La sociedad Emerita Resources, que ha concurrido al concurso internacional minero de Aznalcóllar, ha presentado este jueves una denuncia contra la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude por la resolución del concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla). La denuncia presentada este jueves ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que la conclusión de la segunda fase ha sido, al entender de Emerita Resources, "absolutamente irregular y contraria a Derecho". Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que la Junta defenderá "con todas nuestras fuerzas" y por todas las vías que consideren a los funcionarios que han actuado en el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, dentro del concurso internacional abierto para propiciar la reapertura de la mina. Emerita pide que se requiera de la Administración el expediente completo del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, "para así conocer los informes y criterios de valoración, así como para poder comparar las ofertas presentadas y ver si se ajustan a dichos informes y valoraciones", que se requiera el expediente completo de la adjudicación de la mina de Paymogo. QUE SE TOME DECLARACIÓN A TODOS Pide que se tome declaración a los representantes legales de las empresas participantes en dichos concursos, que se tome declaración a los miembros de la mesa de contratación que ha adjudicado la mina de Aznalcóllar, que se tome declaración a los técnicos de la Junta que han emitido los informes previos y las valoraciones para la adjudicación; y que se solicite del Ministerio correspondiente, el expediente de las ayudas concedidas para comprobar si efectivamente se han llegado a devolver los préstamos y bajo qué condiciones de concedieron. Según apunta, Emerita superó la primera fase del concurso, junto con otra única competidora, Minorbis-Grupo México, y pasó a la segunda y definitiva, donde debían concederse las puntuaciones finales para ambas ofertas. La compañía ha informado de que "durante todo el procedimiento del concurso, de forma absolutamente ilegal e irregular", se les ha "negado el acceso al expediente", dejándolos en "una situación de absoluta indefensión". Lamenta la "voluntad de ocultación por parte de la Administración, que dicta resoluciones evidentemente contrarias a Derecho, con una actitud arbitraria y patentemente prevaricadora", apunta. De esta manera, critica que no pueden, "más allá de comentarios verbales", saber "el criterio usado para valorar las ofertas ni conocer las auténticas razones de las decisiones tomadas". Esta actitud, según detalla, de "ocultación y mala fe" no es exclusiva de este procedimiento y ha recordado el concurso de adjudicación de la mina de Paymogo, en el que le han negado "repetidas veces" el acceso a los expedientes y cuando se lo han permitido "sólo mostraron partes irrelevantes del mismo". APERTURA DE SOBRES EN SECRETO Emerita Resources ha advertido de que los sobres de la segunda fase se habían abierto "previamente en secreto" y sólo se retransmitió en directo vía Internet la lectura de un acta donde se daban a conocer las puntuaciones, de manera que considera que "los sobres se habían abierto previamente en secreto, y supuestamente había dado tiempo a estudiarlos y emitir las puntuaciones". Considera que las consejerías "tendrían que haber emitido preceptivos informes para poder efectuar dichas valoraciones, pero dichos informes permanecen ocultos, de modo que no se explica cómo se han concedido los puntos, los criterios, ni detalle alguno por mínimo que sea". Sobre la empresa adjudicataria, Emerita precisa que Minorbis es "una sociedad limitada unipersonal constituida con el capital mínimo permitido por la legislación mercantil, pocos días antes de la presentación de su oferta". Alude asimismo a la "opacidad" de su funcionamiento, de manera que, a su juicio, existe "un entramado societario organizado habitualmente para poder realizar con opacidad operaciones". "La realidad es que Minorbis es una filial de Magtel, una empresa sin ningún tipo de experiencia en minería, y que no cuenta con medios ni personal especializados ni con conocimientos en la materia, aunque ha obtenido numerosas concesiones de la Junta", asevera Emerita en su denuncia, tras lo que ha aludido a la noticia de los "desastres ecológicos" de Grupo México. PUNTUACIONES Asimismo, en la denuncia Emerita detalla las puntuaciones obtenidas en dicho concurso tanto por ellos como por México Minorbis. Sobre el proyecto de investigación, Emerita ha aludido a una "enorme disparidad" de la documentación entregada y a la "mayor calidad" de su oferta; mientras que discrepa de haber obtenido menor puntuación en el proyecto técnico y