Ha sido el escrito más directamente político de la juez instructora del caso de los ERE. Se trata de su exposición razonada al TSJA relatando los indicios contra cuatro aforados que fueron exconsejeros del Gobierno andaluz: Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio. En su argumentación ante el Alto Tribunal Mercedes Alaya incluye rotundas aseveraciones que recuerdan más a un editorial periodístico que a un texto propiamente judicial. La magistrada llega a hacer afirmaciones que parecen sacadas de un debate de parlamentarios o de tertulianos, como cuando llega a escribir: “…al tratarse siempre de subvenciones a personas o empresas con influencia en la Junta”. La utilización de un adverbio como ‘siempre’ remite mucho más a los excesos –disculpables– del lenguaje político que a la contención –inexcusable– del lenguaje judicial. ‘RÉDITOS ELECTORALES’ No es que la juez incorpore razones nuevas para apuntalar su hipótesis central de que toda la jerarquía política de la Junta implementó y consintió un procedimiento de otorgamiento de ayudas completamente ilegal, sino que da una clara vuelta de tuerca a su prosa judicial internándose peligrosamente en los territorios de la subjetividad. El texto contiene más afirmaciones en esa línea, como cuando dice que "al calor de este sistema corrupto y arbitrario" se generó "una amplia red de influencias”. O cuando asevera que el "beneficiario" del uso "absolutamente discrecional" de los fondos públicos "fue el propio partido del gobierno (PSOE), al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales". En su escrito de 73 folios ante el TSJA la instructora de la macrocausa de los ERE no detalla en qué circunscripciones o en qué convocatorias electorales concretas habría obtenido el PSOE esos “réditos políticos”. De hecho, es bien conocido que el grueso de los más de 700 millones de euros se destinó a empresas sin vinculación política alguna o ajenas a la órbita ideológica del PSOE, como Faja Pirítica de Huelva, Astilleros, Altadis, Dhul, Autopistas Aumar o Delphi. En realidad, los ERE de Santana, Delphi y la Faja Pirítica –este último gestionado y financiado conjuntamente por el Gobierno del Partido Popular y la Junta del Partido Socialista– sumaron cerca del 50% de los fondos públicos destinados a complementar las prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis. MUCHO DINERO Y POCOS VOTOS Donde habría más indicios de clientelismo político sería en las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que recibieron alrededor de 30 millones de euros, pero cuya población total no sobrepasa los 30.000 habitantes, un volumen electoralmente poco significativo en el conjunto andaluz. Mucho dinero para tan pocos votos. En en relación al ánimo de lucro, Alaya vuelve a insistir en que "el beneficio sería plural, pues en primer lugar y de manera inmediata los beneficiarios serían terceros próximos al poder político ". Al hilo de ello, y "teniendo en cuenta que los sindicatos cobraban importantes comisiones por el pago de tales subvenciones, y que en virtud de las mismas resultaron beneficiadas más de 260 empresas, con múltiples ayudas muchas de ellas, el beneficiario, de manera mediata o indirecta del uso absolutamente discrecional de los fondos públicos por parte de la Administración fue el propio partido del gobierno (PSOE), al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales", recoge Europa Press. "De ahí que se insista significativamente que el delito de prevaricación no sería el fin, sino el medio o instrumento para obtener la finalidad pretendida, la cual sería el manejo de los referidos caudales públicos a discreción, sin control legal o económico que pudiera entorpecer las decisiones políticas sobre los mismos", asevera la instructora en la exposición razonada, de 73 páginas. TODOS LO SABÍAN De otro lado, la magistrada parece implicar a todo el Consejo de Gobierno presidido por el expresidente de la Junta Manuel Chaves entre 2005 y 2007 en el conocimiento y mantenimiento del fraude, señalando que "bajo ningún concepto lógico o razonable, podría negarse a juicio de esta instructora, el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema, en primer lugar por la Consejería de Hacienda y sus responsables, entre ellos Carmen Martínez Aguayo", a quien el interventor general "remitió los expedientes relativos a las propuestas de acuerdo del Consejo de Gobierno para la aprobación de las actuaciones de control financiero permanente". "Y en segundo lugar por el propio Consejo de Gobierno presidido por Chaves, quien tras