Según publica hoy el Diario de Cádiz, la fiscalía hace estas peticiones en un escrito de calificaciones provisionales en el que considera de "especial gravedad" el delito de malversaciones de caudales públicos que imputa a los exdelegados de la Zona Franca de Cádiz, ambos nombrados por el gobierno del PP.

No ha sorprendido
La acusación del fiscal de, entre otros, un delito de malversaciones de caudales públicos a Manuel Rodríguez de Castro, que fuera delegado de la Zona Franca entre 1996 y 2001, no ha sorprendido ya que el juez de instrucción número 4 de Cádiz, en el auto en el que dio por finalizada la instrucción del caso, ya apuntaba a la supuesta comisión del delito.

Más alla de las consideraciones del juez
Sin embargo la acusación del fiscal de este mismo delito a Miguel Osuna, que sucediera en el cargo a Rodríguez de Castro, va más allá de las consideraciones que el juez instructor plasmó en aquel auto, en el que sólo le acusaba de no perseguir las supuestas irregularidades cometidas por su antecesor. En aquel auto, con el que en el verano del 2010 se daba por finalizada la instrucción del caso, el juez relataba que a finales del año 2000 Manuel Rodríguez de Castro, consciente de su inminente salida del cargo, diseñó una "estrategia" para incrementar su patrimonio.

Creación de un portal de comercio
Para ello se concertó con los empresarios Germán y Carmen Leyva, también imputados en la causa, y adjudicó a una empresa creada al afecto por este matrimonio y radicada en Miami la creación del portal de comercio electrónico Rilco, por el que cobró a la Zona Franca 6,7 millones de euros.

Copiado de otro
Las acusaciones del caso, en el que está personado el PSOE, sostienen que el montaje de este portal no costaba ni de lejos esa cantidad e incluso el juez recuerda en el auto que hubo personal que advirtió a Miguel Osuna de que la empresa del matrimonio estaba cobrando por un programa informático copiado de otro que era de acceso libre en Internet.