Garcia Pelayo, ex alcaldesa de Jerez y senadora, fue blindada recientemente por el PP nombrándola miembro de la Diputación Permanente de las Cortes. De esta manera mantiene su aforamiento tras la disolución de las cámaras



Lo adelantaba ayer ELPLURAL.COM. La ex alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo estaba a punto de ser encausada por supuestas contrataciones irregulares con empresas de la trama Gürtel. Explicábamos como el PP había quitado de la Diputación Permanentemente a Rita Barberá, nombrada tan solo hace un mes, y la había sustituido "casualmente" por García Pelayo. Obviamente es una triquiñuela legal para blindarla y que continúe aforada tras la disolución de las cámaras.

'Olfato' del PP al blindarla
Hoy se ha conocido que el Supremo ha abierto una causa para investigar si la ahora senadora del PP cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la red de Francisco Correa de eventos de Fitur 2004. El PP ha mostrado con el blindaje de la ex alcaldesa que posee un gran olfato judicial o maneja de buena información

Pedir suplicatorio
En su auto de hoy la Sala de lo Penal del Supremo reconoce "la trascendencia de los indicios" que existen para implicar a García Pelayo. La decisión del Supremo supone que se abrirá una causa para decidir si se pide o no el suplicatorio contra García Pelayo quien, por ahora, probablemente declarará de manera voluntaria como imputada. El fiscal del Supremo pidió el pasado martes al tribunal que investigara los indicios de irregularidades en las citadas adjudicaciones y la posible implicación de la exalcaldesa de Jerez en ellas.

No a un sumario general eterno
La Sala acepta la causa pero se pronuncia en contra de "los llamados macroprocesos" y, por tanto, renuncia a abrir un sumario general sobre el caso Fitur 2004. De este modo, limita la investigación a la senadora, sin querer hacerse cargo de la implicación en el caso de otras personas vinculadas a la trama Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevó una exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo de esta parte de la investigación, al ostentar García Pelayo actualmente la condición de aforada.

Prevaricación continuada
El juez apuntaba que García Pelayo podría haber cometido un delito de prevaricación continuada, ante la aparición de indicios "groseras irregularidades" en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004. Los expedientes presuntamente tramitados de forma irregular fueron el relativo a la adjudicación del stand de Fitur 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital.

Arbitrariedad "patente y grosera"
Para el juez "todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso". De la Mata defendía que se imputara en el Supremo, además a García Pelayo, a otros siete implicados, entre ellos el líder de la trama Francisco Correa y el político popular Pablo Crespo, pero el Supremo, de acuerdo con el criterio del fiscal, le devuelve esa parte del caso al juez de la Audiencia Nacional. Aún así, el alto tribunal alaba la "detallada y bien articulada" exposición realizada por De la Mata. Además, apunta que las adjudicaciones se podrían haber hecho sin tener la competencia para ello y en virtud de acuerdos pactados con terceros y con simulación.

Aviso de a lentitud de los macroprocesos
La Sala explica que limita su investigación a la senadora porque son lamentables esos "macroprocesos" basados en "la voracidad oficiosa de algunas instrucciones que recuerdan la implicación arrastrante de los ramos de cerezas". En el presente caso, el auto recuerda que el delito de prevaricación que se atribuye a la aforada es un delito especial propio cuya imputación difiere de lo que se pueda imputar a los no aforados. Y respecto al otro delito, el de falsedad, también se puede investigar por separado.