Uno de los reproches que con mayor severidad y contundencia formula el instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, a los altos cargos del Gobierno andaluz aforados en el caso de los ERE es el de haber “inducido a error” al Parlamento al no facilitarle toda la información sobre el programa presupuestario con que el se pagaban las ayudas sociolaborales. Es también la tesis sostenida por la juez Mercedes Alaya, basándose a su vez en el informe pericial realizado por miembros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Fuentes de la defensa de algunos imputados consideran infundados tales reproches y apelan en su descargo a las propias Leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento, donde en su opinión se contiene de forma “suficiente y clara” toda la información relativa al programa presupuestario 31L. LO QUE DICE EL JUEZ BARREIRO ¿Qué dice el Supremo y qué dicen las leyes presupuestarias? Veámoslo. Alberto Jorge Barreiro incluye en la exposición razonada que ha elevado a la Sala de lo Penal del Supremo tres imputaciones: dos muy concretas y otra más genérica. La primera dice así: “El Parlamento fue inducido a error, al no contar con una información y unos datos clarificadores de la mutación sustancial que se estaba operando sobre el concepto de la figura de la ‘transferencia de financiación’, que se había reconvertido de hecho en un instrumento de concesión de subvenciones con el fin de eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos para éstas”. El segundo reproche es este: “La inducción a error al Parlamento se infiere, en primer lugar, de que, tal como ya se ha señalado, el presupuesto de IFA-IDEA había sido fraudulentamente elaborado, al hacer constar en él unos gastos de explotación claramente ficticios, ya que bajo tal concepto se ocultaban las sumas que estaban destinadas a conceder subvenciones a terceros”. Finalmente, en su página 121, el instructor termina su relación de censuras con esta conclusión de carácter más genérico pero no menos grave: “La redacción que se hace en la documentación anexa a las Leyes de Presupuestos, de la que se extrae por la contrapericia la ratificación del nuevo sistema, es una documentación críptica, confusa y equívoca, ya que de su contenido no puede colegirse ni siquiera qué órgano concede realmente las subvenciones: si es la Consejería de Empleo o el IFA-IDEA”. LO QUE DICEN LOS PRESUPUESTOS Sin embargo, las defensas afirman que, en su opinión, las leyes de Presupuestos que anualmente aprobaba el Parlamento sí contenían información clara y precisa al respecto. Y exhiben, por ejemplo, la Ley de Presupuestos de 2006, en cuya Memoria –páginas 169 y siguientes– se dice, dentro del epígrafe ‘Descripción de los programas presupuestarios’, lo siguiente al referirse a la partida 31L, que administraba la dirección General de empleo y con la cual se pagaban los ERE: “Objetivos generales del programa y líneas de trabajo. Mantenimiento del empleo y tejido productivo andaluz.
Cubrir las necesidades comprometidas asumidas por expedientes de regulación de empleo, ayudas a prejubilaciones, proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas e incentivar la consolidación económica en aquellas empresas con dificultades de mantenimiento del empleo. Esta Dirección General [de Empleo] instrumenta la materialización de las ayudas a través de un convenio con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y de su dotación anual específica de contribución a pólizas de prejubilaciones de Santana Motor y Faja Pirítica de Huelva, no incluyéndose entre las dotaciones las que correspondan a Astilleros Españoles y su industria auxiliar, ni a la derivada de la liberalización del sector textil”. Las fuentes consultadas entienden que con esos datos contenidos en la Memoria de la Ley de Presupuestos cualquier diputado de la oposición tenía una base suficiente para conocer las líneas básicas y el objetivo del programa o, en todo caso, para ampliar discrecionalmente la información en cualquier sentido que estimara conveniente. ‘UN DEBATE ROCAMBOLESCO’ En opinión de uno de los imputados en la causa, experto en política presupuestaria, “todo el debate es sencillamente rocambolesco, se basa en una discusión teórica sobre lo que se puede o no se puede hacer con una aplicación presupuestaria a partir de una interpretación que choca frontalmente con lo que sistemáticamente ha aprobado el Parlamento”. Sobre la utilización de las transferencias de financiación la misma fuente se pregunta “como es posible que una mera cuestión de controversia administrativa y contable, desconocida e intrascendente para la mayoría de los gestores, incluida la Consejería de Hacienda, y perfectamente conocida y debatida por los órganos de control, integrados por funcionarios, sobre una política claramente pública y conocida, pueda ser una conspiración”.