En su declaración judicial ante el Tribunal Supremo, José Antonio Griñán no reconoció de manera expresa ni literal su responsabilidad política, pero estuvo a punto. Lo que no admitió hace dos años, cuando cedió la Presidencia de la Junta a Susana Díaz porque tenía a la juez Alaya pisándole los talones, lo ha admitido ahora ante los jueces y, de hecho, ante los periodistas. “No hubo un gran plan pero hubo un gran fraude”, dijo el expresidente con una frase que quizá traía pensada de casa y que se ha convertido en uno de los titulares que con más sinceridad y crudeza resume lo sucedido. Un gran fraude que ocurrió siendo él consejero de Hacienda primero y presidente después y un gran titular que todos los socialistas han pensado alguna vez pero ninguno se ha atrevido a pronunciar. El grueso de la responsabilidad política sería, desde luego, de Manuel Chaves, aunque no solo suya. Sería, en realidad, de todo el núcleo duro del Gobierno andaluz durante la década de 2000. Y no porque conocieran el fraude, sino precisamente por lo contrario: porque no lo conocían. Si lo hubieran conocido, como cree Alaya que sucedió, su responsabilidad no sería únicamente política, sino también penal, que es justo lo que intenta esclarecer el Supremo. CUATRO AÑOS, TRES DERROTAS... A los socialistas andaluces les ha costado cuatro años naturales y tres derrotas electorales reconocer su responsabilidad política en el escándalo de los ERE, y eso a regañadientes, nunca de manera explícita. El propio Griñán nunca ha querido admitir que las razones de su dimisión fueron judiciales y no políticas, es decir, que primero fueron judiciales y luego fueron políticas: lo que en realidad desencadena su renuncia en el verano de 2013 es que Alaya había imputado previamente a Magdalena Álvarez por haber sido consejera de Hacienda hasta 2004 y, por tanto, la solicitud por parte de la juez de imputación del presidente, que sucedió a Álvarez en el cargo, era una simple cuestión de tiempo. O dicho con un titular: Griñán se adelantó a Alaya. Al expresidente no puede negársele el mérito, la oportunidad y el acierto de haber dimitido, pero sí la claridad, la contundencia y aun la sinceridad de las razones que entonces declaró que le habían llevado a hacerlo. La hubiera concertado o no previamente con los otros imputados y sus defensas, su declaración ante el instructor Jorge Alberto Barreiro marca de algún modo la pauta de la que harán en las próximas semanas Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. ...Y CINCO COSAS Las cinco cosas fundamentales que dijo el presidente fueron estas: 1. El fraude de los ERE no fue un problema de cómo se presupuestó, sino de cómo se gastó. 2. La Consejería de Empleo tenía que haber controlado ese gasto y no lo hizo. 3. La Intervención tiene la capacidad de fiscalizar cualquier gasto o subvención y, al menos en Empleo y en el IFA, no lo hizo. 4. El Parlamento pudo solicitar información detallada al Gobierno de cualquier gasto y tampoco lo hizo. 5. La Consejería de Hacienda ni supo ni tenía por qué saber que las cosas se estaban haciendo mal. Esta última es la única de sus afirmaciones que resulta poco verosímil. No elude, pues, el expresidente su responsabilidad política aunque, ciertamente, no la elude ahora, cuando ya está tarde o está a punto de ser tarde para hacerlo. Políticamente todo ello significa que, aunque el Supremo archive la causa en lo que se refiere a los cinco investigados/preimputados/imputados/superimputados, su permanencia en los escaños del Congreso y el Senado puede que ni siquiera agote los escasos meses que le quedan a la que sin duda será la última legislatura de su vida política. LA HORA DEL ADIÓS El resentimiento social y la sensibilidad política en relación a la corrupción y la mala administración del dinero público han cambiado tan radicalmente –y para bien– en los últimos tres años que, más allá de lo que exijan o dejen de exigir los partidos para respaldar la investidura de Susana Díaz, solo motivos personales o familiares podrían explicar –no justificar– que continuaran en sus escaños. Dejar de ir en las listas de noviembre para las generales no tiene ya valor político alguno, dado que lo contrario es inimaginable. Ante un virtual archivo judicial que, por supuesto, todavía está por ver, lo que tendría valor político y también ético, en tanto que sacrificado ejercicio de ejemplaridad pública, sería entregar las actas antes de concluir la legislatura y hacerlo diciendo más o menos esto: “La justicia ha demostrado que no cometimos delito alguno, nuestro honor personal queda intacto, pero, con los parámetros que ahora mismo –no hace tres años, ahora– rigen en la sociedad española, la responsabilidad política por lo ocurrido no puede ser negada y, por tanto, es insoslayable pagar por ella un precio que solo puede ser alto para que la sociedad española considere que es un precio justo”. En 2012, muy pocos en el PSOE andaluz habrían estado de acuerdo con un desenlace como este que se propone, tan doloroso para personas tan queridas en el partido y con una hoja de servicios tan brillante. En 2015, muy pocos en ese mismo PSOE andaluz estarían en desacuerdo con él.