Por delitos no muy distintos y prácticas administrativas bastante parecidas hay alcaldes que no solo han sido condenados, sino que ya están en la cárcel. En el pasado no solía ocurrir, pero el pasado ha pasado. Al menos en algunas cosas. El exalcalde andalucista de Jerez Pedro Pacheco, hoy en prisión, lo sabe bien. Y su sucesora socialista Pilar Sánchez puede saberlo también muy pronto. Y lo mismo puede ocurrirles a la alcaldesa popular de Rota, Eva Corrales, y a su antecesor Lorenzo Sánchez, que hoy se sientan en el banquillo. Pese al procesamiento, el Partido Popular no ha tomado medidas contra Corrales, que intentará repetir mandato el 24 de mayo. El PP la confirmó como candidata a la alcaldía de Rota el pasado 27 de diciembre, aunque en esa fecha ya era pública su imputación. La dirección provincial del PP de Cádiz acusó al PSOE de “intentar confundir a la opinión pública” por sus críticas al hecho de que el partido mantuviera a Corrales. A solo dos meses de las elecciones municipales, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz acoge este lunes y el martes el juicio por el conocido como 'caso Horas Extra', que sentará en el banquillo de los acusados a la alcaldesa de Rota (Cádiz), Eva Corrales (PP), al exalcalde y actual primer teniente de alcalde de Roteños Unidos (RRUU), Lorenzo Sánchez, al exedil del PP Ismael Puyana y a otras seis personas más, entre técnicos y funcionarios municipales y la mujer de uno de ellos. Aunque la alcaldesa resultara inhabilitada en una virtual condena, podría mantenerse en la carrera electoral dado que la sentencia no sería firme y con toda seguridad Corrales recurriría. El 'caso Horas Extra' trata sobre la presunta adjudicación irregular de contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento de Rota y a su esposa entre 2004 y 2010 para la elaboración de trabajos de bordado para las bandas de Sirenas, Ninfas de Carnaval y Damas de las Fiestas Patronales, así como otros elementos ornamentales como peones, dalmáticas y los trajes de los maceros. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la actual alcaldesa ostentaba en la fecha investigada los cargos de delegada de Fiestas y de Relaciones Institucionales, siendo alcalde en aquella época Lorenzo Sánchez. CUATRO AÑOS DE CÁRCEL Para Corrales solicita cuatro años y ocho meses de cárcel y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el ámbito municipal, al considerarla responsable de un delito de prevaricación continuada y de otro delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a Sánchez, la Fiscalía considera que es responsable de un delito de prevaricación continuada, por lo que solicita ocho años y seis meses de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal. También pide cuatro años y medio de cárcel y diez de inhabilitación para Puyana, que fue delegado de Fiestas y de Personal en el momento de los hechos. Para el funcionario que se habría beneficiado de las contrataciones irregulares pide dos años de cárcel y seis de inhabilitación, y seis años de inhabilitación para su esposa, que es, junto a Lorenzo Sánchez, para la única que no solicita pena de prisión. Para el resto de acusados, entre los que se encuentra el interventor accidental del Ayuntamiento de Rota en aquella época, solicita penas de inhabilitación y cuatro años y medio de cárcel. 'MANIFIESTA Y GROSERA' BURLA DE LA LEY Según el escrito de acusación, ante la necesidad de adquirir por la Delegación de Fiestas una serie de suministros --bandas para las fiestas populares y otros de esa índole--, Corrales y un técnico adjudicaron al funcionario y a su mujer los contratos "con manifiesto y grosero incumplimiento" de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en aquel momento, siendo "conscientes de las prohibiciones de contratar que les afectaban al ser funcionario de dicho ayuntamiento uno y consorte de funcionario el otro". "Con el fin de ocultar la adjudicación", se acordó que se emitirían las facturas a nombre de la mujer del funcionario. Los trabajos eran realizados fuera del horario laboral de éste en un taller de costura que tenían montado ambos en su domicilio. Así, entre enero de 2004 y septiembre de 2006 se emitieron facturas por un montante total de 7.867 euros. El abono de las facturas se realizaba, presuntamente, mediante cheques que eran firmados por el entonces alcalde, Lorenzo Sánchez, "a pesar de tener conocimiento de que dichos trabajos como contratos menores no se podían adjudicar a un funcionario de la misma Corporación ni a su esposa". TÉCNICAS DE OCULTACIÓN Según la Fiscalía, a partir de 2007, Corrales decidió junto a un funcionario también imputado, y "prescindiendo de las normas más elementales del procedimiento de contrataciones públicas", que en lugar de convocar el correspondiente concurso al que el otro funcionario y su esposa no podrían concurrir, "los futuros suministros que hiciesen falta en las delegaciones de Fiestas y Relaciones Institucionales" se les siguieran encargando a ellos. Esto "se encubriría" mediante su encargo "bajo la fórmula de supuestas gratificaciones por servicios extraordinarios", y todo ello con el visto bueno del interventor municipal. Así, "se fingió la realización de horas extraordinarias" mediante partes que "dieron cobertura a una contratación ilegal". Para evitar que saliesen horas de gratificaciones extraordinarias "alarmantes" a pagar en un solo mes se decidió el fraccionamiento de los pagos. Recalca la Fiscalía que los partes de gratificaciones extraordinarias y los decretos de pago a que dieron lugar fueron "creados 'ad hoc' para dar apariencia de legalidad a una contratación improcedente y ocultar dicha ilegalidad". De esta manera, durante el periodo comprendido entre enero de 2007 y agosto de 2010, le habrían sido adjudicado suministros por un valor de 43.363 euros, que se habrían abonado en la nómina del funcionario como gratificaciones extraordinarias, alcanzando las 4.398 horas. Estas gratificaciones eran abonadas "incluso en los periodos vacacionales" y, entre otras cuestiones, resalta que "no había manera objetiva de controlar las horas que efectivamente desempeñaba para la realización de dichos suministros, al ser trabajos realizados en su domicilio sin ningún tipo de posibilidad de comprobarlo".