La ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto ha declarado este jueves como imputada por un presunto delito de prevaricación ante la juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, y ha defendido que la Junta actuó con "legalidad" y fue "especialmente exquisita" en este caso. En declaraciones a los periodistas tras prestar declaración durante dos horas ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, María José Asensio se ha mostrado "satisfecha" de haber podido contestar a "todas" las preguntas de la magistrada y de resolver "todas las dudas" que le han podido manifestar tanto la instructora como la fiscal. "Al menos ya ha llegado el momento en que nosotros podemos responder", ha puesto de manifiesto. "Ha quedado claro absolutamente todo lo que me han preguntado y yo he intentado dejarlo claro, también con mi capacidad y las dos horitas de tiempo que hemos estado", ha agregado la ex directora general de Minas, que fue cesada tras su imputación en agosto y que, en su comparecencia, únicamente ha respondido a las preguntas de la juez, de la fiscal y de las defensas, negándose a contestar a las preguntas de las acusaciones que ejercen Ecologistas en Acción y Emerita. Preguntada por si la Junta ha actuado con "legalidad" en el procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, la imputada ha respondido que "absolutamente", añadiendo que "hemos sido especialmente exquisitos en este caso", y "es lo que he intentado trasladarle a la juez". CONFIANZA EN LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL Asismimo, y cuestionada por si confía en volver al puesto del que ha sido cesada, María José Asensio ha respondido que confía "absolutamente" en la instrucción "y en el trabajo que hay que hacer aquí, y más allá de eso no pienso siquiera". De su lado, el abogado de la ex directora general de Minas, José María González, ha dicho a los periodistas que, en su declaración, su patrocinada ha defendido que su actuación fue "correcta" y que "no hay en absoluto ninguna irregularidad que pueda traernos aquí". Sobre la solvencia económica de las empresas, el letrado ha señalado que el auto dictado por la juez "habla de unas contradicciones en la actuación de una señora que venía de Invercaria", en referencia a Pilar Trujillano, quien "no tenía que avalar la solvencia económica", pues la mesa del concurso público para la adjudicación del yacimiento "tenía que constatar que se daban los requisitos necesarios para constatar la solvencia", y Trujillano "tenía que asesorar a la mesa, pero no tenía que avalar nada". "Asesoró a la mesa, tenía que dar una serie de parámetros y ya está" en base a la documentación aportada por ambas empresas, ha aseverado el abogado, que ha mostrado su confianza en que la juez levante la imputación respecto a su cliente, "porque no ha habido ninguna irregularidad".

A su juicio, "es un asunto de que el que no ha ganado está protestando", de manera que "este no es el escenario donde hay que dirimirlo". "Hay que dirimirlo en el contencioso-administrativo, no en la jurisdicción penal", ha remarcado.

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación en nombre de Emerita, Ramón Escudero, ha lamentado que la imputada se haya negado a responder a las preguntas de las acusaciones y ha asegurado que, en su comparecencia, "ha quedado claro que no dice la verdad". En el auto de imputación, dictado el 31 de julio, la juez consideraba "necesario" citar como imputada a la ex directora general de Industria, Energía y Minas "como responsable del procedimiento seguido a efectos de resolver sobre la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros de Aznalcóllar y firmante del decreto por el que se resuelve el concurso". Una vez ha concluido la declaración de Asensio, la juez tomará declaración a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a todos los cuales imputa un presunto delito de prevaricación. La juez ha citado a los tres primeros imputados después de que, el pasado lunes, tomara declaración a tres testigos, en concreto dos trabajadores de la mina y el experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Juan José Negro Balmaseda, quien ratificó que el proyecto de Minorbis contenía "errores aritméticos", aunque admitió haber analizado únicamente seis folios de los casi 3.000 que conforman dicho proyecto. SOLVENCIA ECONÓMICA En el auto de imputación, la instructora comienza señalando que, sobre las cuestiones de solvencia económica, varios de los integrantes de la mesa del concurso público para la adjudicación señalaron a la Policía que "la acreditación del capital social suscrito y desembolsado por parte del grupo México-Minorbis y la comprobación de las cuentas anuales de la misma fue estudiada" por Pilar Trujillano Mantilla, "quien expuso al resto de la mesa que la documentación aportada era correcta". "Dicha afirmación no sólo se ha efectuado por los integrantes de la mesa" en sus declaraciones policiales, "sino que también se incorpora" en el documento elevado el 13 de julio al Juzgado por la directora general de Minas, documento "que firman, personalmente, los seis integrantes de la mesa y donde declaran, a propósito de la reunión del día 28 de abril de 2014, que durante esa mañana se analiza la documentación de las tres empresas con el asesoramiento de Pilar Trujillano en el apartado de la acreditación de la solvencia financiera de las licitadoras". Asimismo, y respecto de la concreta intervención en materia de acreditación de la solvencia financiera y técnica de Pilar Trujillano, la juez destaca la referencia que a dicha intervención hacen en sendos informes jurídicos Pastora Sánchez de la Cuesta y José Marcos Acosta, punto en el que asevera que todas estas afirmaciones "contrastan de plano" con la declaración que prestó como testigo la propia Pilar Trujillano. Y es que Trujillano, según recuerda la instructora, negó "haber tenido la relevante participación como asesora de la mesa que los miembros de la misma le atribuyen al señalarla como la persona que adveró la solvencia económica del grupo México", confirmando asimismo que "resultaría imposible realizar un estudio de este calado en una reunión cuya duración no llegó a las tres horas".