnúmero dos del PP andaluz, José Luis Sanz (PP). El paralelismo procesal entre la situación del dirigente popular y la de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE resta poder de convicción a las reiteradas exigencias de dimisión de ambos formuladas por el PP, si bien el líder andaluz del PP, Juan Manuel Moreno, siempre ha restado importancia al caso Tomares, al que encuadra en la casuística de las irregularidades meramente administrativas. La oposición denunció que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar precisamente el dinero abonado a Campos, así como una vulneración de las normativas de contratación, pues el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009. INDICIOS CLAROS La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha cumplido de este modo con la orden que le dio la semana pasada la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para que remitiera al Tribunal Supremo una exposición razonada "sobre los indicios de criminalidad que, en relación con los hechos investigados en este procedimiento, haya apreciado en la actuación" del primer edil. El día 30 de abril del pasado año 2014, la juez instructora decidió inhibirse ante el Tribunal Supremo para que éste investigara los posibles indicios de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación a José Luis Sanz, dada su condición de aforado por ser senador, una decisión que confirmó el 24 de julio de 2014 al estimar que existen "indicios suficientes" contra el primer edil. El concejal de Presidencia, Eloy Carmona, recurrió el auto al entender que la forma empleada por la juez para poner la causa en conocimiento del Supremo "no era la correcta", ya que, como estima la Audiencia, la instructora no debería haberse inhibido en favor del Alto Tribunal sino que debería haberle remitido una exposición razonada con los posibles indicios existentes contra José Luis Sanz. En esta causa, y además de Eloy Carmona, están imputados también el propio Juan Campos; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP); el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21', que solicitaron el archivo de las actuaciones seguidas contra ellos. Mientras se mantenga la investigación, todos ellos “deben continuar su condición de imputados, como hasta ahora lo eran, pues la inhibición al Supremo acordada, en nada altera los indicios existentes contra ellos y no decide sobre tal extremo, y sólo se plantea un posible cambio de órgano competente para continuar con la instrucción de la causa", argumentaba la Audiencia.