'Santa Rita Rita, lo que se da no se quita', parecen haber dicho los ediles almerienses. La Fiscalía ha solicitado a un juzgado de instrucción de Vera (Almería) que abra procedimiento penal para investigar la supuesta no devolución por parte de cuatro concejales del equipo de gobierno del PP entre 2011 y 2015 de los teléfonos móviles y tabletas de los que se les hizo entrega durante el anterior mandato para el ejercicio de su cargo. En su denuncia, el Ministerio Público considera que los hechos comunicados por el actual equipo de gobierno, liderado por el alcalde andalucista Félix López, podrían ser constitutivos, sin perjuicio de una posterior y más depurada calificación, de presuntos delitos contra la administración pública. En concreto, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, apunta a la supuesta comisión, bien de un delito de malversación de caudales públicos, bien de un delito de apropiación indebida “por haberse quedado con esos bienes muebles”, propiedad del ayuntamiento, “que recibieron por razón de sus cargos y que no han devuelto, una vez cesados en ellos y pese haber sido requeridos al efecto”. El fiscal pide al juzgado instructor de Vera sobre el que recaiga por reparto la incoación de diligencias previas que tome declaración en calidad de investigados a los cuatro cargos públicos denunciados, dos de ellos actualmente en la oposición mientras que los otros dos no han repetido como concejales. Interesa, asimismo, que se tasen los “teléfonos móviles y los equipos informáticos referidos” en la denuncia que presentó el Ayuntamiento de Vera, al que, por otra parte, hace ofrecimiento de acciones para que se persone en la causa como perjudicado. El Ministerio Público, que remite a los juzgados de Vera 40 folios de documentación, pide que declare el procedimiento complejo para que el plazo de instrucción se fije en 18 meses dada “la diferente documentación y periciales que durante la instrucción habrán de incorporarse, la existencia de varios hechos punibles y la existencia de varios investigados”. Fuentes municipales han indicado a Europa Press que la decisión de llevar a la Fiscalía los hechos se adoptó en el seno de una junta de gobierno celebrada el 13 de agosto de 2015 y de acuerdo al informe elaborado por los técnicos en los que se informaba de que, al cesar de sus cargos, cuatro ediles no habían hecho entrega de los dispositivos electrónicos “de última generación, que sabemos que sí retiraron porque hay acuses de recibo”. “A partir de ese informe el gabinete jurídico recogió información para aclarar dónde estaban ya que no aparecían ni en inventario y cuándo se supo, se requirió a los denunciados en varias ocasiones por escrito para que los devolviesen pero no hemos recibido respuesta”, han explicado para concluir remarcando que el Consistorio “tiene el deber de velar por los bienes municipales y por eso nos hemos visto en la necesidad de denunciarlo en Fiscalía”.