Izquierda Unida de Andalucía cree disponer de indicios suficientes para armar una denuncia formal por apropiación indebida contra la empresa privada Clínicas Pascual, concesionaria de servicios sanitarios y hospitalarios de la Junta de Andalucía en Cádiz y Huelva que dan cobertura a 260.000 usuarios.

A partir de un informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, el gabinete jurídico de la federación que dirige Antonio Maíllo pondrá de forma inminente en conocimiento de la Fiscalía  que Clínicas Pascual podría haber obtenido un “beneficio ilícito” de 164 millones de euros, favorecido a su vez por la “inacción de la Junta de Andalucía”.

El informe

El citado informe del organismo de Defensa de la Competencia alude a dos sanciones a la empresa por 5,33 millones de euros por "conductas anticompetitivas", al haber aplicado durante tres años y medio "precios abusivos" por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud en las provincias de Cádiz y Huelva. De esa información, entiende IU, podría derivarse la comisión de un delito de apropiación indebida, y de ahí su petición a la Fiscalía de que investigue la denuncia.

El caso fue desvelado por Maíllo en la última sesión de control a la presidenta Susana Díaz en el Parlamento, donde el líder de IU denunció que con ese beneficio supuestamente ilícito de Clínicas Pascual se podrían haber construido tres hospitales, al tiempo que reprochó a Díaz que la Junta hubiera renovado el concierto con dicha empresa.

Desavenencias judiciales

Aun así, la propia Junta ha tenido importantes desavenencias con Clínicas Pascual que han debido dirimir los tribunales. La última se solventó en diciembre pasado en el Tribunal Supremo, que rebajó de 2,3 a 1,3 millones la indemnización que, según una sentencia anterior del TSJA, la Junta debía abonar a Pascual por la modificación del contrato de concierto para asistencia en los hospitales Blanca Paloma (Huelva), San Rafael (Cádiz) y FAC Dr. Pascual (Málaga).

Para modificar el contrato, el Gobierno andaluz había alegado causa de "fuerza mayor" como consecuencia del recrudecimiento de la crisis económica, que obligó a suprimir servicios que, efectivamente, Pascual no prestó (o cuya prestación, al menos, no costó los 2,3 millones de euros que pretendía cobrarle a la Junta).