El martes pasado, mientras la presidenta Susana Díaz afirmaba ya sin ambages que el Gobierno andaluz carecía de “estabilidad”, ese mismo Gobierno cerraba discretamente uno de los principales acuerdos de toda la legislatura: el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y la Rehabilitación Sostenible de Andalucía, un documento que pretende servir como hoja de ruta para la reactivación del sector más castigado de cuantos han sufrido el embate de la crisis. Ese martes representantes de cinco consejerías socialistas (Presidencia; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Igualdad, Salud y Políticas Sociales; Educación Cultura y Deporte; y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y dos de IU (Fomento y Vivienda y Turismo y Comercio) cerraban tras un largo año de trabajo, no exento de discrepancias finalmente resueltas, un texto de 175 páginas con el 'ok' de los representantes sindicales y empresariales sentados junto a ellos en la Mesa de la Construcción Sostenible.

El texto, que aprobará hoy mismo el Consejo de Gobierno en su primera sesión de la legislatura sin miembros de Izquierda Unida, dista mucho de ser una de esas faenas de aliño para salir del paso en las sesiones más intrascendentes del Gobierno andaluz. Es un documento detallado y enjundioso, con una inversión prevista de casi 530 millones de euros, que pretende sacar del atolladero al sector de la construcción promoviendo una reconversión del mismo fundamentalmente a través de la rehabilitación y la renovación urbana. Y además es uno de esos textos que abrigan un suculento titular, ya que que convierte a Andalucía en la primera comunidad en delimitar el concepto de especulación y en obligarse a combatirla con leyes.

QUÉ ES ESPECULACIÓN SEGÚN LA LEY

El Comité Sectorial contra la Especulación de la Mesa de la Construcción, presidido por la Consejería de Fomento y Vivienda que hasta ayer dirigía la consejera Elena Cortés, de Izquierda Unda, define así la “acción especulativa”: “Aquélla que realiza una persona física o jurídica, consistente en comprar y vender (o realizar cualquier otro negocio jurídico preparatorio de los anteriores) terrenos o viviendas con el único objeto de obtener un beneficio, incrementando su precio para su posterior transmisión, sin invertir ni transformar o mejorar el bien”. Los “sujetos” de la especulación, añade el Plan, son “comprador, vendedor, entidades que financian la operación y administración pública”.

El Plan, que la semana pasada también pasó sin sobresaltos por el consejillo (reunión de viceconsejeros previa a todos los Consejos de Gobierno), también establece que “las administraciones públicas deben intervenir con decisión” contra la especulación en todos los ámbitos posibles, especificando que los instrumentos serán “leyes, reglamentos y actos administrativos”. “Es responsabilidad de todos los poderes públicos [...], a través de todos los mecanismos e instrumentos a su alcance, el velar e intentar que se cumpla de manera efectiva el acceso de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada, así como el combatir, decidida y activamente, la especulación”, añade el texto.

¿UN EDIFICIO INESTABLE?

En el entorno de Elena Cortés se considera el texto como "la concreción del enfoque sostenible de la construcción” aportado por la Consejería de Fomento y Vivienda. Pero también como “la demostración palmaria de que la supuesta inestabilidad formaba más bien parte de un discurso quimérico que de la realidad de la acción del Gobierno, capaz de alcanzar acuerdos sobre asuntos críticos en materias en las que PSOE e IU partían de posiciones discrepantes”. De igual manera se valora el consenso en torno al trabajo del Comité Sectorial para la la Rehabilitación Energética de las Edificaciones y la Rehabilitación Urbana, también presidido por Fomento y Vivienda.

“El motor de la recuperación del sector debe ser la rehabilitación, que es donde más margen de actuación hay, donde más empleo se puede generar. Ello es coherente con la realidad de la vivienda en Andalucía, con más de 700.000 viviendas vacías y un parque residencial en su mayoría construido con anterioridad a las primeras normativas de eficiencia energética”, señalan desde el entorno de Cortés siguiendo un hilo argumental no muy distinto del explicitado por la propia presidenta Susana Díaz en sus intervenciones públicas sobre esta materia.

CASI 530 MILLONES

Según informó ayer la Oficina del Portavoz de la Junta, el Plan contempla una dotación inicial de 529 millones y, entre otras medidas, apuesta por una concentración de empresas en el sector de la construcción y por reconocer la experiencia a través de certificados profesionales para los mayores de 50 años.

