El Consejo de Gobierno aprobaba el pasado martes el proyecto de ley que modificará tres artículos la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), con el fin de permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio calcula que podrían acogerse a esta medida entre 20.000 y 25.000 inmuebles, aunque la cifra podría ser mayor. No obstante, el grueso de ellas se concentran en la Axarquía malagueña y, también aunque en menor medida, en la provincia de Almería. Y una particularidad más que hace singularmente embarazosa la situación: muchos de sus propietarios son extranjeros y siempre han asegurado que las adquirieron o las construyeron de buena fe, sin conocer realmente la situación legal de la propiedad que adquirían. La movilización de esos colectivos ha podido hacer mella en la opinión pública europea, con el consiguiente perjuicio para la imagen de seguridad jurídica que ofrece Andalucía. LOS PRECEDENTES El Gobierno andaluz ya había anunciado esta modificación el año pasado. La propia presidenta andaluza defendió en 2014 en el Parlamento que el objetivo de la reforma legislativa era que esas viviendas dejaran de una vez por todas de estar “un limbo de inseguridad jurídica”. Con anterioridad, en 2012, el Ejecutivo entonces presidido por José Antonio Griñán aprobó un decreto por el que se regularizaba la situación de unas 250.000 viviendas en toda Andalucía, si bien no pudieron acogerse a la norma esas 20.000 o 25.000 viviendas, quizá más, porque se habían construido en parcelaciones de suelos no urbanizables. En estos casos la LOUA no contemplaba la prescripción de los expedientes abiertos, pero tampoco cabía la demolición, y de ahí la situación de limbo jurídico que impedía a sus propietarios acceder a servicios públicos con luz, agua o basura. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, informaba de que esta norma --que será remitida al Parlamento-- dará seguridad jurídica a titulares de viviendas localizadas en pequeñas parcelaciones sobre las que ya no se pueden ejercer acciones disciplinarias, al abrir la posibilidad de aplicarles el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO). REGULARIZAR, NO LEGALIZAR El consejero sí quiso dejar claro que no se trata ni de una "amnistía ni de una legalización". José Fiscal, al igual que sus antecesores en el cargo, opta por la palabra ‘regularización’, aunque es difícil para alguien que no sea experto en derecho administrativo o urbanístico apreciar con claridad la diferencia entre unos términos y otros. Según explicó, lo que pretende la norma es "eliminar la incertidumbre en la que se encuentran las edificaciones aisladas destinadas a uso residencial y construidas en suelos no urbanizables, que se encuentran prescritas y que se sitúan en parcelaciones urbanísticas de poca entidad o escasamente edificadas". Ha insistido en que se trata de "regularizar y no de legalizar", puesto que las edificaciones que se acojan al asimilado fuera de ordenación una vez aprobada la modificación de la LOUA siguen manteniendo su situación jurídica de construcción en suelo no urbanizable y, en consecuencia, implica únicamente su reconocimiento o tolerancia por parte de la administración. En todo caso el resultado, como tantas veces han criticado los grupos ecologistas, es que los hechos consumados obligan a cambiar las leyes porque la cifra de viviendas irregulares, sea cual fuere el grado de irregularidad, alcanza tal volumen que resulta casi imposible hacer otra cosa que regularizarlas, legalizarlas o amnistiarlas. El caso más emblemático de esa política de hechos consumados fue el de Marbella, joya de la corona del urbanismo ilegal –en el sentido más fuerte del término ilegal– y donde finalmente se legalizaron la inmensa mayoría de las viviendas, siendo muy excepcionales los casos de demolición. LOS CAMBIOS De acuerdo con los cambios introducidos ahora en la ley, las edificaciones residenciales aisladas en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística podrán regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o de especial protección y no estén afectadas por expedientes administrativos. Los propietarios podrán inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua. Asimismo, deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos. En el caso de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos, la regularización se realizará a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico. UN NUEVO CENSO MUNICIPAL Además de la modificación de los artículos, la norma establece que los ayuntamientos deberán iniciar en un plazo de dos años la redacción del avance de planeamiento, una especie de "censo" de este tipo de viviendas en sus términos municipales para que se puedan acoger a la figura de "asimilado fuera de ordenación". El consejero subrayó de que en el caso de los algún ayuntamiento no cumpla con ese cometido, será la propia consejería la que se encargue de la tarea. Otra disposición incorporada a la reforma obligará a las corporaciones a responder en un plazo máximo de dos meses a las consultas planteadas por la ciudadanía en relación al régimen urbanístico aplicable a los terrenos y edificaciones en suelo no urbanizable. José Fiscal aclaraba también que en esas edificaciones se limitan las obras autorizables y únicamente podrán realizarse las exigidas para el estricto mantenimiento de las condiciones de salubridad, seguridad y habitabilidad y, en lo que respecta a los servicios básicos, éstos habrán de satisfacerse de manera autónoma.