medioambiental, toda vez que Emerita "cuenta con una más que probada experiencia y un enorme prestigio en el sector de la minería". Precisa que el proyecto de Emerita "abarcaba cuatro baúles de documentación, con más de 9.000 folios en 29 tomos y 600 planos", mientras que el de Minorbis-Grupo México "se reducía a cuatro o cinco tomos", por lo que, a su juicio, "es increíble que tan escaso proyecto de una empresa sin experiencia ni medios haya obtenido más puntos que nuestro proyecto, salvo que se haya presionado a los técnicos de la Consejería para que emitan informes carentes de objetividad". Considera que en el apartado de medio ambiente "radica una de las principales razones para entender que se han producido graves irregularidades en el proceso de adjudicación". Explicó el sistema propuesto para eliminar el agua albergada en el pozo abierto, para lo cual Emerita propuso "un ingenioso y novedoso sistema de recirculación cerrada de todo el agua, que de esta forma podría ser reutilizada para los trabajos de explotación, con total seguridad tanto para trabajadores como para el entorno". Han indicado que dicha solución, "además contó con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir". En ese punto ha expresado su sorpresa toda vez que "poco antes de la resolución de la segunda fase del concurso, Magtel lleva a cabo una exposición pública donde anuncia que su intención es llevar a cabo un plan que, en líneas generales, es una copia parcial de nuestro proyecto de circuito cerrado de agua". Agrega que "de las declaraciones públicas de Magtel, se desprende que pretenden realizar sus extracciones mineras debajo de la Corta del Fraile, que está inundada y contiene alrededor de 12 millones de metros cúbicos de agua, lo que supondría un tremendo desastre en el que podrían morir los mineros que pretendiesen acceder a una mina que se inundaría". VALORACIONES BAJO SOSPECHA Sobre el proyecto económico, Emerita ha recordado que su oferta de inversión es de 641,5 millones de euros, frente a los 304,6 millones de euros de Minorbis, lo que "es un dato suficientemente revelador como para entender cocinadas las valoraciones". Emerita considera que "es técnicamente imposible que con una inversión de 111,6 millones de euros en la planta industrial y termosolar se puedan ejecutar dichas instalaciones, y mucho menos generar la anunciada capacidad productiva de 2,7 millones de toneladas al año". Ante las sospechas que tenía, Emerita decidió levantar un acta notarial para certificar el exacto contenido de su proyecto, para "acreditar qué era exactamente lo que se presentó y aportó, y puede servir para compararlo con otros proyectos, a los efectos de comprobar las auténticas diferencias, los criterios de valoración usados por la Administración y si ha existido algún tipo de plagio o copia". Alude a las "excepcionales relaciones" entre la Junta de Andalucía y Magtel con las concesiones de parques eólicos y apunta que "el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, bajo el gobierno del PSOE, le concedió a Magtel préstamos finalistas, para instalar redes de fibra óptica, "pero una vez recibido el dinero fue usado para pagar deudas y con otros fines, por lo que apunta un posible delito de fraude de subvenciones". SÁNCHEZ MALDONADO DEFIENDE EL PROCESO Sánchez Maldonado se ha mostrado "convencido" de que el proceso de adjudicación "ha sido totalmente riguroso, escrupuloso al máximo" y que es "ejemplo para toda la minería mundial de proceso  internacional y sobre cómo debemos de asignar los proyectos mineros". En ese sentido, asevera que está "convencido" de que "nuestros funcionarios han cumplido con su obligación al pie de la letra" y de que "todo el proceso es totalmente correcto". Tras reconocer que aquellos administrados que piensen que sus intereses "no han sido legítimamente tratados" tienen "todas las vías, tanto la administrativa como la judicial", ha dejado claro que "también la Consejería y la Junta tienen para defenderse todas la vías administrativas y judiciales", por lo que asevera que "en defensa del papel que han jugado los funcionarios, no renunciamos a ningún tipo de actuación". Así, ha dejado claro que "si contra los funcionarios que han actuado en el proceso se les acusara de algo que fuera injusto, los defenderemos con todas nuestras fuerzas; es nuestra obligación y estoy convencido de que ha hecho un papel magnífico". El consejero reconoce que todavía no he visto la denuncia pero ha insistido en que "no vamos a permitir que se maltrate a los funcionarios de la Junta, ni administrativa ni judicial ni penalmente", por lo que "los vamos a defender y haremos lo que tengamos que hacer y lo que los servicios jurídicos nos digan que podemos hacer".