Otras de las medidas previstas en el Plan son la rehabilitación de los barrios obreros que se construyeron en los años 50 y 60 en la comunidad, así como de los edificios públicos de esas mismas fechas. El resto de nombres de comités sectoriales dan idea de por dónde van los tiros del Plan: Para la Competitividad de las Empresas del Sector; Para la Activación de la Demanda y el Fomento de las Inversiones; y Para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico.

¡SON LOS FONDOS EUROPEOS, ESTÚPIDO!

La efectividad del Plan dependerá de la ambición, concreción y aplicación de su desarrollo normativo. Y por supuesto de su tino a la hora de captar el mayor, casi único, maná económico del que se nutren los programas de inversión en Andalucía: los fondos europeos. Ése ha sido en realidad el secreto (a voces, porque no se han esforzado en ocultarlo) del crecimiento inversor del Gobierno andaluz (y también el estatal, que sí trata de disimularlo) en 2015: los fondos europeos. Un crecimiento especialmente potente en el caso de la Consejería de Fomento y Vivienda, que sube un 20,4 gracias a la coincidencia de sus criterios de inversión con los de la Unión Europea en su Horizonte 20/20/20.

Dicha estrategia persigue una mayor independencia energética de los países europeos y una mayor sostenibilidad de sus económicas. Para ello propone la reducción del 20% del consumo de energía primaria, la producción del 20% de energía final a partir de fuentes de energía renovables y el 20% de reducción de emisiones de CO2, todo ello en el escenario de 2020. Y financia políticas tendentes a ese objetivo. En ese sentido, cuando Fomento ha apostado de forma tan nítida por la rehabilitación de edificios y espacios públicos y por la promoción de la bicicleta lo ha hecho con una mezcla de convicción y pragmatismo, ya que Europa financia inversiones de este tipo que Andalucía no olería si el empeño inversor hubiera sido, pongamos por caso, construir nuevas viviendas y rodearlas de pesadas infraestructuras viarias en entornos insostenibles.

EL ARTÍCULO 57 ¡EXISTE!

A la espera de la concreción normativa de la iniciativa antiespeculativa, este apartado constituye la aportación más novedosa del texto. Es además totalmente coherente con el artículo 47 de la Constitución, uno de esos artículos que, arrollados desde 1978 por la imparable progresión del discurso hegemónico del desarrollismo, hoy parecen casi escritos por un izquierdista desfasado. Dice el 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

“Impedir la especulación”, nada menos. Pero desde que el legislador lo previó en 1978, es la primera vez que una Administración acota la especulación y la intenta poner contra los cuerdas, entendiendo de partida que es una práctica nociva y atentatoria contra la función social de la vivienda.

La filosofía del texto consensuado entre los diferentes departamentos de la Junta es clara: sólo acotando la economía especulativa se pueden definir medidas reales de economía productiva que permitan generar empleo de calidad y cambiar de mano las plusvalías, que hasta ahora sólo servían para enriquecer intermediarios. Poniendo freno a la especulación, estos beneficios podrán invertirse en la creación de empleo.

OBJETIVO: IMPEDIR LA ESPECULACIÓN

El Plan determina la necesidad de establecer un marco regulatorio y normativo adecuado en materia de construcción sostenible y que impida la especulación, con medidas legales específicas que contemplan, entre otras: el desarrollo de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana en todos aquellos aspectos que vienen a incidir en los objetivos y líneas de actuación descritas en el Plan; o la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la revisión de los criterios y estándares de urbanización sostenible a aplicar en nuevos desarrollos urbanísticos. También prevé la elaboración de medidas normativas de carácter específico cuyo objeto sea impedir la especulación en materia de vivienda y reforzar la eficacia en los procesos de producción de suelo y edificación, así como en los instrumentos de intervención pública en el mercado del suelo.

Un Plan progresista y cargado de posibilidades acordado por un Gobierno bicolor, pero aprobado por un Gobierno monocolor, lo que parece dar la razón a quienes sostienen que las grietas en el pacto de Gobierno se han debido mucho más a factores políticos externos al propio pacto que a diferencias internas significativas en el diseño y enfoque de políticas concretas. El extraño, el paradójico epílogo del bipartito.