La juez del caso Aznalcóllar ha rebajado drásticamente el tono acusatorio utilizado en su auto del pasado 7 de mayo a la hora de redactar el auto del 31 de julio donde imputa por prevaricación a siete cargos y altos funcionarios autonómicos. Si entonces asumía casi en su integridad las acusaciones vertidas por la empresa perdedora del concurso y las primeras conclusiones establecidas por la Policía, en su escrito de ayer Patricia Fernández se muestra mucho más prudente, huyendo de afirmaciones tan comprometidas como que la empresa ganadora no cumplía “las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación" o que no se observaba “el más mínimo rigor de la actuación de la Administración”. También han desaparecido del auto del 31 de julio los supuestos indicios de haberse cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal que figuraban en el auto de mayo y que ahora quedan restringidos al delito de prevaricación. En virtud de este auto quedan imputados por ese delito siete cargos y funcionarios de la Junta, entre ellos la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio. El caso judicial parte de la denuncia de la empresa Emerita Resources, perdedora del concurso minero, que considera que la adjudicación fue amañada en favor de la asociación empresarial Minorbis-Grupo México. Muchos de los extremos de la investigación policial que la jueza asumía en el auto del 7 de mayo y que convertían en altamente sospechoso todo el proceso de adjudicación, ni siquiera son mencionados en el último auto de esta semana, como el hecho de que la empresa adjudicataria no dispusiera de maquinaria en España. Minorbis, decía la Policía en su investigación y asumía la jueza en su auto de mayo, asegura que Grupo México posee la maquinaria en América: "Dicho esto ha de deducirse que se tiene proyecto traer la maquinaria desde América por lo que surge la incógnita de si esa operación es rentable", concluían los investigadores. INTERROGANTES E INCONGRUENCIAS En el auto conocido ayer la juez Fernández habla ahora, en cambio, de “interrogantes” sobre el Plan de Investigación, de “incongruencias en la valoración del proyecto de explotación” o de “dudas en la valoración de la inversión” comprometida por las empresas, unos términos y un tono muy distintos a los utilizados tres meses atrás, a consecuencia de los cuales la Junta dejó en suspenso la adjudicación. Entonces la magistrada llegaba a escribir esto: "Se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante". También entonces aseveraba que Minorbis habría "suplido" el deber de acreditar el capital social suscrito con "simples capturas de pantalla de las web de grupo México y referencias genéricas", mientras que ahora se limita a dejar constancia de la discrepancia en los testimonios relativos a si realmente se comprobó la solvencia económica de Grupo México, la multinacional minera que respaldaba la oferta de la empresa cordobesa ganadora Minorbis. LA INCÓGNITA DE LA SOLVENCIA El auto de Patricia Fernández dedica cuatro de sus seis folios a describir con detalle esas discrepancias sobre los controles de solvencia de Grupo México efectuados por la mesa de contratación. El resumen de esa controversia es el ya conocido: Pilar Trujillano, la técnico de Invercaria encargada de asesorar a la mesa de contratación sobre la solvencia de las empresas licitadoras, asegura que no hizo ningún estudio específico sobre Grupo México ni informó a la mesa de que cumpliera los requisitos de solvencia exigidos por las bases del concurso. Por el contrario, los seis integrantes de esa mesa aseguran que “tras estudiar Trujillano la documentación financiera facilitada por Grupo México confirma a la mesa que dicha documentación acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera”. Las razones de esta radical discrepancia siguen siendo una incógnita por despejar en la instrucción del caso, pues si resulta difícil explicar por qué habría de mentir Trujillano tampoco es fácil determinar por qué lo estarían haciendo los miembros de la mesa. En todo caso, en este nuevo auto ha desaparecido la apreciación contenida en el anterior en la que la juez despachaba el asunto diciendo que Grupo México había intentado demostrar su solvencia aportando “unas simples capturas de pantalla”. Al parecer, tales capturas habrían consistido en registros electrónicos de la web oficial de la SEC (Securities and Exchange Commission), que es el organismo norteamericano que supervisa a las empresas que cotizan en el mercado estadounidense, entre las cuales figura Grupo México, que a su vez está entre las más importantes de su país de origen (http://www.cnnexpansion.com/tablas/2010/07/08/empresas-500-2010). LA GRAN PARADOJA Precisamente una de las paradojas más llamativas de la investigación judicial del concurso minero de Aznalcóllar es que se estén dedicando tantas energías judiciales y policiales para determinar si se comprobó una solvencia que, en realidad, nadie –empezando por la siempre quisquillosa SEC– parece poner seriamente en duda. Ciertamente, puede haber interrogantes sobre la relación societaria o contractual entre la empresa Minorbis, que ganó formalmente la licitación, y Grupo México, que era el socio industrial e inversor, pero no parece haberlos sobre la solvencia técnica y financiera de la multinacional mexicana. Y ahí reside la paradoja: es como si el hecho de no haber presentado en tiempo y forma un certificado de solvencia fuera más importante que la solvencia misma, que no se discute. UN TESTIGO MUY CUALIFICADO Otros aspectos controvertidos del concurso y recogidos en el auto se refieren a las "incongruencias en la valoración del proyecto de explotación, evacuación de residuos, preservación de espacios protegidos" o al tratamiento del agua. La juez intenta averiguar, y para ello ha citado a imputados y testigos en septiembre, por qué el jefe de Minas de la Junta avaló la solución técnica de Minorbis de acceso por el talud sur de la corta pese a los riesgos de dicha solución, “según lo manifestado por el técnico de [la empresa perdedora] Emerita Ismael Jesús Rodríguez Barbero”. De Rodríguez Barbero escribe la juez en su auto que “se trata de un testigo muy cualificado, pues con independencia de su vínculo laboral con la empresa denunciante, ha desarrollado su actividad laboral previa precisamente en Egmasa y Boliden en funciones de restauración de la mina". DUDAS SOCIETARIAS Finalmente, determinadas cuestiones societarias no aclaradas inquietan a la juez Fernández, quien recuerda en su auto del 31 de julio que "la documentación aportada por Minorbis no responde en su totalidad a los interrogantes" ya planteados en un auto anterior. "Debe acreditar Minorbis –dice la jueza– el pago de la adquisición de un nuevo porcentaje de participaciones en AMC Mining Iberia hasta un total de 2,688%". Minoribs dijo que ese extremo estaba aclarado en un bloque documental entregado a la juez, pero esta recuerda que dicha documentación no ha llegado al juzgado. AMC Mining Iberia SL es la accionista única de Minera Los Frailes SL, la empresa instrumental de Minorbis-Grupo México que aceptó formalmente la adjudicación de la mina. En todo caso, en un documento oficial remitido el pasado 7 de julio al juzgado por la directora general de Minas ahora imputada se afirma lo siguiente sobre esta abstrusa cuestión: “Como fue anunciado en la licitación, los vínculos jurídicos de disponibilidad de los medios económicos, financieros y técnicos se han instrumentado mediante la participación societaria de ambos, y solo de ellos [Minorbis y Grupo México], en una sociedad mercantil, que dispone de fondos propios por importe de 93.003.000 euros”.