La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez ha testificado este martes, en calidad de imputada y no de detenida, "durante cinco minutos" como expresidenta de la empresa pública Mercajerez ante la Policía Nacional en el marco de la 'operación Edu', que investiga los cursos de formación en Andalucía. Sánchez ha aclarado a los investigadores que no sabía "nada" de los cursos y señala que en las dependencias policiales estaba "todo Mercajerez". Otros citados por la Policía, ya sea en calidad de detenidos o de imputados, son dos concejales del PSOE de Roquetas de Mar y Arcos de la Frontera y otro edil del PP de Rincón de la Victoria, así como un sacerdote de Jerez perteneciente a un centro de enseñanza que impartía formación y habría cometido fraude con los fondos asignados. Está previsto que los arrestos y citaciones continúen durante los próximos días, aproximándose al centenar. Según ha explicado Sánchez a Europa Press, la Policía le pedía este lunes que acudiera a "testificar" a las 9,00 horas de este martes en calidad de expresidenta de Mercajerez, recalcando que los propios funcionarios policiales le aseguraron que "en ningún caso estaba arrestada ni detenida". Sánchez, que no pertenece ya al PSOE desde hace varios meses, explicó que el interrogatorio, que "ha durado cinco minutos", se ha centrado en conocer "si conocía los cursos que se daban allí --en Mercajerez--", aclarando la exalcaldesa que "no tenía ni idea" sobre cualquier asunto relacionado con ese extremo, ya que "todas las competencias estaban delegadas en el gerente". Desde las 9.00 de esta mañana, una veintena de presuntos culpables de haber cometido fraude en los cursos de formación están compareciendo en las comisarías provinciales de Cádiz, Málaga y Almería en calidad de detenidos o imputados. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional les ha recomendado que fuesen acompañados de un abogado. Se trata de la segunda fase de la conocida como operación Edu, que investiga el fraude en los cursos de formación en las ocho provincias de Andalucía entre los años 2009 y 2013. Entre los acusados hay algunos políticos, pero sobre todo y mayoritariamente empresarios, según han confirmado distintas fuentes. LOS FONDOS NO FUERON A FORMACIÓN Los acusados aparecen en muchos casos en los expedientes con los que ha trabajado la Policía Nacional en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. En el caso de Almería se trata de una resolución de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo que afecta a un total de 20 entidades, que se habrían beneficiado de los cursos de formación de esa convocatoria y que en la mayoría de los casos habrían cometido fraude. Es decir, no habrían destinado los fondos recibidos a los cometidos para los que les fueron concedidos. El trabajo de la Policía Nacional está siendo muy laborioso y se están encontrando con nuevas vías de investigación, fundamentalmente gracias a la colaboración ciudadana. Así, la UDEF está recibiendo una auténtica avalancha de denuncias sobre supuestos fraudes en distintos cursos de formación, no solo impartidos en Andalucía, sino también en otras comunidades autónomas. Las investigaciones que durante estos meses ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han descentralizado y dividido por los diferentes juzgados de todas las provincias andaluzas, en donde se sospecha que hubo fraude en los cursos de formación que se gestionaban a través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta.