Las diferencias entre los tres partidos de la izquierda andaluza son más de matiz que de fondo en lo que se refiere a la financiación autonómica como tal, es decir, a los criterios y mecanismos para cuantificar los fondos que Andalucía debe recibir para garantizar la prestación de sus servicios públicos esenciales.

Eso no significa, sin embargo, que PSOE, Podemos e IU estén en todo de acuerdo: los dos últimos enfatizan, por ejemplo, la derogación del artículo 135 de la Constitución o el compromiso de destinar unos porcentajes mínimos a educación y sanidad, algo que no hace explícitamente el PSOE, aunque también apuesta por blindar la financiación de los servicios básicos. 

Si el PSOE hizo pública su propuesta la semana pasada, hoy han sido Izquierda Unida y Podemos quienes han elevado las suyas al grupo de trabajo constituido en el Parlamento andaluz para acordar un posicionamiento común sobre la reforma del sistema de financiación.

5.000 millons más

El coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha informado de que su grupo cifra en 5.000 millones de euros la insuficiencia estructural que sufre la financiación andaluza, una cantidad que a escala nacional sitúa en 18.000 millones, mientras que Podemos establece una horquilla de entre 16.500 y 20.900 millones de euros.

IU apuesta por la nivelación total de los servicios, la progresividad en materia fiscal y suficiencia en el reparto de fondos, pero no quiere oír hablar ni de centralismo ni de confederalismo, sino de un federalismo comprometido con equidad fiscal.

Contra el 'dumping' fiscal

La federación de izquierdas también rechaza allegar más fondos vía incremento del IVA: es preciso rediseñar la arquitectura fiscal con mayor progresividad y frenar en seco la tendencia al ‘dumping’ fiscal que practican las comunidades con mayor nivel de renta o mejor financiación.

Al igual que el PSOE, IU insiste en identificar qué nivel de gasto e inversión pública precisan las necesidades del estado del bienestar y en rechazar cualquier mecanismo de copago. Por lo demás, a sanidad –dice la propuesta de IU– se debe destinar el 7 por ciento del PIB, a educación el cinco por ciento y servicios sociales el dos, Renta Mínima aparte.

IU es igualmente partidaria de crear una hucha cuyos fondos se usarían en tiempos difíciles de baja recaudación, así como de dar más peso a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y promover que los sistemas forales vasco y navarro participen en los mecanismos de solidaridad interterritorial.

Mas allá de los partidos

El modelo propuesto por Podemos Andalucía lo ha explicado su responsable de Economía, Carmen Lizárraga, que ha dejado claro la filosofía que inspira su posición: en este tema “la militancia de Andalucía está por encima de la militancia de cualquier partido político”.

Podemos parte de un diagnóstico similar a los de PSOE e IU: el sistema tiene fuertes insuficiencias –que en el caso de Andalucía son dramáticas– que solo cabe paliar inyectándole más dinero, que en ningún caso puede salir ni de copagos en los servicios públicos ni del incremento de impuestos indirectos.

Podemos apuesta por aumentar el autogobierno ejerciendo todas las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía y por una reforma fiscal progresiva: “El problema de España es la insuficiencia de ingresos, no el exceso de gasto".

Ajustar la población

Aunque la población debe ser el principal criterio de asignación de fondos, es preciso afinar su ajuste a efectos de financiación introduciendo criterios como la tasa de paro o la precariedad laboral.  

En la misma línea que el PSOE e IU, para la formación morada las autonomías deben incrementar su participación en la recaudación fiscal del IVA y los Impuestos Especiales. También apuesta por instaurar un primer fondo para garantizar servicios públicos fundamentales, un segundo para el resto de servicios y un tercero a modo de hucha o de reserva.