el análisis de dichos expedientes aprobó mediante sucesivos acuerdos de 19 de abril de 2005, de 29 de agosto de 2006 y de 8 de mayo de 2007, los mencionados programas a propuesta del entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán", pone de manifiesto la juez. LÓGICA JUDICIAL, LÓGICA POLÍTICA La lógica judicial exigiría que de afirmaciones tan contundentes se derivara la imputación de todos los miembros de esos Gobiernos. Otra incoherencia de la exposición razonada que vuelve a recordar el lenguaje parlamentario, donde sus protagonistas suelen hacer acusaciones de grueso calibre que luego, obviamente, no elevan a los tribunales de justicia. En esta línea, añade que "ni los responsables de la Consejería de Hacienda, ni el Consejo de Gobierno ni su presidente, a juicio de esta instructora, pueden justificar razonablemente el uso de las transferencias de financiación por IDEA --cuyo conocimiento se tenía inequívocamente-- y por el resto de las empresas públicas de la Junta, y que de forma ilegal se destinaban a la concesión y pago, al menos con la Consejería de Empleo, de subvenciones sociolaborales, de las que conocían también que se omitía la fiscalización previa por parte de la Intervención". LOS VICECONSEJEROS TAMBIÉN LO SABÍAN A su juicio, "conocían el sistema y lo mantenían cada año en el Anteproyecto-Proyecto de Ley de Presupuesto, siendo poseedores de una información de la que no disponía el Parlamento y a su vez lo alimentaban con las sucesivas modificaciones presupuestarias", punto en el que dice que, "en relación con este uso arbitrario de los fondos públicos, tampoco podría negarse el conocimiento del sistema por la Comisión General de Viceconsejeros, al frente de la cual estaba el consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías". Pero tampoco ha imputado a todos los viceconsejeros, como sería lógico al tratarse de personas que, según su relato, conocían y amparaban un procedimiento que sabían ilegal. Así lo asevera en otro párrafo: "Tanto los cargos inferiores como los superiores de esta estructura piramidal conocían y participaban en mantener o renovar cada año el sistema; es decir, no solo las autoridades que materialmente manejaban las concesiones y los fondos, amparándose en que era un hecho conocido por el Consejo de Gobierno y su presidente, sabían de la arbitrariedad del sistema, sino que de forma inversa, tanto el consejero/a de Hacienda como la Comisión General de Viceconsejeros y el Consejo de Gobierno conocían lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo y en IDEA", apostilla. MODIFICACIONES BAJO SOSPECHA Además, indica que "la arbitrariedad fluye desde arriba, desde los instrumentos esenciales del gobierno de la Administración autonómica y no se agota en el Anteproyecto o Proyecto de Ley de Presupuesto, sino que continúa con las modificaciones presupuestarias", las cuales "fueron el origen del sistema antes de ser incluidas las transferencias de financiación en el Presupuesto". Alaya afirma que este sistema provocó "una severa injusticia", ya que las ayudas sociolaborales "sin sujeción a bases reguladoras ni a requisitos o procedimiento alguno, se otorgaban en gran parte de los casos a personas o a empresas que por diferentes motivos estaban en el entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz, propiciando concesiones basadas en decisiones personales o partidistas o en el intercambio de intereses". CUIDADO CON ESCINDIR LA CAUSA A ello se suma que "al calor de este sistema corrupto y arbitrario" se generó "una amplia red de influencias que abarcaban los sindicatos, las agencias de seguros, ciertos despachos de abogados, así como ciertos personajes que se movían en diferentes sectores, propiciando todos ellos la concesión de tales ayudas pues obtenían importantes beneficios por su gestión". Por último, vuelve a argumentar su decisión de no dividir la causa en piezas separadas y señala que ello "provocaría la pérdida del enlace objetivo de los hechos y un absurdo procesal que se arrastraría durante años", alertando además del "caos procesal que se vislumbra" ante la posibilidad de que se produjeran sentencias contradictorias entre sí de enjuiciarse los hechos por separado. Para la instructora, "debemos preguntarnos si la existencia de múltiples imputados en esta causa es razón suficiente para, tras descomponer la misma, evitar una adecuada investigación de hechos tan complejos en distintos órganos jurisdiccionales de instrucción y enjuiciamiento, en los que malo es si coinciden en el tiempo y peor aún si no coinciden".