¿Conspiración para enriquecer a empresas cercanas al Partido Socialista con el fin de engrasar la maquinaria electoral en su favor o descomunal chapuza materializada en una absoluta falta de control del destino que los beneficiarios de los cursos daban al dinero público que tan generosamente recibían? El fraude de los cursos de formación no tiene un único instructor judicial ni tampoco un único cuerpo de investigadores. Varios juzgados andaluces llevan meses trabajando en ello, con en auxilio investigador de la Guardia Civil (UCO) en unos casos y de la Policía Nacional (UDEF) en otros. Son, por lo demás, conocidos los piques entre ambos cuerpos. Mientras los agentes del primer cuerpo parecen más cercanos a la tesis de la conspiración política los del segundo podrían, sin descartar nada, inclinarse más hacia la teoría de la chapuza. Los agentes de la Policía Nacional adscritos a la sección de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigan el presunto fraude en las subvenciones de los cursos de formación a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, siguen manteniendo que se ha producido una "absoluta falta de control y seguimiento" tanto en la selección de los beneficiarios como sobre las ayudas concedidas. Queda por determinar, en cambio, si esa falta de control era delito, y muy en particular si ese delito es la prevaricación, lo que significaría que los responsables políticos de la Junta habrían tomado la decisión de no controlar los cursos para así favorecer, como sospecha la juez Mercedes Alaya, la creación de una "red clientelar" que, como en el caso de los ERE, contribuyera a las victorias electorales del Partido Socialista. ¿HUBO CONNIVENCIA? Falta de control es lo que ha sostenido la UDEF desde el inicio de la investigación en sus primeros informes y también lo reiteran los investigadores en los últimos, como el documento emitido el pasado mes de enero, incluido en el sumario de la causa, que lleva el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, el cual empezará a tomar declaración a los detenidos y testigos de las primeras empresas investigadas el próximo día 17 de abril. Tras esas diligencias y en función de las medidas que adopte en relación a los detenidos, podrá comprobarse si el instructor malagueño comparte la tesis de la conspiración política para delinquir que viene sosteniendo Alaya, que también instruye parte de la causa del fraude de la formación. Dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, fue encargado por el juzgado para saber "a través de datos objetivos constatables" si ha existido algún tipo de connivencia entre los funcionarios y responsables de la Dirección Provincial del SAE en Málaga y esas 17 sociedades beneficiarias de la resolución del 15 de diciembre de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación. Según la investigación, se ha producido esa "absoluta falta" de inspección y seguimiento posterior "por parte de los técnicos" responsables, ya que en la totalidad de los expedientes analizados de dicha resolución de ayudas se han detectado dos apartados, uno en relación con la documentación requerida para la selección de las empresas y otro sobre evaluación de seguimiento, "que se encuentra en todos los casos sin contenido alguno". Así, se señala que no existen "ni los documentos que deberían haber aportado la empresa en su caso ni aquellos que deberían haber emitido los técnicos en virtud de sus actuaciones de supervisión y control". Además, se alude a que esa situación también "fue constatada por los alumnos, tutores y los propios empresarios detenidos" en sus declaraciones ante los investigadores. CONTESTACIONES INCIERTAS Asimismo, se informa al juzgado de que, sobre las posibles baremaciones o determinaciones por parte del SAE de algún tipo de criterio objetivo de discriminación entre las solicitudes recibidas para dar las subvenciones, a lo largo de estos meses se han remitido diversas solicitudes a la Consejería de Educación de Málaga mediante oficios policiales siendo las contestaciones "inciertas o faltas de concreción". Según los investigadores, "no se ha podido constatar una prueba directa de dicha connivencia" entre funcionarios y responsables y los beneficiarios, ya que son hechos sucedidos entre 2010 y 2012, "si bien existe una serie de indicios que hacen pensar que la misma pudiera haber existido", analizando en el informe una por una cada empresa en lo que se refiere a la documentación existente y a las declaraciones de sus empresarios y de alumnos y tutores. UNA CASUÍSTICA DISPAR Así, en un caso se ha interpuesto a personas para "ocultar" el nombre del verdadero responsable de la empresa, con vinculaciones en el momento de la detención, según el informe, con la Consejería de Educación; mientras que en otro existen, supuestamente, irregularidades en los partes de firmas del curso "sin que figure ninguna apreciación ni indicación por parte del técnico responsable" del mismo. En otro caso, no se llegó a realizar el curso y, aunque en 2013 el empresario informó a una de las funcionarias de la Junta --que ha sido investigada-- de que no se había hecho, solicitando procedimiento para devolver el dinero, "no lo ha devuelto y nadie se lo ha solicitado", al menos en el momento que declaró. En otros cursos, los alumnos presentaron quejas en la administración regional que "no obtuvieron respuesta". Otro empresario, que había estado vinculado al PSOE de la provincia de Málaga, según los investigadores, y que fue detenido por esta operación, "reconoce abiertamente que miembros del partido, entre ellos Juan Carlos Lomeña como delegado provincial de Empleo --en ese momento--, le indicaron que lo de los cursos subvencionados era para ganar mucho dinero", apuntando que tenía relaciones de amistad con otros funcionarios. Aparte de esta convocatoria de subvenciones, los miembros de la UDEF ampliaron su investigación a la convocatoria de 4 de noviembre de 2010, encontrando "ciertas irregularidades" en 10 de las 32 empresas subvencionadas. En relación con esta resolución de ayudas también se produjeron detenciones en la provincia de Málaga. Esas irregularidades serían, según los investigadores, desde "no encontrarse de alta en la Seguridad Social al momento de la percepción de la subvención" y la falta de formación por parte de los tutores hasta la "ausencia de contratación posterior al curso". Así, destacan que una de las empresas permaneció dada de alta dos meses y se dio de baja "antes de poder cobrar la subvención, que finalmente cobró". La Intervención de la Junta ha elaborado un documento con un muestreo de empresas perceptoras de subvenciones, en el que se alude a una supuesta falta de cumplimiento; pero los investigadores han instado a que se pida a dicho organismo que realice un informe fiscalizador, pero de las sociedades investigadas en ambas convocatorias de subvenciones, según han manifestado a Europa Press fuentes de la investigación. En el sumario, constan también otros informes sobre las cantidades retenidas por la administración y de las liquidadas percibidas por las empresas beneficiadas de las subvenciones, documentos que se han ido actualizando, ya que conforme ha ido pasando el tiempo desde la fecha que se entregaron los expedientes administrativos a la Policía "la Administración ha tratado de agilizar la resolución de los expedientes investigados".