Junta, CGPJ y FAMP han firmado un convenio que reduce el daño que las ejecuciones hipotecarias de viviendas provocan en miles de familias. El Gobierno andaluz ha destacado este "importante avance" en la lucha contra los desahucios que supondrá el convenio suscrito hoy por la Junta, el CGPJ y la FAMP, y se ha mostrado convencido de que permitirá ser "más efectivos" tras los "palos en la rueda" que cree que ha puesto el Gobierno del PP. Según dicho convenio, los jueces que detecten riego de exclusión social para las personas más vulnerables en ejecuciones hipotecarias o desahucios podrán suspender el alzamiento de conformidad con las leyes procesales, y los servicios sociales autonómicos y municipales tener acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable.


Actuar con antelación
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha detallado en conferencia de prensa que el convenio entrará en vigor mañana y que tendrá una duración de un año, aunque prorrogable de común acuerdo de las partes. "Es el convenio más amplio de los suscritos con otras comunidades", ha resaltado Vázquez, que ha incidido en que permitirá actuar "con antelación" para evitar que familias en riesgo de exclusión "se puedan ver abocadas a encontrarse sin su proyecto de vida".

Palos en la rueda del PP
Ha destacado que este acuerdo permitirá abordar de manera coordinada este drama social y, en su caso, los servicios sociales comunitarios y de la Junta "podrán actuar con tiempo para buscar una solución". El portavoz ha recalcado que la acción de la Junta podría haber sido aún "más contundente" si el PP "no hubiera puesto palos en la rueda, a través del recurso que presento el Gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley de la Función Social de la Vivienda.

Atendidas 10.000 personas afectadas por desahucios
"Aún así, se están consiguiendo frenar los desahucios de manera concreta y efectiva", ha asegurado Vázquez, que ha apostillado que la Junta ha puesto sobre la mesa "todo lo que ha podido dentro del marco de la ley" y más de 10.000 personas afectadas por desahucios han sido atendidas. Ha recordado que la Junta sigue "avanzando en producción legislativa" y ha puesto como ejemplo el proyecto de Ley de Tanteo y Retracto, que según ha asegurado está "a punto" de llegar al Parlamento, así como el proyecto de ley de protección de los consumidores ante el mercado hipotecario, que ya se debate en la Cámara, a lo que ha sumado el nuevo Plan de Vivienda.

Compromiso firme
"Es un abanico de posibilidades al que se une este convenio, que nos permitirá ser aún más efectivo en la lucha contra este drama", ha insistido el portavoz, que ha reiterado sus críticas a los "vetos" que ha puesto el Gobierno de la nación. "Somos inconformistas y hemos seguido legislando", ha insistido el portavoz, que ha resaltado que la Junta está trabajando también en un plan integral de lucha contra los desahucios, con seis áreas de actuación. Por ello, ha subrayado que el "compromiso" del Gobierno andaluz en este ámbito es "firme" como "demuestran los hechos".

Suspender el alzamiento
Según el convenio suscrito hoy, cuando un juez detecte situaciones de riesgo lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el alzamiento, de conformidad con las leyes procesales. El convenio incluye un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones.

La primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales, pero se adoptarán además otras para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.