No citó expresamente el caso de los ERE, pero no hizo falta que lo hiciera para ser perfectamente entendida por un entregado auditorio de unas 400 personas que acudieron este miércoles a la charla organizada por los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Mercedes Alaya habló de las macrocausas para defender su necesidad y criticar la reciente reforma gubernamental de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone límites a los plazos de instrucción. En estos términos se expresó Alaya en relación a los ERE: "El legislador sabe que existen en curso diferentes 'macrocausas', todos conocemos las que se llevan en esta ciudad y también en otras partes del territorio español, unas por financiaciones ilegales de partidos, otras por financiación ilegal del electorado de otros partidos". LA PISTOLA HUMEANTE DEL VOTO CAUTIVO Ciertamente, no citó los ERE, pero era evidente que se estaba refiriendo a este caso, cuya instrucción ella impulsó y dirigió durante cerca de cinco años a lo largo de los cuales ha intentado demostrar precisamente lo que ayer denominó, en lenguaje más político que judicial, ‘financiación ilegal del electorado’. Prácticamente desde el inicio de la instrucción Alaya consideró que había encontrado indicios claros que demostrarían la antigua tesis de la derecha andaluza del ‘voto cautivo’, ‘las redes clientelares’ o 'el régimen' para explicar por qué el Partido Socialista viene ganando unas elecciones tras otras desde hace más de 30 años: los ERE serían la ‘pistola humeante’ de la culpabilidad socialista, la prueba inequívoca de que compraba votos y doblegaba resistencias con dinero público. Además de decirlo ayer con la expresión ‘financiación ilegal del electorado’, Alaya lo había venido diciendo en muchos de sus autos judiciales y de manera especial en la exposición razonada de motivos elevada al Tribunal Supremo para solicitar que investigara a varios altos cargos aforados de la Junta de Andalucía. LA DOBLE HIPÓTESIS En aquel escrito, la jueza dejaba bien claras las dos hipótesis nucleares de su investigación: una, que “las subvenciones se concedían sin solicitud, sin documentación justificativa, sin existir por parte de la Consejería de Empleo bases reguladoras debidamente publicadas” y dos, que “esta subversión normativa y procedimental determinaba presuntamente que las ayudas en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas que por un motivo u otro estaban próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz, tejiéndose además un selecto círculo de influencias que iban desde los sindicatos, agencias o mediadores de seguros y despachos de abogados, que propiciaban habitualmente la concesión de tales ayudas, obteniendo importantes beneficios económicos por su gestión”. La juez Mercedes Alaya, actualmente destinada en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, criticó duramente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que "las macrocausas seguirán existiendo porque la realidad nos las impone y no porque los jueces queramos instruir macrocausas", informa Europa Press. LA CULPA DE LAS PRESCRIPCIONES Alaya, que participaba en esta jornada el mismo día en que declaraban como investigados por los ERE los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, defendió además que "la culpa" de que se puedan producir prescripciones y dilaciones indebidas "no las tenemos los jueces, sino estas tramas delictuales" y estos 'macroprocesos' que "son extremadamente complicados y generan un esfuerzo personal y material que sobrepasa nuestras posibilidades". En su opinión, "la culpa" a su vez de que se produzcan estas tramas delictivas "no las tenemos los jueces, la Policía o la Guardia Civil, sino que se han consentido durante mucho tiempo y esa corrupción política existe con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente". Y argumentaba así su tesis: "Imaginaros qué pueden pensar las defensas de estos señores que están imputados si una Ley ya les dice que macroproceso es igual a dilación indebida; esto no es así", por lo que opinó que, por todo ello, "la reforma empieza bastante mal". PLAZOS DE INSTRUCCIÓN En este sentido, y volviendo a abordar el asunto de la prescripción de delitos --lo que ya ha ocurrido en el caso de los ERE fraudulentos que ella investigó entre 2011 y 2015--, la juez afirmó que "no tiene que ver con los plazos que se usan en la instrucción, sino con el momento en que se inicia la investigación judicial y se dirige el procedimiento contra el culpable". A su juicio, "el problema es que se averigüe que hay indicios de la existencia de este delito demasiado tarde y ese delito se remonte a años ha", pues "entonces vamos con prisa y celeridad" y los medios materiales "no nos permiten seguir investigando eficazmente", pero opinó que "el problema no es nuestro" sino que "es por circunstancias ajenas a nosotros". "A lo mejor se estaba cometiendo --el delito-- desde 2001, pero si lo comenzamos a investigar en 2011 entonces tenemos un serio problema", aseveró.