La ‘confesión’ del exdirector general de Formación Profesional para el Empleo del Gobierno andaluz, Carlos Cañavate, cesado hace unos meses, ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto a los agentes del instituto armado un nuevo frente de investigación que se suma a los que ya acumulan de los ERE fraudulentos y los cursos de formación: los consorcios de empleo de la Junta, corporaciones de derecho público o uniones temporales de empresas participadas por la Junta, ayuntamientos de las comarcas donde estaban ubicados y otras entidades. Según consta en el sumario de la operación 'Barrado', al que ha tenido acceso este periódico, Cañavate detalló en sede policial y como testigo cómo era la situación que encontró cuando asumió el cargo en octubre de 2013, ya bajo la presidencia de Susana Díaz y el cogobierno del PSOE con Izquierda Unida. Según Cañavate, cuando asumió el cargo se encontró 950 millones de euros de la Consejería de Empleo en partidas de formación sin justificar, lo que le escandalizó. Así se lo transmitió a la Guardia Civil el 4 de julio de 2014. EXCEPTUACIÓN GENERALIZADA Este exdirector general (que fue al que Susana Díaz encargó la misión de revisar todos los expedientes dedicados a la formación una vez que empezaron a saltar los escándalos) aseguró ante la Guardia Civil que entre 2007 y 2011 llegó a Andalucía una enorme cantidad de dinero procedente de Europa para cursos de parados. Su volumen era tan alto que la Consejería decidió comenzar a emitir resoluciones de "exceptuación". Es decir, se eximía a los beneficiarios de justificar el destino del dinero que recibía por que si no lo hacían no podían volver a presentarse a la siguiente convocatoria. Esta práctica está prevista por la Ley 3/2004 en su artículo 32.2, pero apunta que solo podrá usarse en casos excepcionales. Sin embargo, y según el testimonio de Cañavate, lo excepcional se convirtió en habitual, y la Junta comenzó a publicar resoluciones de "exceptuación" a partir de 2008. De esta manera, la Guardia Civil asegura en un atestado que "todos estos factores pudieron haber provocado que varios beneficiarios, a sabiendas de que las justificaciones de las subvenciones efectivamente no se estaban revisando, hubieran aprovechado esta falta de medios de control para utilizar las cantidades recibidas en gastos que nada tenían que ver con la finalidad para los que se otorgaron, pudiendo estar entre ellos varios consorcios de formación". CUATRO DE 14 De esta manera, y a finales del año pasado, la Guardia Civil inició unas nuevas diligencias y puso bajo su lupa a los 14 consorcios que a partir del año 1991 la Junta de Andalucía fue creando en las ocho provincias. De momento, los agentes se han centrado en investigar a cuatro de los 14, pero en el sumario aseguran que seguirán adelante con la investigación del resto. Así, la UCO, que trabaja en estrecha colaboración con la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga al  Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIOMIJAS), en Mijas (Málaga); el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTJ), en San Fernando (Cádiz); el Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (FORMAN), de Málaga; y el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (FORMADES), en Almonte (Huelva). En Mijas y en Almonte, la Guardia Civil ya ha detenido a tres personas, en un anexo de la operación 'Barrado'. Según fuentes policiales, lo hicieron por que era en los que más avanzada estaba la investigación. De hecho, el Consejo de Gobierno en su sesión del 28 de enero de 2014 disolvió tres de estos cuatro consorcios aduciendo "motivos jurídicos y desequilibrios económico-financieros y de funcionamiento que aconsejan la conveniencia de la supresión" de tres consorcios. Fueron el de Málaga, el de Almonte y el de San Fernando. EL FRAUDE DE LA SUBCONTRATACIÓN Los agentes se han centrado en estos consorcios precisamente por la declaración de Carlos Cañavate. En su atestado, la UCO asegura que el propio Cañavate los señaló "al considerar que una de las bolsas de fraude que pudiera haber en la formación estaba en la subcontratación, declarando que había dejado de conceder subvenciones a estos consorcios porque inmediatamente después de recibir la misma daban traslado del montante a una Unión Temporal de Empresas (U.T.E.)", según consta en el sumario. "El inicio de las investigaciones por estos cuatro entes, no es óbice para la posible ampliación de las indagaciones a otros consorcios en lo sucesivo", concluye el atestado de la Guardia Civil. Es decir, lo más probable es que la próxima operación dirigida por la jueza Alaya se dirija a investigar qué fraude ha podido existir en estos consorcios.