El caso Mercasevilla fue un bluf. El caso Lopera fue otro bluf. Y la pieza política de la formación, lo mismo. Todos ellos fueron instruidos por la juez Mercedes Alaya, cuyo olfato para detectar conspiraciones delictivas no corre parejo con su talento para demostrarlas.
Mercasevilla y Lopera acabaron en absolución y la formación se desinfló al dispersarse la investigación –que Alaya quiso acaparar– en diferentes juzgados andaluces con titulares cuyo olfato para los complós criminales estaba al parecer algo averiado.
Ahora, uno de los absueltos de Mercasevilla, el ex teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), reclama al Ministerio de Justicia que haga justicia: pide una indemnización de 73.500 euros por la “pena de banquillo” sufrida por la “dilación debida” de la instrucción
En los tres casos, diferentes personas fueron detenidas en su propia casa o conducidas al banquillo después de años de instrucción judicial retransmitida en vivo y en directo durante los cuales fueron públicamente señaladas como culpables.
En nuestro tiempo, imputado judicial equivale a condenado social. Y no solo social, equivale a condenado social, institucional, familiar… Y si encima el pobre tiene la desgracia de dedicarse a la política, todavía peor: ni siquiera hace falta que lo imputen para ser quemado en la plaza pública.
Una instrucción judicial retransmitida en directo no es solo una instrucción: es un juicio sumarísimo en el que es imposible defenderse y cuyos letales efectos sobre el investigado jamás logrará borrar una sentencia absolutoria. A fin de cuentas, la instrucción puede durar años y la absolución es cosa de un día.
Jueces, fiscales, políticos, periodistas… Deberíamos hacer algo al respecto, pero no sabemos qué. Todos sabemos que es injusto pero no sabemos cómo evitar que se repita. Una pregunta: ¿no tendremos también todos nosotros algo de bluf?
