Tras una compleja reunión preparatoria antes del juicio, Antonio Narváez y Antonio Martínez, de 80 y 78 años respectivamente, apuraban ayer las últimas horas hasta la gran cita de hoy en el juzgado número 8 del Prado de San Sebastián, Sevilla. Por primera vez un juez les tomarán declaración sobre sus familiares asesinados durante el franquismo, al inicio de la Guerra Civil en el marco de las actuaciones de la jueza argentina María Servini de Cubría, que desde abril de 2010 investiga las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista. Dichas comparecencias se realizan tras la petición de Servini, en la única causa penal a nivel mundial abierta contra los crímenes del franquismo acontecidos en el estado español. “Llega tarde pero parece que va a llegar”, apunta Narváez, el más mayor de los declarantes. “Llamaba a mi abuela Carmen mamá porque a mi padre me lo mataron el primer día de guerra en Marchena (Sevilla) y a las dos semanas se llevaron a mi madre”. Desaparecidos sin rastro alguno, Antonio vivió desde los tres años con la amargura y dolor de no saber ni qué paso, saliendo adelante sin ningún tipo de respuesta. “Mi abuela no quería sacar el tema. Era demasiado duro para ella. Los primeros años de mi infancia la recuerdo viviendo en un llanto permanente”. En aquella guerra perdería a sus dos de sus hijos y a su yerno. TUMBA SIN NOMBRE PARA UN JORNALERO En 2004 quiso romper aqeul silencio que comenzó siendo apenas un niño. Sus padres, Enrique y Concepción, fueron asesinados en el verano del 36 y solo tenían 32 años. “Mi madre era analfabeta, la pobre ¿en qué política iba a estar metida?”. Su padre corrió peor suerte al ser alcanzado por una bala desde una ventana el primer día del golpe. “Herido se lo llevarían al hospital y allí lo dejaron morir. Era jornalero y nadie sabe dónde lo enterraron”. En 2004, Narváez se acercaría al Ayuntamiento de su pueblo, que no pisaba desde hacía treinta años después de tanto dolor. “Dejé la documentación de ellos allí para preguntar por la muerte de mis padres y después de once años no he recibido ninguna respuesta”. A Antonio Martínez no le daría ni tiempo a conocer a su padre. No recuerda ni su cara. Los recuerdos de su madre y de sus seres más cercanos han sido el único legado que le ha llegado de aquel jornalero que sufrió prisión durante veinte días en la cárcel de Ranilla para ser posteriormente fusilado en las tapias del cementerio de Sevilla. Manuel Martínez Domínguez nunca se había metido en política, tampoco había hecho mal a nadie en su pueblo, Escacena del Campo (Huelva). “Mi tío recuerda el día que llegó a la cárcel y no estaba. Trabajaba en el puerto y aquella mañana, a su llegada, recibió una americana de mi padre que le dejó un paisano que estaba por allí la noche antes del fusilamiento”, aclara. La lucha de Martínez viene de hace más de dos décadas. “Me acerqué al Ayuntamiento de Sevilla en los 80 y por más que preguntaba nadie me decía si mi padre estaba en una fosa”. En el camposanto hispalense se ubican al menos cinco fosas de represaliados por la dictadura. Martínez cree que su padre se encontraría en una de las de mayor tamaño, conocida como la del “campo de fútbol”, con más de tres mil posibles víctimas, tras las investigaciones realizadas por el historiador José María García Márquez. LA LLEGADA DE LA JUSTICIA ARGENTINA Narváez recuerda cómo llegaron a esta situación tras la retirada del juez Garzón en el año 2006. La jueza argentina María Servini abrió un proceso desde un juzgado de lo criminal de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad. La cita de hoy recoge los primeros frutos de esta jueza que lucha por una causa justa a través de una querella que “a la mayoría de los jueces parece darle miedo en un país que ha olvidado demasiado pronto”, se queja Narváez. Carpetas, documentos, fichas, fotos. Todo está preparado para las primeras intervenciones. La Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina estará presente en el proceso. Paqui Maqueda, uno de sus miembros de la misma, explica a los dos Antonios partes del procedimiento además de prometerles que se encontraría esta mañana junto a varios compañeros a las puertas del palacio de justicia. “El día de hoy será duro pero vamos a estar ahí porque es el principio de otra etapa. Solo esperamos que algún juez español empiece pronto a tomar ejemplo”, apunta. Tampoco faltarán muestras de apoyo de representantes políticos como Teresa Rodríguez, secretaraa general de Podemos en Andalucía, quien ha anunciado que no faltará a esta importante cita. También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada (ARMH) anunciaba en agosto pasado que presentaría una denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca ante la jueza argentina.