Las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda han evitado, en sus primeros tres y meses y medio de funcionamiento, casi un millar de desahucios. Así lo ha anunciado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda en la imagen mostrando el cartel del Programa, durante su comparecencia parlamentaria a petición propia para hacer evaluación y valoración del funcionamiento de estas oficinas desde la fecha de su apertura, el 8 de octubre, hasta el 25 de enero. “El objetivo fundamental cuando abrimos las oficinas era que las personas que acudían a las mismas no perdieran su vivienda. Y podemos decir que lo hemos conseguido”, ha asegurado Cortés, que ha añadido que las oficinas son “un varapalo a la resignación, al discurso del 'no se puede hacer nada', una demostración de que la política sí puede cambiar las cosas si una administración se pone del lado de las víctimas, de los débiles”.

Se han abierto un total de 1.251 expedientes
Desde la puesta en marcha del programa, el pasado 8 de octubre, hasta el 25 de enero de 2013, es decir, en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, las oficinas han recibido un total de 1.832 visitas, por las que se han abierto un total de 1.251 expedientes. El resto fueron personas que se limitaron a solicitar información sobre la oficina, pero sin concretar finalmente ninguna petición, por lo que no se abrió expediente, ha explicado Cortés. Un total de 163 familias (13%) acudieron a las oficinas en la fase de prevención, 969 (77,5%) en la fase de intermediación y 119 (9,5%) en la fase de protección.

Prevención

La atención en fase de prevención, que se presta cuando las familias aún no han entrado en morosidad con la entidad financiera, fue solicitada por familias que acuden a las oficinas para informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. “Son en muchos casos personas que, antes de firmar, quieren saber, familias con la lección de la crisis bien aprendida”, ha señalado Cortés, que ha destacado que estas 163 familias han recibido “información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda”.

"Dos valiosas conclusiones"
Cortés ha afirmado que la atención en la fase de prevención arroja “dos valiosas conclusiones”. “La primera, que cuanta más información tiene el ciudadano, más fuerte se siente, más capaz, más convencido de hacer valer y defender sus derechos; la segunda, y esto lo sabemos por los contratos que algunos nos traen, es que pese a la tragedia social que estamos viviendo, aún hay cláusulas abusivas”, ha afirmado la consejera, que ha afirmado que “las estafas de hoy pueden ser los desahucios de mañana”. Y ha añadido: “Es urgente un desarrollo legislativo que ponga freno ya a estos desmanes. En Andalucía ya estamos en ello, con la Ley de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios que prepara el Gobierno autonómico. Es necesario también un marco estatal garantista”.

Intermediación
La segunda fase de atención, la intermediación, es la más demandada, y está destinada a quienes han entrado ya en morosidad, encontrándose ya en riesgo de desahucio. En esta fase las oficinas atendieron entre el 8 de octubre y el 25 de enero a un total de 969 familias, el 77,5% del total, que acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios.

"Hemos resuelto ya favorablemente 554 expedientes"
“De esas 969 familias, hemos resuelto ya favorablemente 554 expedientes”, ha anunciado Cortés. “Esto no significa en modo alguno que los restantes 415 expedientes se hayan resuelto desfavorablemente, sino que continúan abiertos, y todos ellos con expectativas de resolución favorable y sin que las familias pierdan sus viviendas”, ha añadido. La consejera de Fomento y Vivienda ha destacado que “todas estas familias continúan en el pleno ejercicio del derecho a la vivienda, con lo que el objetivo de las oficinas se cumple”. “La Consejería ha mediado para evitar casi un millar de desahucios en sus primeros tres meses y medio”, ha destacado la consejera. “Son casi mil familias que, de no haber acudido a las oficinas, hoy podrían estar desahuciadas”, ha añadido Cortés.

Soluciones para las familias
De las 554 familias que han acudido a las oficinas una vez detectado el riesgo de ver lesionado su derecho a la vivienda y han encontrado una solución, 316 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso de desahucio, cuando el lanzamiento aún no es inminente. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita. En todos los casos estos puntos de atención han comprobado, contactando con las entidades financieras, si se vulneraba el derecho a la vivienda, lo que ha permitido evitar en una fase temprana que las familias perdieran su hogar, ha explicado la consejera.

Resto de expedientes resueltos
El resto de expedientes resueltos favorablemente, hasta llegar a los 554, lo han sido mediante negociación con la entidad financiera, con un total de 238 casos, entre ellos 98 resoluciones mediante envíos de escritos a los juzgados, 83 negociaciones de condiciones de préstamo, 32 daciones en pago, 7 acuerdos de alquiler social, así como otras fórmulas de negociación y apoyo en la realización de trámites.

Protección

Un total de 119 familias (9,5%) se dirigieron a las oficinas bien con el desahucio ya ordenado, bien una vez perdida su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. Las oficinas han constatado que los afectados ya desahuciados que acuden en la fase de protección han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el plano social.

"Falta grave de responsabilidad"
Cortés ha destacado que es fundamental la conformación de un “amplio bloque político y social contra los desahucios en Andalucía”. En este sentido, ha recordado que la Consejería firmó en septiembre un acuerdo marco con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias al que posteriormente se han sumado la Diputación de Huelva y un total de 27 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. “Todos los recursos disponibles por las administraciones, todos, deben estar al servicio de estas familias en grave riesgo de exclusión social. Lo contrario es una falta grave de responsabilidad”, ha señalado Cortés, que ha instado al Gobierno central a “estar a la altura” y que responda a la petición de la Consejería de gestionar directamente las viviendas entregadas al SAREB, el conocido con “banco malo”, con domicilio en Andalucía, para destinarlas al alquiler social y supervisar desde lo público la adjudicación de las mismas. “También es urgente”, ha subrayado, “que el Gobierno central responda a nuestra reclamación de ampliar el convenio del Fondo Social de Viviendas a las administraciones con competencia en esta materia -comunidades autónomas- excluidas de la firma, y que nos indiquen qué casas con domicilio en Andalucía han sido incluidas y de qué entidades de crédito, con el fin de que la adjudicación para el alquiler se haga desde lo público, con transparencia, y no con los criterios de las entidades de crédito que siguen desahuciando”.

ILP y manifestación del 16 de febrero

La consejera de Fomento y Vivienda ha destacado que los buenos resultados de las oficinas “responden en gran medida” a que su puesta en funcionamiento fue posterior a una ronda de contactos “con aquellos que saben, los afectados por el problema y los colectivos en defensa del derecho a la vivienda”. Cortés ha solicitado al Gobierno que haga lo mismo y escuche a la calle, y concretamente ha expresado su “total apoyo” a la Iniciativa Legislativa Popular “presentada por diversas plataformas y colectivos sociales para reformar la injusta y desequilibrada legislación española sobre desahucios”.

Avalada por 750.000 firmas
“Esta ILP llega al Congreso avalada por 750.000 firmas, entre ellas la mía”, ha señalado la consejera, que ha recordado que la iniciativa recoge medidas “tan justas como urgentes”.

El martes se decide su admisión a trámite
El Congreso decide el martes sobre su admisión a trámite. “No será un día cualquiera. Es un día en que los diputados y diputadas del Congreso deben decidir claramente de qué lado están, a quién representan”, ha añadido Cortés. Por último, la consejera ha mostrado también su apoyo a la “movilización del 16 de febrero en defensa de una vivienda digna y adecuada, un derecho estatutario y constitucional, un derecho humano que en España es sistemáticamente pisoteado”.