Uno de los grandes temas políticos que deben ser abordados a lo largo del año 2014 es la revisión del sistema de financiación autonómica, un modelo quinquenal que nace de la LOFCA y que determina con criterios objetivos el dinero transferido por el Gobierno central, el gran recaudador, a las Comunidades Autónomas de régimen común para el desempeño de sus funciones y la prestación de los servicios asignados constitucionalmente. Una breve introducción a los elementos básicos del sistema de financiación puede leerse aquí.

La historia reciente muestra dos riesgos en el uso político y/o partidista de la negociación para diseñar un nuevo sistema de financiación o para corregir el existente, que es lo que se viene haciendo. Por una parte, que el Gobierno de España se encuentre en minoría y decida abrir la mano de la financiación autonómica para garantizarse apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, una situación que afectó al último Gobierno del PSOE y al primero del PP, ambos sin mayorías absolutas y que permitieron la mejora de las finanzas autonómicas cediendo una parte de la recaudación de impuestos de carácter estatal (IRPF, pero sobre todo IVA e Impuestos Especiales) a cambio del apoyo de CiU para consolidar una legislatura estable.

Otra posibilidad es el uso torticero y descaradamente partidista del modelo existente. Y eso fue lo que hizo el Gobierno del PP con Aznar a la cabeza y contra Andalucía en sus ocho años de mandato (1996-2004), cuando decidió mantener la población de 1991 y no la de 1996 para calcular lo que nos correspondía. Como Andalucía en esos cinco años había ganado población (400.000 habitantes más) y otras Comunidades habían perdido peso demográfico, Aznar decidió dar a Andalucía menos de lo correspondiente, desaguisado resuelto por la llegada del PSOE y de Zapatero al Gobierno en 2004, que se apresuró a cumplir con una demanda justa y a pagarnos 2.500 millones de euros que se utilizaron para acometer importantes inversiones públicas en nuestra Comunidad Autónoma.

Así que la revisión del modelo se afronta por una parte con un cierto recelo, y por otra parte con la necesidad, desde Andalucía, de poner encima de la mesa algunos datos reales.

Por ejemplo, los trabajos previos deben servir para destacar el comportamiento diferenciado de Andalucía en estos años de boom económico. Y desmontar mitos urbanos respecto a las finanzas andaluzas, aquejadas de las mismas tensiones de tesorería que otras finanzas autonómicas. Un acreditado estudio del BBVA pone de manifiesto que Andalucía actuó con rigor durante la crisis, y que su comportamiento financiero es equiparable al de la media española y mucho mejor que el de Murcia, Valencia, Baleares, Cataluña o Castilla-La Mancha.

También el debate previo debe utilizarse para trasladar a la opinión pública otro hecho muy relevante, puesto de manifiesto por FEDEA, la Fundación de las Cajas de Ahorros: si hay dos Comunidades Autónomas cercanas a la quiebra al estilo del Ayuntamiento de Detroit, con déficits disparados y disparatados, muy superiores a la media nacional, se trata de Baleares y de Valencia, víctimas de la voracidad institucional del PP y azotadas por la corrupción (probada y presunta) de sus más altas instancias.

Una tercera cuestión a tener en cuenta es la del esfuerzo del ajuste que se viene realizando por las distintas Comunidades Autónomas para cumplir solidariamente con el compromiso europeo de reducir el déficit. Una semana antes de la presentación de los Presupuestos, el Gobierno central comunicó a las Comunidades la obligación de realizar un nuevo ajuste. Dicha comunicación se supo indirectamente, al trascender un documento enviado por Madrid a Bruselas, nueva capital del Reino. Ese ajuste supuso un tijeretazo a traición de más de 1.200 millones de euros en los Presupuestos andaluces para 2014. Y hay que decir que Andalucía está cumpliendo con lealtad con el Gobierno de España, como se pone de manifiesto en el resumen ejecutivo de los Presupuestos autonómicos para 2014 elaborado por el propio Ministerio de Hacienda.

Y para terminar con esta primera parte, también conviene estar al tanto de la veracidad de los ajustes acometidos por las diferentes Comunidades Autónomas. Prestigiosos investigadores independientes dudan de que Cantabria, Castilla-La Mancha y Baleares (todas gobernadas por el PP con mayoría absoluta) hayan podido reducir en el ejercicio 2012 un 25% sus gastos corrientes, como dicen haber hecho, y apuntan a soluciones imaginativas para presentar tan buenos datos macroeconómicos.

Por lo tanto, en primer lugar el debate puede y debe servir para reivindicar tanto la lealtad de Andalucía con los compromisos internacionales del Gobierno de España, como su gestión reciente de las finanzas públicas, algo de lo que no pueden presumir ni de lejos importantes Comunidades Autónomas aún gobernadas por el mismo partido político que sostiene al Gobierno de España.

Y vayamos ahora con los recelos. Esa lealtad no ha sido recíproca. El Gobierno de España ha subido los impuestos pero no ha trasladado a las Comunidades Autónomas la parte proporcional que les corresponde de la recaudación conseguida. El aumento de la presión fiscal sólo ha servido al Gobierno de Rajoy para mantener a duras penas las cifras de déficit, al tiempo que se ha obligado a las Comunidades a realizar ajustes más duros en la prestación de servicios públicos en un momento de crisis económica, desempleo masivo y penuria material.

Además, la implantación de nuevos tributos (tasas judiciales) que se iban a destinar a servicios finalistas (justicia gratuita) no ha ido acompañada de la definición de un modelo de reparto a las Comunidades Autónomas. El Ministerio se queda con todo, de nuevo, al menos hasta 2015. Y en el caso del ejercicio de la corresponsabilidad fiscal –por ejemplo, mediante la introducción de Impuestos autonómicos a los Depósitos Bancarios- el Ministerio de Hacienda los ha desactivado (con una enmienda nocturna presentada en el Senado) para compensar luego a las Comunidades con un tercio de la recaudación prevista (en el caso de Andalucía, 104 millones recibidos a finales de diciembre sobre unos ingresos previstos de 300 millones).

Para finalizar, existe el riesgo de corregir el modelo atendiendo a la coyuntura política. Valencia ha exigido al Gobierno de España 1.500 millones de euros de manera urgente para evitar la casi parálisis de su administración pública. Y la deriva soberanista de Cataluña fue intentada atajar, al principio, con más dinero procedente de la financiación autonómica, esto es, de la solidaridad entre territorios que recoge la Constitución Española. Una solución que perjudicaría a las Comunidades históricamente peor atendidas por el Estado.

Por lo tanto, hay que estar muy atentos a las maniobras del Gobierno de España. Los antecedentes del trato dado a Andalucía no son nada tranquilizadores. La celebración de elecciones autonómicas en 2015 y la desesperada situación de diversas Comunidades gobernadas por el PP tampoco ayudan a transmitir confianza. Es mucho lo que está en juego: la solidaridad del sistema, la igualdad de oportunidades, la justicia social y el mantenimiento de los servicios públicos básicos del Estado del Bienestar. Estamos hablando de empleos privados y públicos, de profesores y médicos, de incentivos a empresas, de universidades y universitarios, de futuro. Andalucía ha hecho sus deberes. Sólo de trata de pedir un trato justo. Veremos lo que ocurre.

 

* Enrique Benítez es diputado socialista por Málaga en el Parlamento andaluz