La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha suspendido las declaraciones previstas esta semana de 35 nuevos imputados por ayudas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de no imputar a doce de ellos por prescripción de los posibles delitos.

Pendiente de resolver la petición de Fiscalía
En una providencia dictada el pasado 20 de marzo y conocida hoy, la juez informa de que suspende las declaraciones de los imputados por un delito de malversación hasta que se resuelva la petición de la Fiscalía.

Prescripción de delitos
Anticorrupción solicitó la prescripción de los delitos para los empresarios que percibieron ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas cuyo importe sea “claramente inferior” a 450.000 euros, y siempre y cuando hayan pasado diez años desde que la recibieron hasta que la juez dictó el auto de imputación el 6 de febrero de 2015.

La Fiscalía sostiene que no podrán considerarse de “especial gravedad” las ayudas inferiores a los 450.000 euros para aplicar el subtipo agravado respecto al delito de malversación. En este caso se encontrarían doce de los 35 imputados, según la Fiscalía, que solicita que se les llame a declarar pero en calidad de testigos. Si se atiende a su solicitud, la Fiscalía pide que se exija la devolución íntegra de la ayuda a la persona física o jurídica que se benefició del dinero.

Tras examinar el atestado policial de la Sierra Norte, la Fiscalía pide la imputación de otras seis personas que recibieron ayudas para sus empresas y que no estaban incluidas en la lista de 35 acusados.

Un fallecido
Además, la juez ha conocido que uno de los 35 imputados de su auto del 6 de febrero pasado ha muerto, por lo que “se declara extinguida la acción penal” contra él, “sin perjuicio de la acción civil que en su caso pudiera corresponder contra sus herederos y causahabientes”.

Una monja imputada
Las declaraciones de los 35 imputados, entre ellas las de una monja que fue presidenta de una cooperativa textil antes de entrar en un convento, estaban previstas entre hoy y el viernes 27 de marzo, con siete personas citadas cada día por la juez.

En su auto de imputación, Alaya amplió las acusaciones contra los consejeros Antonio Fernández y Martín Soler y otros cinco ex altos cargos, que han sido citados el 7 de abril.
La juez imputó en febrero pasado a 35 nuevas personas tras analizar una treintena de ayudas concedidas a partir de 2003 por valor de más de once millones de euros.

Amistades de Francisco Javier Guerrero
La mayoría de las ayudas se concedieron gracias a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones, según la juez.

Las ayudas de entre 44.000 y 1.200.000 euros que se concedieron a empresas tenían como “denominador común la ausencia de procedimiento”, estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora.