La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias informativas tras la petición del Defensor del Pueblo Andaluz para que intervenga a fin de “frenar las prácticas abusivas de las empresas de cobro de morosos”, según ha informado la oficina del Defensor.

Quejas ciudadanas
En el escrito remitido por el Defensor del Pueblo andaluz al fiscal del TSJA, Chamizo indica que esta institución “viene recibiendo cada vez con más frecuencias quejas ciudadanas denunciando la actuación de determinadas empresas de cobros de morosos cuyas prácticas parecen superar los límites de lo aceptable rayando en algunos casos en lo que podrían considerarse comportamientos delictivos”.

Notorio endurecimiento de las prácticas de estas empresas
Ha recordado que, cuando la situación de morosidad se prolonga en el tiempo, “suele ser frecuente que las empresas acreedoras encomienden la gestión de los cobros a empresas dedicadas específicamente a esta actividad, que han proliferado enormemente con la presente crisis”. Aunque su actividad es legal, “últimamente, quizás por la mayor competencia entre estas empresas o por las mayores dificultades para el cobro derivadas de la dureza de la crisis, se ha producido un notorio endurecimiento en las prácticas de estas empresas que en bastantes ocasiones llegan hasta límites que pudieran considerarse como delictivos”.

Amenazas e insultos
Así, Chamizo explica en su escrito al fiscal del TSJA que “las personas nos denuncian que sufren la recepción de llamadas incesantes requiriendo el pago de las deudas, que no sólo se producen durante el día sino que, en muchos casos se extienden a la noche”. Dichas llamadas “incluyen con frecuencia todo tipo de amenazas e insultos y no toman en consideración si la persona que contesta es el deudor u otra persona distinta”.

Visitas a terceras personas
Chamizo agrega que “también han sido varios los casos en que se denuncian llamadas o visitas a terceras personas sin relación con la deuda que se pretende cobrar, especialmente vecinos y parientes del deudor, a los que se informa de las deudas existentes, vulnerando la normativa de protección de datos, y se les conmina a realizar gestiones ante su vecino o pariente para que haga efectivo el pago”.

En horario nocturno
Apunta además que “en ocasiones, estas llamadas y visitas a terceras personas se repiten una y otra vez, incluso en horario nocturno, advirtiendo que las mismas seguirán hasta tanto no se efectúe el pago de la deuda”.

Denuncias archivadas
Chamizo indica que “son bastantes los casos en que las personas promotoras de las quejas nos refieren la escasa efectividad de las denuncias presentadas, ante la dificultad probatoria que presentan estos casos, siendo frecuente que dichas denuncias queden archivadas sin que las prácticas intimidatorias cesen”.

Protección de datos
Del mismo modo, según agrega, la intervención de la Agencia de Protección de Datos “resulta de escasa eficacia, puesto que la intervención sancionadora de la misma exigiría demostrar previamente que se ha producido la puesta a disposición de terceros de los datos de carácter personal que han sido cedidos legítimamente a las empresas de cobros de morosos, algo que igualmente presenta grandes dificultades probatorias”.

Llegan a publicar incluso anuncios en prensa con los nombres de empresas
Aunque en un supuesto Código Deontológico, estas empresas de cobro afirman que actúan siempre con un estricto respeto a la legalidad vigente y a los derechos fundamentales, como la libertad y la intimidad del deudor, no es así en la práctica según los denunciantes que nos explican como incluso han llegado a publicar anuncios en prensa con su lista de morosos.

Iniciativas de afectados
Según ha podido conocer ELPLURAL.COM/Andalucía de fuentes directas, un grupo de afectados están organizándose recopilando datos de amenazas y actitudes ofensivas y que tildan de “delictivas” al efecto de promover iniciativas ante partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y de autónomos. “Tenemos suficientes datos como para promover un cambio legislativo y que se contemple sancionar determinadas prácticas ilegales", informa un afectado de Andalucía.

Investigación de oficio
Por ello, Chamizo ha decidió dirigirse a esa Fiscalía del TSJA a fin de someter a su consideración “la posibilidad de iniciar una investigación de oficio sobre las prácticas de estas empresas de cobro de morosos”.