La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación al grupo México-Minorbis de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, ha sobreseído al instancias de la Fiscalía hasta media docena de presuntas irregularidades denunciadas por la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources, y respaldadas por un informe policial en el que precisamente se basó la juez para abrir el pasado 27 de mayo las diligencias ahora archivadas. Patricia Fernández sí considera, en cambio, que hay que investigar los trabajos de asesoramiento –también denunciados por Emerita– que una empresa del exdelegado de Empleo en Córdoba Andrés Luque García habría realizado para el grupo andaluz Magtel, asociado al consorcio adjudicatario de la mina. A excepción de ese asesoramiento de Luque bajo sospecha, con relación a todos los demás hechos denunciados por la empresa perdedora del concurso minero el informe de la Fiscalía es demoledor al entender que ni Emerita ni la Policía aportan información relevante y específica que identifique a personas, ni existe la concreción necesaria para considerar válidas las pruebas aportadas. LOS REPROCHES DE LA FISCALÍA De la relación de reproches del Ministerio Público se desprendería una gran falta de consistencia tanto en la denuncia de Emerita como en el informe policial que asumía su contenido: no hay identificación de personas de la Administración y del PSOE relacionadas con Magtel; no existe relato pormenorizado de las presuntas irregularidades cometidas y por quién en la concesión de ayudas a Magtel; no hay concreción de la identidad del funcionario público ante el que el que presuntamente intercedió el director general de IDEA Jacinto Cañete para obtener la pronta devolución de una sanción; se confunde la Administración ante la que se presentaron los avales presuntamente no válidos en España; se desconoce información sobre la forma de actuar para disponer del préstamo de Soprea e incluso la fecha del mismo; hay falta de concreción de si las subvenciones obtenidas se destinaron al fin para el que se concedieron. SOSPECHAS SOBRE LUQUE Sin embargo, en ese mismo auto la juez libra oficio al Grupo de Medios de Pago de la UDEF para que "realice las comprobaciones necesarias" y averigüe "los trabajos de asesoramiento que, efectivamente, se hubieran realizado" para Magtel por la empresa Fisur, de la que es administrador el ex alto cargo de la Junta Andrés Luque. La juez quiere saber si la empresa de Luque "cuenta con los medios personales y materiales precisos para la elaboración de trabajos por los importes, respectivamente, facturados", y, "en definitiva, en qué han consistido los servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos que se describieron como objeto del contrato firmado a fecha 1 de noviembre de 2011". Y es que la parte denunciante, Emerita Resources, sospecha que "los honorarios que constan abonados fueron en realidad una retribución por servicios presuntamente prestados por Andrés Luque García mientras que ostentó cargos públicos y vinculados por tanto a la percepción de subvenciones”. 10.000 EUROS MENSUALES MÁS IVA Al hilo de ello, la instructora hace referencia al contrato de prestación de servicios suscrito en Córdoba el 1 de noviembre de 2011, por el cual se contrata a Fisur para la prestación de servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos por un periodo de cinco años, con unos honorarios estipulados de 10.000 euros mensuales más IVA, aunque "lo cierto es que se habrían retribuido a Fisur 120.000 euros como anticipo de la remuneración pactada", tal y como figura "en la estipulación cuarta de dicho contrato". En esta línea, la juez explica que la "cabeza" de Fisur es Andrés Luque, quien "aparte de ser licenciado en Filosofía y Letras, entre el 28 de julio de 2000 y el 24 de julio de 2011" ostentó los cargos de delegado provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba; delegado provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Córdoba, y director general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura. Así, la magistrada reseña que, durante el tiempo en que ostentó estos cargos públicos, las empresas vinculadas al Grupo Magtel obtuvieron hasta tres subvenciones. Así, Magtel Redes de Telecomunicaciones S.A. obtuvo una subvención de 379.980 euros; Magtel Energías Renovables, una subvención de 92.085 euros, y Magtel Redes de Telecomunicaciones, una subvención de dos millones de euro. ¿DÓNDE ESTÁN LOS TRABAJOS? "A fecha marzo de 2015, se denuncia que la compañía Fisur no ha realizado labor alguna de asesoramiento, si bien Andrés Luque recoge todos los meses, personalmente, en las oficinas de Magtel, un cheque por el importe acordado", asevera la juez, que añade que también consta que, según las cuentas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 depositadas por Fisur en el Registro Mercantil, el volumen de negocios de la empresa fue de 20.000, 270.000 y 130.000 euros, respectivamente. Andrés Luque García, según la UDEF, fue administrador único de la sociedad Fisur Análisis y Gestión de Proyectos, una empresa vinculada a Magtel mediante un contrato firmado por ambas partes en 2011 para asesorar a esta última en la "preparación de ofertas, solicitudes y documentación a acompañar", entre otras cosas, toda vez que Luque García "desempeñaba un cargo público durante el periodo en el que se convocaron y se concedieron ayudas a favor de Magtel". No obstante, en esas fechas aún no se conocía ni estaba en los planes políticos de la Junta la recuperación de Aznalcóllar.