Aunque hasta ahora se ha negado, para el Partido Popular será cada día más difícil permitir a su diputada por Cádiz que siga conservando el escaño. El Tribunal Supremo ha citado el día 22 a la diputada y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, en calidad de investigada --figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim-, para interrogarla por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El instructor de la causa es el magistrado Antonio del Moral. Dado que el resto de personas no aforadas en el caso están ya camino del banquillo de los acusados, lo más probable es que suceda lo mismo con la exalcaldesa de Jerez, cuyos dos antecesores en el cargo, el andalucista Pedro Pacheco y la socialista Pilar Sánchez, cumplen condena de prisión. El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros. EL CASO DE CHAVES Y GRIÑÁN García Pelayo concurría como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba. La decisión de partido de incluirla en las listas electorales en un puesto de elección segura fue duramente criticada por la oposición, y muy especialmente por el Partido Socialista, cuyos expresidentes y parlamentarios Manuel Chaves y José Antonio Griñán dimitieron de sus cargos tras su imputación por el Supremo. El PP era el partido que con más ahínco solicitaba una medicina que ahora se resiste a recetar a Pelayo. La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones. El Supremo mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza. TRAMPAS EN LA CONTRATACIÓN El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello. "Sería la propia imputada --señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil--, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos. Concluía que la valoración jurídica de los "hechos posibles" atribuidos a la aforada son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público.