La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, destinada a sus futuras responsabilidades civiles y no a eludir la prisión que cumple desde el pasado 24 de abril.

Comparecencia semanal
La Fiscalía Anticorrupción había pedido a la juez la prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero, mientras que la Junta sólo pidió su comparecencia semanalmente en el juzgado. La petición de la Fiscalía incluía una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil y a ella se adherió la acusación particular del PP y el sindicato Manos Limpias.