La han acusado muchas veces de no guardar la apariencia de imparcialidad o de inmiscuirse en los calendarios electorales o políticos. Pero nunca había contestado a esos reproches. Hasta ahora. La juez Mercedes Alaya ha rechazado la petición planteada por los abogados de los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila para que suspendiera la comparecencia de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado y ha negado que dicha citación tenga "alguna finalidad espuria", pues ha sido "señalada con antelación suficiente para no interferir en el proceso electoral", en referencia a las elecciones andaluzas del 22 de marzo. Es cierto que esta es la primera vez que Alaya se defiende, pero también es seguramente la ocasión en que les es más fácil defenderse, dadas las pocas fechas disponibles para celebrar actos judiciales relacionados con asuntos políticos, ya que, además de la cita electoral del 22 de marzo, hay otra poco después, que es la del 24 de mayo. AUTOS EN PLENA CAMPAÑA Las veces en que Alaya ha sido acusada de interferencias políticas son significativas. El 17 de mayo de 2011, solo cinco días antes de las elecciones municipales, citó como imputado al candidato a la Alcaldía de Sevilla por IU, Antonio Rodrigo Torrijos. Y también unos pocos días antes de las generales de noviembre de 2011 dictó otro auto en el que describía al presidente José Antonio Griñán como “el último escalón de la pirámide” de los ERE. Y solo cuatro meses después, a las puertas de los cruciales comicios andaluces de marzo de 2012, enviaba a al cárcel al exdirector general de Empleo de la Junta y pieza clave en el desvío de fondos de los ERE, Javier Guerrero. En este último auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora pone de manifiesto, en relación al escrito presentado por los dos aforados y exconsejeros andaluces, que "se trataría de una interpretación sesgada y alejada de la realidad considerar que la ratificación ordenada, señalada con antelación suficiente para no interferir en el proceso electoral, pueda tener alguna finalidad espuria distinta del cumplimiento de la legalidad de conformidad con el artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". ¿TODO UN AÑO ELECTORAL? Al hilo de ello, la juez Alaya añade que no se debe olvidar que "tras las elecciones autonómicas" del próximo 22 de marzo "se suceden a corto plazo las municipales y posteriormente las elecciones generales, de manera que si esta instructora fuera de la misma opinión que los solicitantes, no practicaría prueba alguna en este y en otros procedimientos en el transcurso de un año, porque siempre las mismas podrían justificarse maliciosamente por la existencia de algún evento político o electoral". La juez parece exagerar un poco al hablar del "transcurso de un año", pues tras el 22 de marzo y el 24 de mayo ya no hay prevista ninguna otra cita electoral en 2015 a excepción de las catalanas del otoño, cuya relación con las causas que instruye alaya es nula. Las generales pueden, en efecto, celebrarse en noviembre, pero también pueden hacerlo a principios de 2016. Ese mismo calendario electoral ahora utilizado con bastante desahogo por la juez en su defensa ha sido interpretado de manera muy distinta por el juez instructor del Supremo en la causa de los ERE, que sí ha citado a declarar a los aforados una vez pasadas las elecciones autonómicas. LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS En el auto, la magistrada también deja claro que la diligencia acordada "no trata de la ratificación de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, sino que se trata de la ratificación del informe pericial acordado en las presentes actuaciones y realizado por peritos que tienen como cualidad profesional ser interventores del Estado, si bien la pericia se realiza con total y absoluta independencia de la Intervención General del Estado, sin que obviamente requiera la firma del interventor general como echan en falta los solicitantes". Asimismo, recuerda que "ya se puso de manifiesto en el auto de 17 de febrero de 2015" --donde rechazó la petición de suspensión planteada por tres exaltos cargos de la Junta-- que el auto de 30 de septiembre "por el que se acordaba 'demorar' la ratificación del informe pericial para que fuera practicada en su sede definitiva, se dictó antes" de que el Tribunal Supremo, mediante auto de 13 de septiembre, "estimara su competencia ante la exposición razonada elevada por este Juzgado únicamente respecto de la posible participación en hechos delictivos de los cinco aforados nacionales, expresando dicho Alto Tribunal que el resto del procedimiento debía continuar ante los órganos competentes". CATORCE LARGOS MESES Por ello, "las razones que en su momento existieron para retrasar la práctica de la diligencia acordada, dejaron de estar vigentes con el pronunciamiento del Tribunal Supremo", asevera la instructora. Todo ello "sin que el hecho de que se haya elevado dicha exposición merme ni un ápice la competencia de este Juzgado para practicar cuantas diligencias considere convenientes ordenar en la presente causa, pues aparte de los aforados hay más de 250 imputados, para los cuales es especialmente relevante la prueba, competencia que sólo cesaría si el TSJA llegara a pronunciarse reclamando la competencia de la misma". La 'relevancia de la prueba' resaltara ahora casaría mal con el hecho de que la juez haya tardado 14 meses en practicarla, dado que la fecha del informe de la IGAE es de diciembre de 2013. PÁRRAFOS BAJO SOSPECHA Como se recordará, un análisis comparativo del informe pericial y de los autos judiciales llevado a cabo por las defensas de algunos de los imputados evidenciaba que la instructora pudo haber ocultado a las partes durante semanas y tal vez meses ese crucial informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), fechado el 12 de diciembre de 2013 y cuya tesis central coincide casi al milímetro con la que viene defendiendo Alaya en su instrucción: que la Administración andaluza hizo un uso improcedente de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales que debieron tramitarse y pagarse como subvenciones excepcionales, cuya fiscalización es previa al pago y sería mucho más rigurosa. Fue ese 12 de diciembre o al día siguiente cuando las partes tuvieron acceso al mismo, pero en autos dictados por la juez y en interrogatorios realizados semanas y hasta meses antes de esa fecha la instructora incluía párrafos textuales del informe de la IGAE o formulaba a los imputados preguntas muy técnicas que parecían inspiradas en el dossier pericial de los interventores del Estado. Ese dossier lo habría tenido en su poder Alaya, pero no los imputados, que lo desconocían en el momento de someterse al interrogatorio de la juez, lo que a su vez habría limitado gravemente su derecho de defensa. NO HAY INDEFENSIÓN Por lo demás, la juez pone de manifiesto en su auto, de otro lado, que "ninguna indefensión pueden alegar razonablemente" los dos exconsejeros "cuando desde el dictado del auto de 18 de diciembre de 2013 se les llamó a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al presente procedimiento para que pudieran participar en cuantas diligencias tuvieren lugar". "Desde entonces, esta es la primera vez que se dirigen a este Juzgado, sin una mención clara de querer personarse en las actuaciones, que lo sería siempre en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa", dice la juez Alaya, que "tiene por comparecidos" en la causa a los dos exconsejeros "en virtud de copias de escrituras de poder aportadas". UNA PRUEBA CLAVE Además, "tampoco tiene el menor sentido la afirmación de que debe ser el Tribunal Supremo quien deba llamar eventualmente a los peritos a una ratificación contradictoria al haber asumido dicho elemento probatorio", ya que la referida ratificación "resulta necesaria en la presente instrucción, al ser la prueba clave de la misma para el grueso de los imputados de esta causa que no gozan del privilegio del aforamiento". Todo ello, añade, "con independencia de que el Supremo pueda, también, en la instrucción que lleva a cabo, ordenar la ratificación con contradicción de dicho informe pericial", punto en el que anuncia que remitirá al Supremo "testimonio de lo que aquí se practique con motivo de la comparecencia de los peritos".